Moses Isaac Osazuwa es un agricultor de 41 años de Nigeria. Llegó a la isla italiana de Lampedusa en barco en 2012, después de huir de una prisión libia cuando el país se hundió en la guerra. En su país, Osazuwa era un agricultor y miembro de un partido político local, que logró ganar las elecciones provinciales en 2010. Pero la alegría duró poco. Se produjeron disturbios y el partido de la oposición tomó el mando. "Estaría muerto si no hubiera huido", dice. 

Una vez en Italia, Osazuwa encontró rápidamente un trabajo agrícola regular en la provincia meridional de Matera que duró hasta 2017. Desde entonces, comenzó a vivir de trabajos ocasionales. Cuando sus papeles concedidos por razones humanitarias expiraron en febrero del año pasado, la autoridad local no los renovó, por considerar que su caso no era apto para recibir más protección. 

Explotando a los más débiles 

El agricultor pensó que las cosas podrían cambiar para mejor cuando el Gobierno lanzó un procedimiento para la "inmersión de las relaciones de trabajo" el 1 de junio. Ante la pandemia de COVID-19, se pensó que el decreto ofrecía una vía de legalización para quienes trabajaban en la agricultura o como empleados domésticos en todo el país. 

Pero las esperanzas de Osazuwa se desvanecieron cuando fue víctima de un chantaje. "Los empleadores quieren dinero para llenar los papeles necesarios para la regularización", dice. "Una persona me pidió 1.500 euros (1.716 dólares), otros 1.200 euros y la última 1.050 euros. Pero no tengo este dinero. Los sobornos son mucho más altos en el norte. A un amigo mío que vive en Rho, cerca de Milán, le pidieron 5.000 euros". 

Anunciado con gran bombo y platillo, el decreto tenía por objeto conceder permisos a por lo menos 200.000 migrantes indocumentados que trabajaban en la agricultura, un sector que se vio afectado durante la pandemia por la escasez de mano de obra disponible, que solía proceder en su mayor parte de Europa oriental. Se suponía que el otorgamiento de la condición jurídica impediría la explotación de los trabajadores. 

Pero la realidad es muy diferente. Marcado por el fraude y el chantaje, el número de solicitudes recibidas hasta ahora es escaso, lo que ha llevado al Gobierno a ampliar la duración de la medida en un mes, hasta mediados de agosto. De las cerca de 123.000 solicitudes recibidas, el 87 % son de trabajadores domésticos. 

Ignorando la realidad 

La regularización puede ocurrir de dos maneras. Los empleadores pueden declarar una relación laboral anterior o la intención de iniciar una nueva con el trabajador indocumentado tras la compilación de un formulario y el pago de una tasa de 500 euros. 

La segunda opción permite a los trabajadores indocumentados, cuyos documentos de residencia expiraron después del 31 de octubre de 2019 y no están en proceso de renovación, solicitar directamente una regularización de seis meses. Lo hacen demostrando que han trabajado legalmente como empleados domésticos o en el sector agrícola en el pasado. No obstante, solo un número sumamente limitado de migrantes indocumentados cumple estos requisitos previos. 

"Limitar la regulación a solo dos sectores no refleja la realidad del mercado laboral italiano", dice Giancarlo Schiavone, jurista y vicepresidente de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI). "Dentro de un contexto normativo así, hay casi infinitos escenarios para actividades criminales, abusos y fraudes. Los legisladores lo saben muy bien y lo ignoran a propósito". Schiavone dice que además de la compra y venta de contratos de trabajo, la gente que trabaja en otros sectores recurrirá a trucos para conseguir sus papeles. 

Como María, una mujer de 37 años de El Salvador, que ha estado trabajando ilegalmente en un restaurante de Milán ocasionalmente durante los últimos cinco años y que ahora trata de convencer a su empleador de que se adhiera al procedimiento contratándola como trabajadora doméstica. 

Le dijo a DW que se había ofrecido a cubrir ella misma los 500 euros del procedimiento, pero su empleador se mostró reacio a seguir adelante, por temor a las repercusiones legales. Mientras tanto, el primo de María también estaba aprovechando sus posibilidades de acceder al procedimiento por la vía del trabajo doméstico y tratando de reunir 5.000 euros para pagar la firma de su empleador. 

Invisibilidad y explotación 

Los expertos jurídicos coinciden en que esta situación podría haberse evitado concediendo permisos de residencia a todos los aproximadamente 560.000 inmigrantes indocumentados que viven en Italia, también a la luz de la emergencia sanitaria y los cierres de fronteras internacionales. 

Mientras tanto, de vuelta en Matera, un desilusionado Moisés Isaac Osazuwa se prepara para otro día de búsqueda de trabajo. "Busco trabajo todos los días", dice, sosteniendo un papel con la dirección de una granja que visitará más tarde ese día en el campo de Basilicata. "Ayer fui a una entrevista de trabajo y hoy tengo una nueva. No me detendré. No tengo dinero y no tengo otra opción". 

(gg/few)

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