"En Nicaragua, en el lapso de 22 días, hemos visto el mayor atropello al ordenamiento jurídico a nivel constitucional y de tratados internacionales de derechos humanos", dice a DW la jurista Asunción Moreno.
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Desde octubre del año pasado hasta febrero del presente se aprobaron en Nicaragua una serie de leyes y normativas que han modificado el entramado legal del país, convirtiéndolo en un corset cada vez más estrecho para los opositores.
Resulta difícil definir cuál ha tenido mayor impacto: "Son como parte de un solo puzle”, dice a DW la abogada Asunción Moreno, miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Y, cuando se arma todo el bloque, el cuadro queda claro: "Todas están dirigidas a restringir y prácticamente a anular el ejercicio de derechos civiles y políticos”, afirma la académica, máster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, subrayando: "Para mí es una cadena de ilegalidades y arbitrariedades. En el lapso de 22 días hemos visto el mayor atropello al ordenamiento jurídico a nivel constitucional y de tratados internacionales de derechos humanos”.
A juicio de Esteban Cuya, miembro del Centro de Derechos Humanos de Núremberg, "en realidad, esta situación de ruptura con el Estado de derecho, de reducción de la democracia, es algo que ya se está desarrollando especialmente en los últimos tres años, desde que comenzaron las protestas de la ciudadanía en Nicaragua”. El investigador de derechos humanos indica a DW que "solamente están poniendo sobre el papel lo que ya venían practicando, para darle más visos de legalidad a lo que han estado haciendo para restringir más las posibilidades de la disidencia política”.
Precandidatos "secuestrados" en Nicaragua
De todas formas, sobre la base de las nuevas leyes aprobadas desde octubre, se ha desatado una escalada de represión, en el marco de la cual ya han sido detenidos cinco precandidatos a la presidencia de Nicaragua. Asunción Moreno prefiere decir que han sido secuestrados. Y da sus razones: "Están secuestrados porque fueron detenidos, y sus casas han sido allanadas, sin cumplir con las formalidades que la Constitución política nicaragüense establece”.
Nicaragua en primera persona
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Explica que en los últimos 20 casos registrados desde el 2 de junio, los afectados han sido sometidos a audiencias "secretas, clandestinas” en las que no se respeta su presunción de inocencia, ni se les permitió en ese momento nombrar a sus defensores.
"Lo cierto es que sus familias no han podido verlos. Y, salvo tres excepciones, tampoco los defensores designados por las familias han tenido acceso a entrevistarse con ellos”, dice. Y subraya que "lo más grave es que esas audiencias dan lugar a una resolución judicial que se traduce en una detención preventiva de 90 días, que realmente violenta todo el marco constitucional nicaragüense, porque nuestra Constitución establece 48 horas como máximo de detención para poner a una persona ante la autoridad competente”.
Las nuevas leyes nicaragüenses
Una ley, aprobada a comienzos de febrero, amplía el plazo de prisión preventiva y se incluye en el arsenal de instrumentos legales que el gobierno ha desplegado contra los opositores. El primero fue la ley de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre de 2020, que prácticamente cierra el acceso al financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales. Si reciben fondos del exterior, deben registrarse como agentes extranjeros. "Esa ley les prohibe a los organismos de la sociedad civil de Nicaragua aceptar donaciones del extranjero, o están obligados a declararlos y a explicar en qué las usan; eso está conculcando las posibilidades de trabajar de las ONG que se preocupan de la defensa de los derechos humanos y la educación en democracia”, señala Esteban Cuya.
En la lista se incluye también la nueva Ley Especial de Ciberdelitos, que en su artículo 30, sobre Propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, indica, entre otros puntos: "Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa”.
Además, se suma una enmienda constitucional que permitirá la cadena perpetua por "delitos de odio", definidos en términos generales. La Constitución de Nicaragua contemplaba penas máximas de 30 años de cárcel. y la oposición considera que esta modificación apunta igualmente en su contra. Se añade al listado, además, la nueva "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que inhibe a quienes cometan "traición a la patria” de presentar candidaturas electorales. En esa categoría caen también aquellos "que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
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Bloqueo de la oposición
Los analistas concuerdan en la intención del gobierno de Daniel Ortega de bloquear la vía a los opositores para la contienda electoral de noviembre. Esteban Cuya recuerda que en el pasado "los regímenes dictatoriales en América Latina han recurrido a moficiación de leyes, incluso en conflicto con la Constitución misma del Estado; lo hizo, por ejemplo, en Perú, el régimen de Alberto Fujimori, dictando leyes draconianas para castigar a la oposición cuando reclamaba que se respetara la democracia y el Estado de derecho”. Y subraya que "en el caso de Nicaragua, siendo un régimen dictatorial, no respetan el Estado de derecho; no quieren oposición, de ninguna forma”.
Para Asunción Moreno, "estamos viendo que se ponen todos los obstáculos para que los nicaragüenses, o no participemos, o no tengamos la oportunidad de hacer un cambio de gobierno mediante una vía cívica y pacífica, y eso es realmente lamentable”.
(cp)
Los opositores detenidos por el régimen de Ortega hasta 2021
Oleada represiva en Nicaragua a meses de las elecciones: numerosos activistas, políticos, opositores y candidatos a disputar el sillón presidencial a Ortega en los comicios del 7 de noviembre han sido detenidos.
Imagen: Twitter
Medardo Mairena, sexto aspirante presidencial
El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció el 5 de julio la detención del líder campesino Medardo Mairena, con intenciones de aspirar a la Presidencia por la oposición, y otros tres dirigentes rurales: Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales. Mairena había sido amnistiado tras haber sido condenado a 216 años de prisión (foto) por las manifestaciones de 2018 contra el Gobierno sandinista.
Imagen: Imago/Agencia EFE
Lesther Alemán y Max Jerez, líderes estudiantiles
El líder estudiantil Lesther Alemán (foto), que pidió la rendición al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hace tres años, fue detenido en la noche del 5 de julio, denunció la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenece. Esa misma noche, quedó detenido otro líder estudiantil de la AUN: Max Jérez.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/A. Zuniga
Miguel Mendoza, periodista deportivo
Posteriormente a la detención de María Fernanda Flores, la Policía que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, arrestó el 21 de junio por la noche a Miguel Mendoza, un cronista deportivo que publica comentarios políticos en sus redes sociales, la mayoría críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, y donde tiene miles de seguidores.
Imagen: Twitter
María Fernanda Flores, política y ex primera dama
La política opositora María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), fue detenida el 21.06.2021 junto con el periodista Miguel Mendoza bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, según la Policía Nacional. Flores fue destituida como diputada por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el 26.11.2020.
Imagen: Juan Pablo Aragon/AFP/Getty Images
Miguel Mora, precandidato presidencial y exdirector de 100% Noticias
El periodista Miguel Mora, exdirector del cerrado y ahora exclusivamente digital canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio. Según la Policía, por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares", en base a una ley que el Gobierno de Daniel Ortega aplica a opositores. Ya suman 17 opositores detenidos, de ellos 5 precandidatos presidenciales.
Imagen: 100% Noticias
Luis Alberto Rivas Anduray, banquero
Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, fue detenido el 15 de junio, cuando 26 países de los 34 que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigían al presidente Daniel Ortega la liberación "inmediata" de los múltiples dirigentes opositores, incluidos aspirantes presidenciales, arrestados en lo que va de mes.
Imagen: Carlos Herrera/REUTERS
Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro
Norma Vega, esposa de Pedro Vásquez, quien trabaja como conductor para la candidata presidencial Cristiana Chamorro, denunció que está investigando la desaparición de su esposo, en la noche del 15 de junio, luego de que este estacionara su vehículo en el parqueo de la casa de Violeta Barrios, expresidenta de Nicaragua. Vega cree que su esposo puede estar encerrado en la cárcel El Chipote.
Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller
Víctor Hugo Tinoco, vicecanciller durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), fue detenido el domingo 13 de junio. Según informó la policía nicaragüense, se le acusa de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el gobierno. Una de las hijas Tinoco, denunció en un video que su padre fue "secuestrado" por personas de civil.
Imagen: DW/Eva Usi
Hugo Torres, exgeneral sandinista
Hugo Torres, general en retiro que participó en la revolución sandinista, fue detenido el 13 de junio en Nicaragua bajo el cargo de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Torres es vicepresidente de Unión Democrática Renovadora (Unamos), integrada por críticos del presidente Daniel Ortega.
Imagen: Moises Castillo/AP Photo/picture alliance
Dora María Téllez, cofundadora del MRS
Dora María Téllez fue detenida el 13 de junio. La historiadora fue una de las comandantes de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y ministra de Salud durante la revolución sandinista. Fue cofundadora del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), del que emergió la Unión Democrática Renovadora (Unamos). Se la acusa de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Imagen: Carlos Herrera/dpa/picture alliance
Suyen Barahona, presidenta de Unamos
Suyen Barahona, presidenta de Unamos, fue arrestada el 13 de junio. Previamente grabó un mensaje en que señaló: "Patria libre para vivir. Esa ha sido la lucha de estos tres años: por libertad y justicia, y para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido con esta dictadura". También fueron detenidas la activista Ana Margarita Vigil y la feminista Tamara Dávila,
Imagen: Confidencial/CC BY 3.0
Ana Margarita Vijil, dirigente de UNAMOS
Ana Margarita Vijil Guardián", también dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos) fue detenida el 13 de junio, como Dora María Téllez, Suyen Barahona y Hugo Torres, acusada de incitar a la injerencia extranjera. El operativo dejó acéfala a la agrupación política opositora, de la disidencia sandinista.
Imagen: Carlos Herrera/REUTERS
José Pallais, excanciller de Nicaragua y opositor
José Pallais fue detenido el 9 de junio. Pallais es miembro del bloque opositor Coalición Nacional. Durante las protestas de 2018, fue uno de los interlocutores en el diálogo con el Gobierno. Es investigado por "incitar la intervención extranjera en los asuntos internos", "pedir intervenciones militares" y organizarse con fondos externos para "ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".
Imagen: Inti Ocon/AFP
Félix Maradiaga, politólogo y candidato presidencial
Maradiaga fue detenido el 8 de junio, tras comparecer ante el Ministerio Público. Según la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, Maradiaga está acusado de "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares", y otros delitos.
Imagen: Carlos Herrera/REUTERS
Juan Sebastián Chamorro, economista, primo de Cristiana Chamorro
Juan Sebastián Chamorro García fue detenido el 8 de junio, pocas horas después del arresto de Félix Maradiaga. Chamorro García es primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios. Está acusado, entre otras cosas, de "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos" y "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo".
Imagen: Courtesy of J.S. Chamorro
José Adán Aguerri, economista, expresidente del Consejo de la Empresa Privada
José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, fue detenido el 8 de junio y trasladado a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. El organismo opositor Alianza Cívica denunció que Aguerri, que es miembro de su Comité Ejecutivo, fue "secuestrado" y "se encuentra ilegalmente detenido".
Imagen: Alfredo Zuniga/AP Photo/picture alliance
Violeta Granera, activista y opositora
Violeta Granera fue detenida el 8 de junio, acusada de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares". Según la Policía, "permanece en su casa bajo custodia policial". Granera aspiró a la vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco".
Imagen: Inti Ocon/AFP/Getty Images
Arturo Cruz, exembajador y aspirante a la presidencia
Cruz fue detenido el 5 de junio. Se lo investiga por violar la "ley de defensa de los derechos del pueblo y la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz", acusaciones que lo inhabilitarían para cargos públicos. Cruz oficializó sus aspiraciones presidenciales en abril. También es académico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y analista político.
Imagen: Arturo Cruz/Facebook
Cristiana Chamorro, principal rival de Ortega en las elecciones
Chamorro fue detenida el 2 de junio y se encuentra bajo arresto domiciliar. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la rival con más posibilidades de vencer a Ortega. Chamorro es investigada por un caso de presunto lavado de dinero, por el que ha sido inhabilitada para participar en la contienda electoral por "no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos".