La protesta contra la construcción del canal interoceánico arrecia en Nicaragua, a menos de dos semanas del proyectado inicio de las obras. “Nicaragua es nuestra, defendámosla”, es el lema de los ambientalistas, organizaciones indígenas y opositores al gobierno de Daniel Ortega, que intentan frenar un proyecto ya resuelto y a las puertas de ponerse en marcha este 22 de diciembre, de acuerdo con los anuncios oficiales.

Premura oficial

Sebastian Huhn, historiador y politólogo de la Universidad de Bielefeld, hace notar que “no están listos los peritajes sobre impacto ambiental que encargó el gobierno a una empresa británica, pese a lo cual han de iniciarse las obras”. Y reprocha que “en general la opinión pública no ha sido ampliamente informada” sobre los resultados preliminares.

Astrid Bothmann, encargada de proyectos del equipo de gobernanza de la Fundación Zeit, va más lejos, apuntando que entre los opositores causa irritación la forma en que se resolvió llevar a cabo el proyecto, sin un verdadero debate democrático. “En el fondo, los partidos de oposición son marginalizados, y eso se suma a los demás puntos que hablan contra el proyecto y generan resistencia”.

Temores fundados

Entre esos puntos, el principal apunta al peligro ecológico asociado a esta enorme obra de ingeniería. “El canal ha de pasar por el Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de América Central y existen, con razón temores, temores de que pueda producirse una contaminación con agua salada, o con petróleo, cuando pasen por allí grande barcos”, señala Sebastian Huhn.

Además, pobladores indígenas de la zona por donde ha de pasar el canal no han llegado aún a acuerdo con el gobierno en cuanto a indemnizaciones o reasentamientos forzados, según hace notar el académico.

Las comunidades indígenas desconfían de ser debidamente compensadas, también por razones históricas. Astrid Bothmann recuerda lo ocurrido antaño en la Región Autónoma del Atlántico Norte, donde grupos indígenas fueron trasladados a otras zonas y tuvieron malas experiencias con las indemnizaciones. Ahora está en la mira de Región Autónoma del Atlántico Sur. “Hay un antiguo conflicto, que gira sobre todo en torno a los recursos naturales y su administración”, dice la académica, que destaca también las dimensiones del problema: “en total, unas 120.000 personas se verán afectadas en todo el país por la construcción del canal”, dice, citando cifras del Centro de Investigaciones de la Comunicación de Nicaragua (CINCO).

¿Por qué la premura del gobierno en echar a andar la construcción antes de fin de año, sin esperar los resultados de algunos peritajes y sin haber llegado a acuerdos definitivos con los grupos indígenas? Sebastian Huhn estima que, en lo tocante a los ambientalistas, de todas formas no hay ninguna perspectiva de entendimiento. “No se puede hacer un megaproyecto así y decir que no tendrá efectos negativos para el medio ambiente. Los tendrá de todas maneras. Lo que hay que hacer es sopesar los pros y los contras. Y los argumentos sociales son muy importantes en Nicaragua”, afirma el politólogo de la universidad de Bielefeld.

¿Boomerang político?

El principal argumento del gobierno y los partidarios del canal es justamente la promesa de crecimiento económico para el país. Se habla de la generación de unos 50.000 empleos para comenzar. Sin embargo, eso no quiere decir que todos beneficien a la población nicaragüense, ya que la empresa china que se adjudicó la concesión, HKND, también quiere contratar trabajadores chinos.

Los opositores al proyecto denuncian que la empresa china tendrá considerables derechos y autonomía, de modo que los críticos hablan de que se está vendiendo el país a un inversionista extranjero, hace notar Astrid Bothmann. Huhn, a su vez, indica que este aspecto político de la protesta hace referencia a la historia del país ya que “eso, en Nicaragua, recuerda inmediatamente a Somoza”.

El presidente Daniel Ortega, en todo caso, parece querer optar por la política de los hechos consumados y emprender cuanto antes las obras. El canal, sin embargo, podría convertirse en un boomerang político. “Cada contratiempo será utilizado contra el gobierno”, advierte Huhn. Y, en vista de la magnitud del proyecto, son muchos los que podrían surgir en el camino: desde un impacto ambiental mayor al admitido por las autoridades, hasta la escalada de conflictos por las tierras, pasando por eventuales aumentos del costo de la obra, cifrado por lo pronto en unos 50 mil millones de dólares.