En la microrregión de Ixquisis, Guatemala, la construcción de represas está dejando sin agua a las comunidades, afectando especialmente a las mujeres mayas que administran su uso. DW habló con su representante.
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En la microrregión de Ixquisis, al norte del departamento de Huehuetenango, en Guatemala, las tierras son fértiles debido a que la zona concentra agua. No obstante, la construcción de represas altera los modos de vida tradicionales de sus cerca de 8.000 habitantes: mayoritariamente comunidades mayas, entre las que destacan las etnias Chuj, Q'anjob'al y Akateko.
"Lo que hacemos es ir al río, juntar peces y camarones y venderlos. Con esto nos podemos apoyar económicamente”, recordó a DW María Hernández, representante de las mujeres de la organización Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis. Sin embargo, "ahora en el río ya no hay peces ni camarones porque la empresa lo que ha hecho es lavar sus maquinarias y echar el agua y los líquidos en el río”, criticó, lamentando su contaminación.
Dicha agua también se emplea en actividades agrícolas. "Vivimos de los cultivos de maíz, café, frijol y también frutas como naranjas, bananas…”, explicó. No obstante, dichas cosechas se han visto reducidas por falta de agua con la construcción de las represas Pojom II, promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., y San Andrés, a cargo de Generadora San Andrés S.A.. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional.
La Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis reúne a 59 pueblos y 7 comunidades que se oponen a la construcción de siete represas en la zona. Así, la organización "surge hace diez años por la misma resistencia para defender el territorio, los recursos naturales, los ríos, de los proyectos hidroeléctricos que se están imponiendo”, relató. "Cuando la empresa llegó a la comunidad dijo que iba a hacer proyectos de desarrollo para las comunidades como escuelas, puestos de salud, canchas deportivas, pero después nos dimos cuenta que la intención era otra”, agregó.
A raíz de ello, se organizó una consulta de buena fe, en la que mayoría de los afectados mostró su desacuerdo con la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos. No obstante, "la empresa no ha respetado esta consulta, sino que siguió interponiendo sus proyectos y comenzó a construir túneles y a desviar los ríos”, denunció.
El precio de la resistencia
La oposición al proyecto ha provocado ataques violentos y represión por parte de las fuerzas de seguridad. Solo en 2016, se reportaron más de 75 ataques contra la Resistencia Pacífica, entre ellos asesinatos, tiroteos, acoso y campañas de difamación, según Front Line Defenders.
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"Han sido asesinados algunos de nuestros compañeros cuando se han hecho manifestaciones pacíficas en el territorio”, lamentó Hernández, que ha sufrido en su propia piel alguno de estos episodios. "El 9 de octubre de 2018, teníamos un taller sobre defensoras de Derechos Humanos, pero en el camino estaba la policía y no nos dejaba pasar. Nos lanzaron bombas lacrimógenas y yo con otras dos compañeras corrimos. Me puse muy nerviosa, sentía que en cualquier momento me iban a atacar. Realmente fue una experiencia muy horrible”, recordó. "Pero eso despertó en mi las ganas de seguir luchando y resistiendo contra esta situación que día por día vivimos”, afirmó.
La implicación de Hernández en la organización se gestó hace un par de años al asistir a una reunión con la empresa promotora del proyecto, en la que estaba ofreciendo detalles del mismo. Sin embargo, "la mayoría de las compañeras y compañeros en las comunidades no entienden muy bien el castellano”, subrayó, ofreciéndose a traducir entonces la explicación en chuj, su idioma maya.
Al escuchar detenidamente la propuesta de la empresa Energía y Renovación SA, anteriormente PDH, "la comunidad se quedó sorprendida y dijo: no estamos de acuerdo”. A raíz de ello, "la comunidad confió en mi persona, me pidió que los representara en estas reuniones y otras cosas”, subrayó.
Inversores en la mira
"Hasta el momento se han interpuesto tres amparos ante la Corte Suprema de Justicia para suspender las licencias de estos proyectos que fueron extendidas pero sobre lo que en realidad no se consultó al pueblo”, explicó.
Igualmente, con la representación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según datos de esta organización, en 2013, el BID Invest, brazo de inversión en el sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés.
También se presentó otra queja ante el banco de desarrollo alemán KfW, otro de los bancos inversores. "Pedimos que investigue dónde está invirtiendo el dinero y que, por favor, deje de financiar a esta empresa”, dijo. "Con este dinero nos están matando”, sentenció.
Aunque actualmente el proyecto está paralizado, "si los bancos paran estos financiamientos, seguramente las empresas también”, confió la representante de las mujeres.
El próximo mes de marzo se debería recibir la respuesta a la queja del BID, en la que se pide retirar la inversión debido al incumplimiento de sus propias políticas para financiar hidroeléctricas. Esta respuesta servirá para que el banco alemán actúe al respecto y marcará el paso a seguir de la Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis.
La diversidad de los pueblos indígenas en América Latina
Según datos de UNICEF, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas. México, Bolivia, Guatemala Perú y Colombia aglutinan el 87% de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Imagen: Christopher Pillitz
Amazonia, fuente de diversidad
Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina de UNICEF, la Amazonia es la región con mayor diversidad de pueblos indígenas (316 grupos), seguida por Mesoamérica, la cuenca del Orinoco, los Andes y la región del Chaco. Brasil (foto) es el país con más diversidad de pueblos indígenas con un total de 241. Colombia es el segundo con (83), seguido por México (67) y Perú (43).
Imagen: DW/T. Fischermann
Diversidad de pueblos y lenguas
Cinco pueblos agrupan varios millones de personas: Quechua (foto), Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki'che; y seis aglutinan entre medio y un millón de habitantes: Mapuche, Maya q'eqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. Cerca de una quinta parte de los pueblos indígenas perdió su idioma nativo en las últimas décadas. De 313 idiomas indígenas, el 76% es hablado por menos de 10.000 personas.
Imagen: picture-alliance/Robert Hardin
Cada vez más urbanos
Aunque más del 60% de la población indígena de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá todavía vive en zonas rurales, más del 40% de la de El Salvador, México y Perú reside en áreas urbanas. En Chile (foto) y Venezuela, la población que vive en ciudades supera el 60% del total. Éstos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que los de zonas rurales.
Imagen: Rosario Carmona
Conviviendo con la pobreza
Según un informe del Banco Mundial, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas, más del doble de la proporción de no indígenas. El 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más que la proporción de hogares no indígenas. En 2011, en Guatemala, tres de cada cuatro habitantes de zonas con pobreza crónica pertenecían a un hogar indígena.
Imagen: picture-alliance/Demotix
Educación superior: un privilegio para muy pocos
El reporte del Banco Mundial 'Latinoamérica indígena en el siglo XXI' apunta que la finalización de estudios primarios entre indígenas urbanos es 1,6
veces mayor que entre los que habitan en zonas rurales, mientras que los que terminan la educación secundaria es 3,6 veces mayor y los que cursan estudios superiores es 7,7 veces mayor. El acceso a la universidad es un privilegio para muy pocos.
Imagen: Uskam Camey
Brecha digital: exclusión social
A pesar de la aparente familiaridad de este miembro de la tribu Kayapó (Brasil) con la tecnología, los miembros de pueblos indígenas no se han beneficiado de su masificación. Estos tienen cuatro veces menos acceso a internet que los no indígenas en Bolivia y seis veces menos acceso en Ecuador. Asimismo, los indígenas tienen la mitad de acceso a un computador que los no indígenas en Bolivia.
Imagen: AP
Implicados en la vida política
Los pueblos indígenas participan activamente en la vida política de sus comunidades, ya sea a través de parlamentos locales o nacionales, en los municipios o a nivel estatal. Sus líderes están involucrados en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Así, existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador, pero también en Venezuela, Colombia y Nicaragua.
Imagen: Reuters/J. L. Plata
Empoderamiento ciudadano
Con una población de más de 800.000 habitantes, principalmente de origen aymara (foto), El Alto (Bolivia), comenzó a organizarse en juntas vecinales. A través de éstas, exigieron tener acceso a sus propios recursos financieros y ejercer control sobre ellos. Las Juntas se crearon con el objetivo de que éstas planificaran, financiaran y construyeran infraestructura básica y proporcionaran servicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/BOLIVIAN INFORMATION AGENCY
Protección vulnerada
Cerca del 45% de cuenca del Amazonas está protegida en el marco de diversas formas legales. A pesar de que 15 de los 22 países de la región han ratificado el Convenio Nr. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a menudo se vulnera el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que pretende garantizar su participación en cambios que pueden afectar su estilo de vida.
Imagen: Survival International
Indígenas en el punto de mira
Los representantes de pueblos indígenas son víctimas de criminalización y hostigamiento y suelen sufrir amenazas, violencia e incluso la muerte al posicionarse en contra de la instalación de grandes infraestructuras en su territorio. En la fotografía, miembros de las comunidades indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ubicado en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit (México).
Imagen: AIDA/C. Thompson
Minería: fuente de conflictos
La minería también es una amenaza para los pueblos indígenas y provoca migraciones y conflictos. Se calcula que una quinta parte de la cuenca amazónica tiene potencial minero: 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 20% de los cuales están en tierras indígenas. La extracción ilegal de oro también se ha propagado en la región, provocando deforestación, contaminación de los ríos y violencia.
Imagen: Jorge Mario Ramírez López
Defendiendo el territorio
Los Munduruku (foto), que cuentan con una población de entre 12.000 y 15.000 personas que viven en la orilla del río Tapajós, en los estados de Pará, Amazonas y Mato Grosso (Brasil), sufren el peligro de ambas actividades. Durante tres siglos, han tratado de demarcar oficialmente su territorio, una área de 178.000 hectáreas amenazado por actividades de extracción y proyectos hidroeléctricos.
Imagen: DW/N. Pontes
Socios clave en la lucha contra el cambio climático
El reconocimiento y la protección de los territorios indígenas es una estrategia eficaz para prevenir la deforestación y combatir el cambio climático. Entre 2000 y 2012, la deforestación en la Amazonia brasileña fue de 0,6% dentro de los territorios indígenas protegidos legalmente, mientras que fuera llegó al 7%, lo que produjo 27 veces más emisiones de dióxido de carbono.
Imagen: Ádon Bicalho/IPAM
Los grandes desconocidos
Algunas comunidades indígenas siguen negándose a tener contacto con el mundo exterior y viven en áreas aisladas, usando lanzas y dardos envenenados para cazar monos y aves. Es el caso de los Waorani (foto) que viven en la selva amazónica, en Ecuador. En las últimas décadas, muchos de ellos han pasado de vivir como cazadores a asentarse en el Parque Nacional Yasuní.
Imagen: AP
Contacto mortal
Lamentablemente algunos de los que han sido contactados han sufrido las consecuencias. Los indígenas matsés o “mayorunas” que viven en la ribera del río Yaquerana, en la frontera entre Brasil y Perú, conocidos como “el pueblo del jaguar" (foto) fueron contactados por primera vez en 1969. A raíz de este encuentro muchos murieron por enfermedades como tuberculosis y hepatitis.