Las organizaciones que defienden los derechos de la mujer lo han estado exigiendo desde hace mucho tiempo: que los matrimonios forzados y la mutilación de los genitales sean penados en Alemania como actos delictivos. Después de todo, muchas inmigrantes son víctimas de estas prácticas –ritos tradicionales dentro de sus respectivas comunidades– en territorio germano.

De ahí que el Bundesrat, organismo que representa a los estados federados de Alemania en Berlín, haya aceptado una propuesta de ley según la cual tanto la ablación de los órganos sexuales femeninos como los matrimonios impuestos han de ser incluidos en el Código Penal.

El ministro de Justicia del Estado federado de Hesse, Jörg-Uwe Hahn, dijo este viernes (12.2.2010) que la medida acentuará el carácter intolerable de estas prácticas. La mutilación de genitales será castigada con una pena de prisión mínima de dos años. “Esto también pondrá final a las nociones erróneas que podrían ser usadas por los padres para persuadir a sus hijas de aprobar las ablaciones”, explicó Hahn.

Dentro y fuera de Alemania

Las activistas de la organización Terre de Femmes aplaudió la iniciativa de los estados federados alemanes. La mutilación de los genitales femeninos, practicada en algunos países de Asia y Latinoamérica, pero sobre todo en el continente africano, es considerada a escala internacional como una violación de los derechos humanos desde 1995.

Este acto es penado en Alemania como un tipo de lesión corporal y, en otros países europeos, como un delito con rasgos distintivos y propios. También el Parlamento Europeo se ha movilizado para luchar contra la consumación de estos rituales familiares en Europa.

Según Terre de Femmes, cerca de 20.000 mujeres y niñas han sido víctimas de la ablación de sus órganos sexuales en Alemania, y hasta 5.000 inmigrantes o descendientes de inmigrantes corren el riesgo de ser mutiladas en el marco de procedimientos dolorosos y peligrosos durante sus esporádicas visitas a los países originarios de sus familias.

Por eso, Hahn enfatizó que también las mutilaciones realizadas en el extranjero serán castigadas por la ley, si la víctima estaba residenciada en Alemania para el momento en que fue objeto de la ablación.

Los límites de la tolerancia

Según el ministro de Justicia de Hesse, el respeto por la cultura de los inmigrantes no les da inmunidad para abusar física y mentalmente de sus compatriotas o familiares; una integración cultural exitosa requiere que se haga valer la ley en todos los segmentos de la sociedad, aún cuando ésta contradiga las tradiciones más añejas de ciertos grupos sociales.

Hahn justificó la propuesta de ley formulada por Hesse y otros Estados federados insistiendo en que las mujeres y las niñas de las familias inmigrantes tienen derecho a la protección de su integridad física.

En el Consejo Federal, los mismos argumentos son válidos de cara a los casamientos organizados y realizados contra la voluntad de las contrayentes. También esta costumbre, impuesta por las autoridades en el seno de la familia, podría ser castigada como un delito con idiosincrasia si el Bundestag secunda la moción del Bundesrat. La pena de cárcel mínima para quienes obliguen a una mujer a contraer matrimonio sería de seis meses.

El otro lado de la moneda

Otra meta del Consejo Federal es reforzar los derechos de las mujeres que ya se vieron obligadas por sus familias a contraer matrimonio. Para ello necesitan el visto bueno del Parlamento alemán, en donde todos los partidos se han pronunciado en contra de los matrimonios forzados y las mutilaciones de genitales.

Sin embargo, esta iniciativa jurídica tiene implicaciones que podrían atentar contra su propia efectividad: según las leyes de inmigración alemanas, una pena de cárcel de tres o más años es seguida automáticamente por la expulsión del país; esto podría inhibir a las víctimas de ablaciones o matrimonios impuestos de denunciar a sus padres ante las autoridades.

Mientras tanto, lLos Verdes y los miembros del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) instan a que, además de los recursos jurídicos aludidos, también se intensifiquen los esfuerzos educativos para persuadir a las familias de inmigrantes de abstenerse de practicar estos rituales.

Autor: Bernd Gräßler (erc)

Editor: Enrique López Magallón