Cerca de 700 personas que fueron encarceladas en 2018 en Nicaragua por protestar contra el presidente Daniel Ortega salieron de prisión este año, como parte de una negociación entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, muchos de ellos sufren ahora amenazas de paramilitares, asedio de la Policía, retención migratoria y varios ya han sido recapturados.

Los principales organismos de derechos humanos del país llaman la atención sobre el fenómeno, que atribuyen a una "nueva fase de la represión” para acallar la disidencia y evitar una nueva rebelión cívica.

"Hay un hostigamiento permanente a los ex presos políticos, porque Ortega pretende destruir su liderazgo”, dijo a DW la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Este organismo sigue trabajando en el país aunque con mínimos recursos, pues fue intervenido y saqueado por la Policía en diciembre pasado, cuando Ortega clausuró nueve ONGs a las que acusó de "terroristas” y "golpistas”.

Núñez dijo que el país vive "una nueva etapa de la represión”, que consiste en la persecución e intimidación de personas que participaron en las protestas, en especial, expresos que se convirtieron en figuras mediáticas.

Nuevo liderazgo

Los líderes estudiantiles y expresos Edwin Carcache, Nahiroby Olivas y Chéster Navarrete han denunciado asedio policial frente a sus viviendas en Managua, León y Masaya, mientras el joven Byron Estrada fue retenido y sometido a interrogatorios de oficiales de Migración en la frontera con Costa Rica.

En la misma frontera también retuvieron, a mediados de agosto, durante más de cinco horas, a Olesia Muñoz, activista opositora de Niquinohomo, junto al líder gremial de los panaderos, Ermis Morales, según denunciaron a la prensa.

Y la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, que estuvo presa nueve meses, dijo que fue detenida por policías que, sin dar explicaciones, requisaron su vehículo. También su casa en la ciudad de Estelí (norte) fue rodeada y asediada por patrullas este mes.

La Policía instaló patrullas el fin de semana frente a la vivienda de los hermanos Esteban Lesage, tres jóvenes músicos de la ciudad de Jinotepe (sur)  que estuvieron presos por su participación en las protestas.

Estos hostigamientos ocurren a pesar de que todos los exprisioneros están, en teoría, amparados por una Ley de Amnistía, que el Parlamento dominado por los sandinistas aprobó a mediados de junio.

"No es casual que las víctimas sean excarcelados que tuvieron mayor protagonismo. Ortega tiene miedo de que se conviertan en la cabeza de un liderazgo nuevo, de gran fuerza y sin vinculación con partidos políticos, lo que les da más credibilidad y simpatía”, señaló Núñez.

Ejecuciones sumarias

Otra situación que preocupa a los defensores de derechos humanos es el aumento de los asesinatos en zonas rurales de Nicaragua, especialmente de personas involucradas  en protestas en 2018.

"Esto es sumamente grave. Se está reeditando el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales al amparo de una amnistía”, observó la presidenta del Cenidh.

En 1990, la flamante presidenta Violeta Chamorro, que derrotó a Ortega en las urnas y lo desplazó del poder, decretó una amplia amnistía, que cubrió por igual a los soldados del Ejército como a los "contras” antisandinistas, y proclamó una "reconciliación nacional”.

Sin embargo, varios "contras”  aparecieron muertos en carreteras y y poblados del interior. Su principal jefe, Enrique Bermúdez ("Comandante 380”), fue ejecutado en 1991 frente a un hotel en Managua, un sonado crimen que nunca se aclaró y que fue atribuido a la seguridad del Estado sandinista, que operaba aún con Ortega en la oposición.

En las últimas semanas, el Partido Liberal denunció que varios de sus representantes y alcaldes municipales en el norte han sido "perseguidos y asesinados” por presuntos activistas sandinistas. Según la prensa, una decena de personas ligadas a la oposición fueron ejecutadas en la frontera con Honduras.

Cadena de delaciones

"De fines de junio a inicios de agosto se reportaron dos asesinatos de campesinos por semana. En todos los casos hubo disparos por armas de guerra y huellas de tortura, y todos fueron adjudicados a paramilitares”,  explicó a DW Haydeé Castillo, defensora de derechos humanos y directiva de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Activistas liberales en la provincia de Jinotega (norte) han dicho que los paramilitares estarían coordinados con organismos barriales sandinistas, con la Policía y con la inteligencia del Ejército, en una "cadena de delaciones” para descubrir y "neutralizar” a opositores.

"Las ejecuciones sumarias y  los asesinatos selectivos en el campo están mostrando una nueva oleada represiva, que ahora significa aplicar la pena de muerte a todo aquel que piense diferente”, advirtió Castillo.

"Si no los pueden asesinar, los encarcelan o los empujan al exilio”, añadió la opositora, que tuvo que abandonar el país por amenazas. Según el último reporte de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país a causa de la crisis de 2018.

Castillo dijo que estas "ejecuciones sumarias” constituyen crímenes de lesa humanidad y pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique "con suma urgencia” el artículo 21 de la Carta Democrática, a fin de que el gobierno de Nicaragua sea separado del organismo hemisférico.

El Consejo Permanente de la OEA se reunirá el próximo miércoles 28 para tratar la crisis de Nicaragua, y es posible que ese día quede formada una comisión especial encargada de contribuir a una salida pacífica para este país.

(cp)

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