Cientos de hombres y mujeres se encuentran tras las rejas en América Latina por intentar ejercer sus derechos políticos. Expresar la opinión, criticar al gobierno, reunirse o participar en una protesta puede convertirse en un crimen cuando así lo estiman las autoridades de regímenes dictatoriales. De acuerdo con Human Rights Watch, actualmente hay reos de conciencia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Las cifras varían por el continuo movimiento de presos que ingresan mientras otros son liberados. Tampoco coinciden las de organismos de derechos humanos con las del gobierno. Sedes de servicios de inteligencia, cárceles militares como la nicaragüense El Chipote y prisiones comunes albergan a detenidos en forma arbitraria, muchas veces acusados de terrorismo, y sin acceso a un juicio justo.

Llegó a tener 15 mil y hoy serían unos 120, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), repartidos entre más de 160 prisiones, 50 de ellas de alta seguridad. Algunos disidentes han pasado hasta dos y tres décadas encarcelados. El joven grafitero Danilo Maldonado (foto) ha cumplido varios meses en prisión por expresar sus opiniones con su arte.

Entre los activistas por los derechos de los presos políticos en Cuba están las Damas de Blanco, una agrupación de mujeres y otros familiares de originalmente 75 disidentes que en 2003 fueron condenados a penas de prisión de hasta 28 años, en la llamada primavera negra. En su lucha por la libertad de los reos y condiciones dignas de encierro, las damas también han sido objeto de persecución.

La ONG Foro Penal de Venezuela contabiliza actualmente 232 presos políticos, la mayoría detenidos en la prisión de Ramo Verde. Otro centro de detención emblemático del gobierno de Nicolás Maduro y foco de manifestaciones de familiares es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), más conocida como el Helicoide (foto).

Foro Penal contabiliza 37 personas que cumplen condenas bajo esta modalidad en Venezuela. Uno de ellos es Leopoldo López, líder opositor del partido Voluntad Popular quien estuvo tres años preso y desde julio de 2017 cumple la pena de 14 años bajo la medida de arresto domiciliario.

Desde abril pasado, el aparato represor del gobierno de Daniel Ortega ha detenido a miles de manifestantes y, según cifras de organizaciones civiles de Nicaragua, habría 552 opositores en prisión, la mayoría ciudadanos o dirigentes que participaban en las protestas. Este joven espera fuera de la prisión El Chipote, noticias de sus familiares y amigos.

La Dirección de Auxilio Judicial, conocida como "El Chipote", fue uno de los centros de tortura y detención emblemáticos de la dictadura de Anastasio Somoza. Allí incluso estuvo Ortega, y hoy recibe a las víctimas de la represión del exguerrillero. Organizaciones civiles denuncian condiciones inhumanas y torturas, mientras madres y esposas de los reos intentan resistir en las afueras.

Según un informe de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, las personas encarceladas “están sometidas a condiciones arbitrarias e inhumanas de detención, a tratos crueles y degradantes, a violaciones sexuales como método de tortura y, en el caso de las mujeres, a la violencia machista de sus carceleros”, denuncia la organización. La organización contabiliza 46 mujeres presas.

Este es el título de un informe de Amnistía Internacional que revela el sentimiento de agobio y asfixia que afecta la vida cotidiana en Cuba, y que da cuenta de las restricciones y el temor a expresarse libremente. En promedio 827 personas al mes sufrieron detenciones arbitrarias en la isla en 2016, según CCDHRN.