"Es muy preocupante que el narcotráfico se esté envalentonando tanto en México como en Ecuador, y en otros países. No hay que olvidar la muerte del fiscal Pecci, de Paraguay, y las amenazas que reciben todo el tiempo los actores públicos. El peso económico de esta industria tiene tanto poder que, si no somos capaces de modificar realmente las políticas y su efectividad, vamos a ver mucho más de esto”, dice a DW Javier Sagredo, director del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Política de Lucha contra la Drogas (COPOLAD).

COPOLAD, financiado por la Unión Europea, lleva a la VIII Conferencia Latinoamericana de Drogas, -que tiene lugar desde el 24 hasta el 26 de agosto en Buenos Aires- un análisis del impacto de las actuales políticas de drogas en los derechos humanos en la región.

"Estamos en esto porque creemos que podemos crear un cambio. Si no lo logramos, vamos a tener Estados cada vez más débiles. Lo advertimos con la COVID-19: la crisis sanitaria -que es social, económica y política-ha dejado el terreno abonado para las economías del narcotráfico”, advierte Sagredo.

Alza constante de la violencia

Más allá de los recientes enfrentamientos en México y Ecuador, en general, la violencia al alza es una constante. En Ecuador, según la prensa local, en 2021 hubo el doble de homicidios del año anterior, y las estadísticas para 2022 no dan lugar al optimismo.

En México, según datos citados en el reportaje "En los campos de batalla de Tierra Caliente”, del think tank Crisis Group, de las 369.150 víctimas de homicidio que se han registrado entre 2007 y 2021, el 52% no tenían más de 34 años.

Al otro lado del océano, "después de la COVID-19, los mercados han vuelto a ser vibrantes, hay mucha más demanda de todo”, apunta Sagredo. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), socio oficial de COPOLAD en esta, su tercera fase (2021-2025), en el último año 3,5 millones de adultos consumieron cocaína.

Las aguas residuales en 32 de 58 ciudades europeas analizadas revelaron un aumento de restos de cocaína. Por otro lado, las incautaciones de cocaína registraron un máximo histórico: 213 toneladas en 2020 (50 toneladas en 2010). De responsabilidad compartida se suele hablar. Sin embargo, Sagredo rechaza ese concepto: "No. La irresponsabilidad es la compartida; sabemos que la interceptación de las drogas o el encarcelamiento de las cabezas no han funcionado”, comenta.

Evitar los flujos "es imposible"

"Debemos tener herramientas contra el brutal poder económico que tiene el narcotráfico”, recalca, avizorando la transformación de los aparatos públicos para formar redes de interceptación económica. También cambios en las estrategias de investigación penal para llevar ante la Justicia a los que lavan dinero.

"Hasta ahora lo único que se ha intentado es evitar los flujos, pero ésa es una labor imposible, como ponerle vallas al mar”, subraya.

En COPOLAD, que colabora con 17 países de América Latina, se habla también de trabajar en cambiar la narrativa. "Cuando a alguien se le aplica la etiqueta de 'narco', es necesariamente uno de los malos, aunque sea de los eslabones más bajos. Pero cuando eso mismo se transforma en dinero en los bancos, en instituciones financieras y en grandes despachos de empresarios, todo está muy bien. Seguimos teniendo agujeros de lavado de dinero en Europa, en el Caribe, en América Latina. Y nadie dice nada. Pero sí nos preocupa la violencia 'narco', que no es más que el resultado de la boyante situación de esa industria”, critica Sagredo.

¿Respuesta militar al narcotráfico?

¿Cómo se evalúa desde COPOLAD la respuesta militar que se ha dado a la reciente crisis? "Es echar gasolina al fuego. Con la presencia militar, mucha gente de los eslabones más bajos se va a ver afectada por marcos penales muy duros”, responde el especialista.

"La respuesta dela  militarización es de choque, para dar la sensación a la población de que los gobiernos hacen algo contra la violencia de los 'narcos'. Pero esta está unida a muchas otras violencias, a la inseguridad ciudadana, a la impunidad. Es como querer operar a un paciente en urgencias con un palo y un cuchillo oxidado”, concluye Sagredo.

(cp)