Cerca de 1.500 millones de dólares en inversión extranjera directa captó Nicaragua el año pasado, según datos de la agencia estatal ProNicaragua. La cifra supone un incremento del 12 por ciento con respecto al año anterior y da indicios de confianza en una economía que este año habría de crecer entre un 4,5 y un 5 por ciento, de acuerdo con las previsiones del Banco Central nicaragüense.

Desafina en este contexto la retórica anticapitalista del presidente Daniel Ortega, resabio de la revolución sandinista de hace 35 años, con la que sigue arropando su discurso político. Analistas afirman, sin embargo, que poco hay de continuidad con el proyecto de los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que el 19 de julio de 1979 entraron victoriosos en Managua, acabando con décadas de dictadura somocista.

Lo que quedó de la revolución

Quizás por ello, sus compañeros de antaño se han convertido en los más severos jueces del actual gobierno de Ortega. Por ejemplo, Mónica Baltodano, dirigente del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, opina que “nunca antes en Nicaragua había sido tan fuerte el capitalismo”. Una apreciación que comparte Astrid Bothmann, investigadora asociada del German Institute of Global and Area Studies GIGA y encargada de proyectos del área de Gobernanza en la fundación Zeit, de Hamburgo. “El gobierno predica siempre un modelo socialista, pero en el fondo aplica políticas bastante neoliberales. La brecha entre ricos y pobres es muy grande y precisamente los dirigentes sandinistas se volvieron muy ricos con la ‘piñata' de 1990”, señala, haciendo referencia a la repartición de propiedades entre líderes sandinistas antes de la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro.

¿Qué ha quedado de la revolución sandinista, tres décadas y media después? “La ausencia de dictadura”, responde escuetamente Bernd Overwien, profesor de Educación Política de la Universidad de Kassel, acotando que, sin embargo, “el país tampoco se ha vuelto tan democrático como esperaban los revolucionarios de entonces”. Overwien, quien en su juventud participó en Berlín en un comité de solidaridad con Nicaragua y estuvo en el país el 84, durante la guerra con los contras, indica que “con el correr de los años, a partir de la pérdida del poder en 1990, en el partido sandinista se produjo un alejamiento de las fuerzas que querían fortalecer los derechos de la mujer o que defendían la democracia de base y los movimientos comunales”.

Pactos de poder

Astrid Bothmann no va tan lejos como Ernesto Cardenal (poeta, teólogo y emblemática figura de la lucha contra Somoza), quien ha llegado a calificar a Ortega de "dictador". “Yo diría que el gobierno se ha vuelto cada vez más autoritario; ha sido un proceso político lento”, afirma. Sitúa su punto de partida en el “pacto” de Ortega con Arnoldo Alemán, que entonces era el jefe del Partido Liberal Constitucionalista, en virtud del cual sandinistas y liberales “se repartieron el poder en las principales instituciones, como el Consejo Supremo Electoral, o la Corte Suprema”. La analista hace referencia también a las múltiples denuncias de fraude electoral de los años pasados y a la reelección de Daniel Ortega en 2011, indicando que ésta solo fue posible gracias a que la Corte Suprema echó por tierra una prohibición constitucional de gobernar dos períodos consecutivos. Más adelante se aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida.

Según Overwien, Ortega se ha convertido en una figura ávida de mantener el poder, que llegó con relativa facilidad a acuerdos con antiguos adversarios. En este contexto menciona también su acercamiento a la Iglesia Católica, que se selló con el apoyo sandinista a la aprobación de una de las leyes contra el aborto más severas del mundo.

“Es un régimen más bien populista, que tiene una relativamente buena política social, pero de todas las esperanzas de democracia de entonces ha quedado poco”, sostiene el académico de Kassel. Los programas impulsados como “hambre cero”, o el programa de educación escolar “yo si puedo”, dan cuenta de la orientación social del gobierno Ortega. Pero sus críticos los califican de “asistencialismo”. “No hay empoderamiento para que la gente pueda salir por si misma de la pobreza”, dice Astrid Bothmann, concluyendo que en Nicaragua “la retórica de la revolución todavía se utiliza, pero ya no es un proyecto social revolucionario”.