"Nací en Brasil, pero renací en Nicaragua”, solía decir divertida Raynéia Gabrielle Lima, la estudiante de 31 años que murió baleada por presuntos paramilitares la madrugada del 23 de julio de 2018. Llevaba seis años viviendo en Managua, donde practicaba yoga, amaba el mar y estaba a punto de graduarse de medicina.

El crimen de la brasileña volvió a los titulares en estos días, con un anuncio sorprendente: el asesino confeso de Raynéia era puesto en libertad por un tribunal capitalino, bajo el amparo de una amnistía aprobada para beneficiar, supuestamente, a quienes participaron en protestas sociales el año pasado.

"Raynéia se hubiera graduado este sábado junto a sus compañeros, era lo que más quería”, comenta con tristeza a DW Ernesto Medina, que siendo rector de la Universidad Americana (UAM) estampó su firma en el título de Doctora en Medicina, impreso en forma póstuma, y lo envió hasta Pernambuco, en un intento por consolar a María José da Costa, la madre.

A Medina lo llamaron angustiados varios compañeros de la estudiante, que esa noche hacían guardia en el Hospital Militar y a quienes les tocó recibirla, agonizando. "Su muerte causó un impacto terrible en la comunidad universitaria”, dice.

No está claro si Raynéia llegaba o salía de la casa de su novio nicaragüense, cuando fue alcanzada por un disparo letal. La bala la alcanzó tras perforar la puerta del vehículo que ella conducía en el reparto Montserrat de Managua, una zona supervigilada por la Policía después de que cientos de estudiantes permanecieran atrincherados en las universidades cercanas, durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Lo que sí se sabe es que el novio de la brasileña, testigo clave del asesinato, les contó a varias personas lo ocurrido. Horas después comenzó a recibir amenazas y huyó del país con su familia. Ese mismo día llamaron a María José da Costa para darle la  mala noticia. Sus primeras palabras fueron: "Pasé casi cuatro años sin ver a mi hija y ahora la veré en un ataúd".

Un proceso anómalo

Da Costa recordó que la joven le había prometido regresar a Brasil apenas terminara la carrera. Había puesto todo el empeño en su vocación de sanar a los demás, motivada tal vez por el oficio de enfermera de la madre.

"Cuando tenía cinco años decidió que quería ser médica. Recuerdo que una vez tomó una revista con un diseño de corazón y me dijo: ‘mamá, voy a ser doctora de corazón'”, relató Da Costa a medios brasileños, negándose a aceptar la peor tragedia de su vida.

Ante la creciente protesta de los organismos de derechos humanos y del gobierno de Brasil, la policía nicaragüense prometió  investigar y a los pocos días detuvo a Pierson Gutiérrez, un instructor de defensa personal que se declaró autor del hecho y fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio y posesión de armas.

"Todo este proceso ha sido una farsa y nadie tiene evidencia de que ese hombre haya estado preso un solo día”, asegura el exrector Medina, al cuestionar la excarcelación anunciada precisamente el 23 de julio, cuando los amigos de la brasileña se reunían para recordar el aniversario de su asesinato.

Los abogados recuerdan que el caso se tramitó en un juzgado a puertas cerradas y la sentencia se dictó en media hora. La Fiscalía nicaragüense, que debía representar a la madre de la fallecida, jamás se comunicó con Da Costa, según ha dicho la mujer.

Para el abogado Boanerges Fornos, amparar la liberación de Pierson Gutiérrez en la ley de amnistía no es sino una perversión jurídica, toda vez que la autoridad judicial admitió que el caso no estaba vinculado a las protestas ni era un crimen político.

"En el momento que ocurrieron los hechos, el sistema de justicia admitió el caso como un delito común. Liberarlo ahora (al detenido) marca un antecedente de impunidad”, declaró Fornos a la prensa.

La reacción de los defensores de derechos humanos no se hizo esperar. "Es una barbaridad, es verdaderamente indignante y grotesco”, protestó Vilma Núñez, presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

"Aquí ha empezado a funcionar la auto-amnistía del gobierno, para favorecer a los culpables de los crímenes más atroces”, añadió. Núñez resaltó que Gutiérrez fue el único paramilitar o policía detenido en el marco de las protestas, por las que el gobierno mandó a la cárcel a más de 770 manifestantes.

"La impunidad de la ley de amnistía en Nicaragua es inaceptable”, reaccionó por su parte el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao. "Esta decisión confirma nuestra denuncia de la ruptura del estado de Derecho y la ausencia de independencia judicial en Nicaragua. Lo más probable es que este caso sea llevado a las instancias internacionales", advirtió Abrao, tras demandar justicia por la muerte de su compatriota.

El mensaje de Ortega

Abrao visitó Managua el año pasado, con un equipo que entrevistó a numerosas víctimas civiles de lo que la CIDH ha llamado "violencia estatal”. La Comisión documentó al menos 325 muertos y más de 2.000 heridos a manos de las fuerzas del gobierno, además de una cantidad de exiliados que ya supera los 62.000.

También Brasil protestó por la amnistía concedida a Pierson Gutiérrez, indicando que revela "el deterioro de las instituciones en Nicaragua y demuestra un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales en ese país”.

"El gobierno brasileño reitera al gobierno de Nicaragua la necesidad de restablecer de inmediato todas las garantías ciudadanas de un estado de derecho pleno, para que el país pueda regresar a la convivencia democrática”,  indicó un comunicado oficial.

A su vez, la madre de Raynéia Gabrielle, quien días antes había pedido "que su muerte no haya sido en vano y los culpables sean castigados”, expresó: "Es una vergüenza para las autoridades nicaragüenses que (alguien) que mató a otro ser humano, que pudo ser mi hija u otra persona, salga completamente libre sin ningún tipo de castigo”.

María José da Costa también lamentó el presunto desinterés del gobierno brasileño, que "se cerró a revisar el caso” alegando que el crimen no ocurrió en ese país. "Bien podrían entrar con una acción internacional y presionar al gobierno de Nicaragua para que la verdad salga a luz”, dijo la mujer, quien ha anunciado que escribe un libro sobre su hija y las circunstancias de su muerte.

Mientras un grupo de abogados nicaragüenses se organizan para apoyar a la familia de la víctima, la resolución judicial favorable al asesino confeso hace temer a la oposición la persistencia y el aumento de la impunidad en el país.

"Con esta aberración jurídica, Daniel Ortega está enviando un mensaje claro: todos aquellos involucrados en masacres tienen carta blanca para continuar la represión y nadie que haya asesinado podrá ser enjuiciado, mucho menos condenado”, opinó Ernesto Medina.

"Ortega también quiere dejar claro que no tiene interés alguno de dialogar para acabar con esta crisis. Su intención es fortalecer el Estado de impunidad”, apuntó el exrector, miembro del equipo de la opositora Alianza Cívica en la última negociación con el gobierno, trancada desde mayo pasado.

Autora: Gabriela Selser (dzc)

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