El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se estrenó en Naciones Unidas destacando el compromiso de su Gobierno con la democracia y los derechos humanos y con un llamamiento al diálogo político en Venezuela.
Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú.Imagen: picture alliance/dpa/S. Silva
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"Es imprescindible que mencione nuestra preocupación por la crítica situación política, económica y social que vive Venezuela", dijo Kuczynski en su discurso ante la Asamblea General. El presidente peruano defendió que la plena vigencia de la democracia en Venezuela "requiere el absoluto respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, al debido proceso, así como la plena garantía del respeto a la separación y el equilibrio de poderes".
"Esta situación se ve afectada en Venezuela por la extrema violencia, la confrontación social y política y una grave escasez de alimentos y medicinas", recordó. Kuczynski insistió en que para enfrentar la crisis es necesario que se inicie "cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamientos ni restricciones, en un marco de pleno respeto a la Constitución".
"El Perú está en la mejor disposición para realizar todos los esfuerzos que ayuden a que los venezolanos alcancen una solución a sus graves problemas", aseguró. Kuczynski dejó claro su respeto por el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, pero opinó que esa regla "no puede ni debe contraponerse con la defensa y promoción internacionales de la democracia y los derechos humanos".
Perú apuesta por la modernización
En un discurso bastante más corto que los de otros mandatarios, Kuczynski dijo a la Asamblea General que su proyecto para Perú es "una apuesta por la modernización perfectamente compatible con el esfuerzo que las Naciones Unidas".
"Vivimos en distintas partes del mundo crisis de confianza, graves retrocesos en la globalización, tentaciones populistas y proteccionistas y una ola de refugiados casi sin precedentes", recordó. "Nuestra apuesta -dijo- es crear en América del Sur un puente de estabilidad y cooperación entre el Pacífico y el Atlántico que propicie una gradual recuperación de la paz y la prosperidad".
Además, en el ámbito nacional, destacó otros de sus objetivos como garantizar agua y saneamiento para todos los peruanos o promover el crecimiento verde. El país, recordó, está impulsando esas y otras políticas para ser miembro "en el más corto plazo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico" (OCDE) y está comprometido a cooperar estrechamente con otros países latinoamericanos con los que comparte muchos de los mismos retos.
JOV (efe, Reuters)
La crisis venezolana I (ENE – MAR 2016)
El año 2016 comenzó con una guerra de poderes: desde que el oficialismo dejó de ser mayoría en el Parlamento, el Gobierno, que controla casi todas las instituciones del Estado, ha intentado restringir sus facultades.
Imagen: Reuters/C. Garcia Rawlins
Controvertido decreto
El Parlamento (foto) rechazó la prórroga del decreto de emergencia económica del presidente Maduro, emitido el 14 de enero con miras a darle un impulso a la producción nacional. La mayoría opositora en la Asamblea Nacional ya se había negado a otorgarle un “cheque en blanco” al Ejecutivo sin conocer el trasfondo del difuso decreto, pero el Tribunal Supremo terminó declarándolo legal. (18.3.2016)
Imagen: Reuters/C.G. Rawlins
Una meta, cuatro rutas
La “agenda común” de la oposición venezolana evidencia más disenso que concordia. Ésta presentó cuatro estrategias para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro (foto): exigir la renuncia del mandatario, enmendar la Constitución para reducir la duración de los Gobiernos de seis a cuatro años, activar un proceso constituyente y organizar un referendo revocatorio. (8.3.2016)
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Guiterrez
Oposición denuncia “emboscada judicial”
El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia según la cual el Parlamento (foto) carece de facultades para remover a los magistrados de esa corte o interpelar a funcionarios de otros poderes, aún cuando esas son funciones que la Constitución le atribuye. El fallo abrió la posibilidad de anular las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. (1.3.2016)
Imagen: Getty Images/AFP/L. Robayo
Más poder para los militares
Con respaldo del TSJ, Maduro aprobó la fundación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), que puso la explotación de los hidrocarburos en manos de las Fuerzas Armadas sin consulta popular ni debate legislativo previo. La empresa está supeditada únicamente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (en la foto, a la derecha). (10.2.2016)
Imagen: picture-alliance/dpa/Miraflores Press
Impugnados diputados opositores
Tras refutar los resultados electorales en varias circunscripciones, el PSUV logró que el Tribunal Supremo –dominado por fichas del oficialismo– suspendiera la proclamación de tres diputados indígenas antichavistas (foto) y limitara las facultades de la oposición al reducir su incipiente hegemonía en la Asamblea Nacional, de una mayoría calificada de dos tercios a una de tres quintos. (06.01.2016)
Imagen: Reuters/M. Bello
Prioridades de la oposición
Al inaugurar el período legislativo 2016-2021, el nuevo presidente del Parlamento, el antichavista Henry Ramos Allup (foto), confirmó que la mayoría opositora promulgaría una ley para amnistiar a los presos políticos y tomaría medidas “pacíficas, constitucionales y democráticas” este mismo año para adelantar el fin del Gobierno de Nicolás Maduro, que termina oficialmente en 2019. (05.01.2016)
Imagen: imago/Xinhua
Se instala el nuevo Parlamento
En los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, el partido de Gobierno obtuvo 55 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional y la mayor alianza de formaciones opositoras, 112 curules; una mayoría calificada de dos tercios que le permitiría al antichavismo, entre otras cosas, modificar leyes, designar y remover a autoridades electorales y judiciales. (05.01.2016)
Imagen: Reuters/C.G. Rawlins
Cambios de última hora
El Poder Judicial, que es de facto el brazo ejecutor y normativo del Gobierno de Maduro, fue renovado arbitrariamente por los diputados oficialistas salientes en diciembre, cuando el período parlamentario 2011-2016 ya había culminado y el Tribunal Supremo de Justicia (foto) ya estaba de vacaciones. Los cargos de esos nuevos jueces –todos chavistas– tienen doce años de vigencia. (26.12.2015)
Imagen: Getty Images/AFP/A. Alvarez
El “Parlamento paralelo”
Los diputados salientes, en su mayoría oficialistas (en la foto, Diosdado Cabello), instalaron un “Parlamento Comunal Nacional” que constitucionalistas tacharon de ilegal por constituir una suerte de “Asamblea paralela”. La moción fue respaldada por Maduro, quien prometió darle “todo el poder al Parlamento Comunal” para que fuera “una instancia legislativa del pueblo desde la base”. (15.12.2015)
Imagen: Getty Images/AFP/L. Ramirez
Preludio de una crisis de gobernabilidad
El presidente Maduro prometió aceptar los resultados de los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015; pero tan pronto se constató que la oposición obtuvo la mayoría de las curules (foto), el partido de Gobierno, que controla casi todas las instituciones del Estado, dejó entrever las estrategias legalistas que usaría para restringir las prerrogativas de la Asamblea Nacional. (9.12.2015)
