Al día de hoy, parece difícil que el plan obtenga la mayoría de dos tercios que necesita en el Congreso, pero la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para reformar el sector eléctrico y volver a modificar la Constitución será uno de los temas candentes en la agenda política y económica de los próximos meses en México. En juego hay bastante.

Para sus detractores, la propuesta de revertir parte de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ahuyentará la inversión privada, mientras que el gobierno asegura que su plan de fortalecer al sector estatal "le conviene al pueblo" y es otro avance en la lucha contra la corrupción. A las críticas, se han sumado voces que alertan sobre un retroceso para la necesaria transición hacia el uso de energías limpias en México, la segunda mayor economía de América Latina.

Lo cierto es que, con la iniciativa de reforma constitucional presentada este año, López Obrador ha vuelto a poner en agenda un tema polémico, blanco perfecto para el debate ideológico. El plan de la reforma eléctrica propone reforzar la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar con ello marcha atrás parcialmente a la liberalización del mercado aprobada, con rango constitucional, en 2013. Si el plan de AMLO se aprueba tras los debates parlamentarios previstos para abril de 2022, la CFE pasaría a controlar mayoritariamente la generación de la energía eléctrica que consume el país, con al menos un 56 por ciento del mercado. Actualmente, según el gobierno, la CFE genera el 38 por ciento de la electricidad y el sector privado, el 62 por ciento.

Críticas a los contratos "leoninos"

Además de hacer retroceder a las empresas privadas –entre ellas transnacionales como la española Iberdrola, objeto habitual de las antipatías de AMLO–, el gobierno descarta la entrega de concesiones para la explotación de litio, un sector codiciado por el descubrimiento de nuevos yacimientos en los últimos años. "En otros tiempos se abusaba y se pensaba sólo en el negocio privado", dijo recientemente el presidente, que justifica la necesidad de la reforma criticando la firma de contratos "leoninos" durante gobiernos anteriores, favorables a las grandes empresas en detrimento del Estado.

"Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones", dijo el mandatario en octubre de 2021. Por su parte, los detractores de la reforma agitan el fantasma de las posibles expropiaciones.

Excesos en algunas prácticas del sector privado

Algunos expertos creen que el sector eléctrico mexicano, en efecto, necesita reformas. "Lo que hay como legislación eléctrica y lo que hay en la práctica no funciona", dice a DW el economista Ramón Carlos Torres, experto energético y autor del libro La hora de la transición energética. "Las reglas de inversión, como están, no pueden ser claras", sostiene.

Una de esas reglas a las que se refiere Torres es, además, una de las críticas más esgrimidas contra las normas actuales: muchas empresas privadas abusan del autoabastecimiento, una figura legal que les permite, en teoría, generar energía para el propio consumo, pero que, en la práctica, ha servido también para hacer negocios con terceros a precios más baratos que los que pide la CFE. El economista e investigador José Casar, quien trabajó durante muchos años en la CFE y en la petrolera estatal PEMEX, observa que la situación actual no se corresponde con la lógica del mero autoabastecimiento, aunque matiza que "en todo caso, afecta a una parte muy pequeña de las empresas".

Rechazo en Estados Unidos

La "contrarreforma" de AMLO ha generado rechazo también en Estados Unidos, donde varios legisladores republicanos exigen a la administración de Joe Biden que presione al gobierno mexicano para frenar la iniciativa, considerando que vulnera el tratado comercial de Norteamérica y que desfavorece a inversiones estadounidenses en México. Otra crítica apunta a que la reforma eléctrica socava los compromisos de la región con las energías renovables.

El plan del gobierno, en efecto, prevé la eliminación de los Certificados de Energías Limpias para la generación eléctrica en México, en aras de ampliar las posibilidades de producción del ente paraestatal. "Es irracional imponer un tipo de despacho que privilegia centrales más antiguas, menos eficientes y más contaminantes", dice José Casar a DW. "Hay aquí una falta de compromiso real y efectivo con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero", lamenta también Ramón Carlos Torres.

Greenpeace, junto con la Iniciativa Climática de México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones, habla de un posible retroceso en el de por sí ya insuficiente compromiso de México para cumplir con metas ambientales internacionales como el Acuerdo de París, en vigor desde 2016.

"Si se aprueba esta reforma, debido al freno súbito que se ha puesto a las energías renovables, México se convertirá en el primer país del G20 que, en los hechos, incumple con las metas presentadas en el Acuerdo de París", señalaron en un texto conjunto.

El "fantasma en el clóset": el combustóleo

Un aspecto que muchos consideran clave en los cálculos del gobierno es la apuesta por una mayor quema de carbón y de combustóleo para la generación eléctrica mexicana. El combustóleo es un residuo habitual tras la refinación de petróleo crudo y se suele usar como combustible industrial para la generación de electricidad. En México, algunos expertos creen que el mayor uso del combustóleo para la generación eléctrica es una medida que ayuda sobre todo al gigante petrolero PEMEX a deshacerse de sus residuos.

Si la CFE tiene que aumentar su capacidad productiva para cubrir ese 54 por ciento de la generación eléctrica, "lo que van a tener que hacer es usar más intensivamente las plantas viejas e ineficientes. Las carboeléctricas, las de diésel y las de combustóleo", dice José Casar. Eso, a la vez, "le resuelve un problema a PEMEX", concluye. Hasta ahora, muchos analistas llaman al problema de no saber qué hacer con el combustóleo el 'fantasma en el clóset', comenta.

Torres cree que el gobierno de AMLO está asumiendo "poco a poco" la transición energética como tarea urgente, pero apremia a una actitud más decidida. "No puede ser que no haya una concreción de la responsabilidad del Estado en materia de sustentabilidad", critica sobre el plan de la reforma eléctrica que centrará en 2022 previsiblemente buena parte del debate legislativo. "Eso debería corregirse", sentencia.

(ms)