No era la primera vez que se incendiaba un campamento de refugiados en Europa. Pero nunca se había visto algo tan terrible: en la noche del 8 al 9 de septiembre de 2020, las llamas destruyeron el campamento de migrantes en la isla griega de Lesbos. Poco antes de que empezara el invierno, cerca de 12.000 personas se quedaron sin techo.

Se supone que algunos de los mismos migrantes provocaron el incendio, por desesperación. Ya no soportaban vivir en el "infierno”, como ellos llamaban al campamento. Las autoridades griegas no tuvieron miramientos: cuatro jóvenes migrantes fueron arrestados y cada uno de ellos fue condenado a 10 años de prisión por incendio intencional.

Al mismo tiempo, el Gobierno conservador del premier Kyriakos Mitsotakis anunciaba un nuevo comienzo en la política griega de refugiados. Campamentos sobrepoblados, como Moria, la "vergüenza de Europa”, se cerrarían, y se planificaba la construcción de nuevos centros. Pero, al principio, se estableció un campamento de emergencia en la playa de Mavrovuni, cerca de la capital de Lesbos, Mitilene. Allí, los refugiados de Moria pasarían los meses siguientes.

Pero, como dice un refrán griego, nada dura más que algo provisorio. Hasta el día de hoy, las personas migrantes siguen en el campamento de Mavrovuni. El campamento de Kara Tepe, que ofrecía condiciones de vida un poco mejores, fue cerrado en abril de 2021 por orden del Gobierno de Atenas. En lugar de este se construiría un nuevo centro cerrado para varios miles de personas en la alejada región montañosa de Plati. Atenas recibió millones de euros de la Unión Europea para la edificación de campamentos modernos de refugiados.

En un principio se dijo que el campamento de Plati estaría listo en el otoño boreal de 2021. Pero ese plazo ya no se podrá cumplir. Angeliki Dimitriadi, investigadora en migración del laboratorio de ideas ateniense ELIAMEP, dijo a DW que el retraso está relacionado con el descontento de la población y también con obstáculos burocráticos, como permisos para instalar la red eléctrica y de agua corriente, el transporte de materiales de construcción y las licitaciones que marca la ley en Grecia.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actualmente viven en la isla griega de Lesbos unos 3.500 migrantes. Además, menores no acompañados y "personas vulnerables" de Lesbos fueron recibidos por otros países europeos, entre ellos Alemania, en el marco de un programa de reasentamiento financiado por la UE. Gracias a eso, ya no viven tantas personas hacinadas en Lesbos, pero los problemas fundamentales continúan, explica Dimitriadi: "Las personas siguen viviendo en carpas, directamente junto al mar. Cuando llueve, el campamento se inunda, y en verano el calor es insoportable”.

"Control efectivo de fronteras” tiene prioridad

La portavoz de ACNUR Stella Nanou dijo a DW que, "dado que el número de refugiados en Lesbos de todos modos está disminuyendo, sería hora de avanzar con los trabajos de construcción y reparación en el campamento de Mavrovuni, para que las condiciones de estadía de los migrantes puedan mejorarse antes de que comience el invierno”. Sin embargo, la política griega tiene otra prioridad: el "control efectivo de fronteras” es su objetivo principal: a principios de julio de 2021, el ministro griego de Migraciones, Notis Mitarakis, explicó en el Parlamento que las nuevas llegadas  a Lesbos y otras islas del Egeo oriental habían disminuido un 96 por ciento en los últimos doce meses. "Este Gobierno ha recuperado el control de la crisis de refugiados”, subrayó el conservador Mitarakis, también en referencia al partido de izquierda Syriza, que gobernó hasta 2019 y reprocha a los conservadores una política "ingenua” de fronteras abiertas.

Pero ¿cómo se puede realmente volver a tomar el control de la crisis de refugiados? Ya en junio de 2017, mucho antes del cambio de gobierno en Atenas, el Diario de los Redactores (Efimerida ton Syntakton), de izquierda, informó sobre rechazos ilegales de solicitudes de asilo por parte de las autoridades griegas en las fronteras, los también llamados pushbacks o devoluciones forzosas. Desde entonces, los informes sobre esas prácticas se multiplicaron. ACNUR considera que esos indicios son creíbles y recomienda al Gobierno griego aplicar un mecanismo de control independiente.

Atenas desmiente esas acusaciones. Ahora, Bruselas amenaza con bloquear las sumas de dinero para la Guardia Costera griega. La investigadora Dimitriadis opina que retirar esas sumas de dinero es, de hecho, el único medio de presión que tiene la UE. Pero también dice que "sin el respaldo de Europa, la política migratoria dura de Grecia no sería posible. En definitiva, los otros países europeos se alegran de que los griegos asuman esa ingrata tarea en las fronteras exteriores”.

(cp/ms)