A inicios de este mes, el Parlamento controlado por el presidente Daniel Ortega declaró propiedad del Estado todas las tierras, ríos y lagunas de Nicaragua ubicadas en una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras con Honduras (norte) y Costa Rica (sur), medida que analistas y ambientalistas calificaron como una “enorme confiscación”.

Para no pocos, la Ley de Territorio Fronterizo (Ley 1258) desnudó el "afán insaciable" de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, por hacerse de las grandes inversiones que crecen en ambas zonas, especialmente las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en los últimos años y de las que muy pocos detalles se conocen.

“El trasfondo de todo esto es la gran voracidad económica de los Ortega Murillo, que además de constituir un proyecto político son un grupo de poder económico”, dice en entrevista con DW la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), con sede en Costa Rica.

¿Cuestión de soberanía?

Cuadra recuerda que Ortega controla desde hace tiempo “los principales nichos económicos” de Nicaragua, cuyo gobierno dirigió de 1985 a 1990 y al cual regresó en 2007 acuerpado por promesas de “trabajo y paz”, y la cuantiosa ayuda petrolera venezolana que totalizó al menos 5.000 millones de dólares, usados discrecionalmente por el Ejecutivo.

Al justificar la Ley de Territorio Fronterizo, el pasado 5 de agosto, el Gobierno aseguró que su objetivo principal es “salvaguardar la soberanía, integridad territorial y seguridad nacional de Nicaragua”, y por eso autorizó, en la misma norma, la movilización permanente del Ejército en ambas fronteras.

Los territorios afectados comprenden 14.250 kilómetros a lo largo de la frontera de Nicaragua con Honduras (de 950 km de longitud) y 4.635 kilómetros en el sur, en los 309 km de frontera con Costa Rica, para un total de 18.885 kilómetros cuadrados en las dos franjas.

Dicha ley, que solo tiene 4 artículos y ningún reglamento para su aplicación, no menciona explícitamente la confiscación de fincas ni empresas en las zonas mencionadas pero, "si esos territorios ahora pertenecen al Estado, ¿qué va a pasar con todas empresas, inversiones y propiedades privadas en esas áreas?”, se pregunta Elvira Cuadra.

En términos territoriales, la Ley 1258 afectará al menos 27 municipios a lo largo de las fronteras norte y sur del país, modificando el desarrollo económico de ambas regiones, basado en la agricultura (cultivos de café en el norte y de cítricos en el sur), señala.

También incidirá sobre el rol de los municipios (aunque todos están bajo control del gobernante partido sandinista), el cobro de impuestos y la gestión ambiental de las dos grandes reservas de biosfera natural: Bosawás, en la frontera norte, e Indio Maíz, en la sur, donde decenas de comunidades indígenas tienen -en teoría- derechos y autonomía sobre sus tierras ancestrales.

Legalizar concesiones mineras

Según el líder ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, la medida debe analizarse “desde el punto de vista de los negocios” y, concretamente, de las inversiones chinas en Nicaragua. Por eso, al aprobar la nueva ley los diputados derogaron el mismo día la Ley de Fronteras vigente desde 2010 y que prohibía las concesiones mineras extranjeras en áreas naturales protegidas, explica.

“Esta ley además crea de hecho un nuevo ‘distrito minero’ en Nicaragua y viola la ley de titulación de comunidades indígenas y afrodescendientes”, afectando a ocho territorios miskitos y mayangnas en el norte, un territorio rama-kriol en el sur y a poblaciones de chorotegas en los departamentos norteños de Madriz y Nueva Segovia, afirma Ruiz.

Para la abogada constitucionalista Azahálea Solís, “estamos hablando de una expropiación masiva, de un robo de tierras de manera ‘legal’ y en abierta contradicción con la Constitución Política” de Nicaragua que prohíbe las confiscaciones. 

La indetenible invasión china

Amparados en acuerdos comerciales recientes, compañías mineras chinas con nombres en inglés han tomado el riesgo de invertir en Nicaragua, de donde grandes empresas transnacionales prefirieron retirarse tras la crisis política que estalló con las protestas de 2018.

En los últimos dos años, el gobierno Ortega Murillo otorgó más de 20 concesiones mineras a empresas chinas, sobre unas 400.000 hectáreas. Entre estas se destacan tres grandes concesiones de explotación minera de oro en la biosfera de Bosawás, conocida como “el pulmón verde de Centroamérica” y otras dos en la sureña reserva Indio Maíz.

Y el pasado 4 de agosto, un día antes de la aprobación de Ley 1258, el gobierno entregó la más reciente concesión minera a cielo abierto en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, a la empresa china Thomas Metal S.A., que en esa misma semana recibió otras dos.

Los tres permisos de operación fueron conferidos a la firma asiática sobre 108.464 hectáreas incluidas en la reserva Indio Maíz, el territorio rama-kriol y el refugio de vida silvestre Río San Juan para el “aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos”, según dijeron las autoridades.

Entre los rubros "no metálicos" podrían figurar, según expertos, las codiciadas "tierras raras", como se conoce al grupo de 17 elementos químicos tan necesarios para la industria electrónica y de cuya producción mundial China controla el 70 por ciento. 

(cp)