Al cumplirse 11 meses de la crisis política que aqueja a Nicaragua, el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica (AC) volvió a quedar paralizado este lunes (18.03.2019), mientras organizaciones populares llamaron a continuar protestando en las calles contra el presidente Daniel Ortega.

Las pláticas que iniciaron el 27 de febrero debían reanudarse en una escuela de negocios al sur de Managua. Sin embargo, los delegados de la oposición no se hicieron presentes y pidieron la intervención de la OEA y del nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, para ayudar a salir de este nuevo impasse.

Tras los sucesos del fin de semana, cuando la Policía impidió una manifestación opositora y capturó con violencia a más de un centenar de personas en Managua y otras ciudades, los  directivos de la AC rehusaron volver a conversar con los representantes oficiales.

"Violenta represión” contra manifestantes civiles

En un comunicado leído en rueda de prensa, la AC condenó "enérgicamente la violenta represión” del sábado anterior contra manifestantes civiles, que dejó según sus cifras 164 detenidos, incluyendo a varios líderes estudiantiles, políticos y sociales.

El Gobierno informó, por su parte, que la Policía arrestó a 107 personas, que horas después liberó. Desde septiembre pasado, la Policía prohíbe la realización de manifestaciones opositoras.

También este lunes, el Gobierno emitió un comunicado acusando a los negociadores de la AC de haber participado en la protesta del sábado en una actitud "inconcebible, contradictoria e insólita”, formando parte "de una provocación y alteración del orden público”.

Algunos representantes opositores en el diálogo, como el político José Pallais, la abogada Azahálea Solís, el empresario Juan Sebastián Chamorro y media docena de líderes estudiantiles participaron en la protesta, e incluso varios de ellos fueron arrestados.

Opositores expresan "frustración”

En su comunicado de prensa, la AC expresó "frustración” por el hecho de que el diálogo "no ha producido los resultados” esperados, y porque más de 700 personas siguen detenidas desde que comenzaron las protestas el 18 de abril del año pasado.

"Al día de hoy el Gobierno tiene a más de 700 presos políticos simplemente por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, el respeto absoluto a sus derechos, así como el cese de la represión”, indicó el informe.

"El Gobierno debe demostrar voluntad política para superar la crisis, y solicitamos a los testigos y acompañantes facilitar la construcción de un ambiente propicio para el diálogo”, agregó, en alusión al nuncio Sommertag y al enviado de la OEA, Luis Rosadilla.

Los opositores agradecieron especialmente a Sommertag por "su importante contribución” en la excarcelación de unos 160 presos desde el 27 de febrero y por ayudar a evacuar a personas cercadas por la Policía durante la protesta del sábado.

El representante del papa Francisco, por su parte, se presentó este lunes ante los periodistas para pedir "prudencia y paciencia” ante su gestión, que, según dijo, pretende liberar a más personas detenidas.

Sommertag reaccionó molesto ante las críticas que aparecieron la última semana en medios de prensa y redes sociales, en forma de memes y caricaturas, señalándolo por presunta "parcialidad” en favor del Gobierno.

Las críticas surgieron después de que una estudiante excarcelada relató que el nuncio, en una reciente visita a la cárcel, había instado a ocho mujeres presas a deponer una huelga de hambre porque "entorpecían la negociación”.

"Yo no tengo intereses”

El embajador del papa aseguró que él tiene "un canal de comunicación” directa con el Gobierno. "Estoy poniendo toda mi alma para una causa que no es mía (…) Yo no tengo intereses, ustedes sí los tienen, ¿quieren que este país salga de esta situación o quieren estar viviendo otros 10 meses” en crisis?, preguntó.

"Yo tengo una comunicación con el Gobierno para hacer cosas que ustedes no saben, porque no tienen que saber (…) Eso no significa que estoy de un lado o del otro. Yo no soy neutral frente al sufrimiento de un pueblo, pero soy imparcial”, aseveró el religioso.

Mientras, en otro sector de Managua, líderes de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a la que pertenece la Alianza Cívica y otras 40 agrupaciones sociales, anunciaron que volverán a realizar nuevas protestas en las calles.

"No se puede dialogar con una pistola en la cabeza. No nos vamos a desmovilizar, seguiremos protestando y lo haremos de manera más visible en los próximos días”, dijo la dirigente política opositora Violeta Granera.

Ortega busca demostrar fuerza

La forma en que la Policía actuó contra los manifestantes el fin de semana fue ampliamente criticada en sectores políticos, sociales y religiosos. "Ortega tuvo la posibilidad de permitir que la gente realizara la manifestación y así hubiera mostrado al mundo que tiene buena voluntad, pero no lo hizo”, comentó la excomandante guerrillera Dora María Téllez, que a mediados de la década de 1990 fundó un movimiento renovador del sandinismo.

Según analistas, al  pretender mostrar una imagen de fuerza ante sus bases y a sus aliados en el hemisferio (Cuba y Venezuela), Ortega se expuso paradójicamente a nuevas condenas de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y Gobiernos como Estados Unidos y España.

"Así no se negocia (…) Prohibir manifestaciones es restringir la libertad”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado español Ramón Jáuregui, quien en enero encabezó una misión del Parlamento Europeo que visitó las cárceles de Nicaragua.

Para el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, la Policía dio "una imagen vergonzosa hacia el exterior” al reprimir con violencia a los manifestantes. Un sacerdote católico también fue  detenido y posteriormente liberado el sábado.

"La única salida a la crisis política que vivimos es un diálogo de verdad, donde se pase del grito a la palabra, sin tácticas dilatorias, donde no se busque desprestigiar y debilitar a la otra parte”, dijo el domingo monseñor Báez, uno de los obispos más críticos del Gobierno.

Aunque abogó por la continuidad del diálogo, el religioso pidió al Gobierno atender los reclamos en el tema de las libertades fundamentales. "Los derechos humanos y la libertad no se negocian (…) Los presos tienen que salir todos, y ya”, advirtió.

En el mismo sentido, el veterano catedrático Carlos Tunnermann, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, lamentó que la Policía reprimiera y encarcelara a los manifestantes. "Ortega le está poniendo una lápida a la negociación que él mismo convocó”, sostuvo.

La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril con protestas sociales que fueron violentamente sofocadas por la Policía y paramilitares, con un saldo de al menos 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de  la OEA.

(few)

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