Después de prohibir las procesiones religiosas y expulsar de Nicaragua a decenas de monjas y sacerdotes, el gobierno de Daniel Ortega investiga a las autoridades católicas por supuesto "lavado de dinero”. Según analistas, el régimen busca "acorralar y destruir” a la Iglesia para imponer definitivamente un sistema "totalitario”, donde no exista el más mínimo disenso.

"Jamás en cuatro siglos ha habido una persecución semejante. La iglesia ha sido satanizada y ahora se le acusa de promover el terrorismo, lavar dinero y esconder armas”, señala el exministro de Educación nicaragüense Humberto Belli (1990-1997) en una entrevista con Deutsche Welle.

Autor del libro Buscando la tierra prometida - 1492-2019, historiador y experto en asuntos religiosos, Belli acusa a Ortega de haber expulsado del país a 36 monjas y 77 sacerdotes, mientras cierra canales de televisión y radioemisoras católicas en todo el país.

"Y en los últimos días han confiscado colegios católicos y cerrado cuentas bancarias de las diócesis, creando un grave problema para la manutención de las parroquias y las escuelas que ellas administran”, señala.

Ortega asegura que la Iglesia fue parte de un "fallido golpe de Estado”, como su gobierno llama a la rebelión social que lo puso en jaque en abril de 2018 y que generó la crisis política más grave de las últimas décadas en Nicaragua. "Son demonios con sotana”, ha dicho de los obispos el gobernante sandinista.

"Ellos pretenden destruir a la iglesia católica, reducirla a su mínima expresión, como parte de una estrategia que va más allá de la persecución política. Es en realidad una persecución religiosa y lo peor está por venir”, dice Humberto Belli.

Y aventura escenarios: "Van a confiscar los bienes de la iglesia, seguirán expulsando sacerdotes y cerrarán todos los colegios católicos del país”. El propio Belli se vio forzado al exilio hace dos años, cuando el gobierno involucró en una trama de corrupción a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en la cual laboraba.

"Nadie está a salvo”

Tras el encarcelamiento del obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, condenado en febrero a 26 años de prisión por negarse a ser desterrado junto a 222 opositores, Belli no descarta que Ortega pueda encarcelar incluso a otras figuras de la Iglesia poco críticas del gobierno, como el cardenal Leopoldo Brenes o el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Herrera.

"Nadie está salvo, y ellos pueden hacer cualquier cosa”, dice sobre Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Durante la revolución sandinista (1979-1990), Daniel Ortega y el directorio de nueve comandantes impusieron la censura de prensa y amenazaron a la Iglesia. Sin embargo, para Belli, los hechos de entonces no tienen parangón con los actuales.

"Lo que está ocurriendo en Nicaragua es un cambio profundo de modelo político. Ya no se trata de imponer un sistema arbitrario o autoritario, sino que han optado por un modelo totalitario, similar al de Cuba, y dinástico como el de Corea del Norte, orientado a que no exista ninguna organización independiente”, afirma.

Eso explica, a su juicio, la clausura de más de 3.000 ONG en los últimos dos años, la ilegalización de la principal central patronal del país, la estatización de las universidades y el reciente cierre de la Cruz Roja Nicaragüense: "Es un modelo que suprime todo lo que no esté supeditado al Estado. Y como es difícil que la Iglesia se someta al gobierno, quieren debilitarla, dejarla en el suelo, en quiebra y con la mayoría de sus sacerdotes expulsados, presos o exiliados”.

En el reciente artículo "El dinero bajo la sotana”, el portal oficial El 19 Digital señaló que la Iglesia católica está siendo investigada por "el tránsito de varios millones de dólares” que entraron "ilegalmente al país”. El texto dice que obispos y sacerdotes actuaron como "testaferros” de dirigentes políticos opositores, a quienes Ortega desterró y despojó de su nacionalidad nicaragüense este año.

"Es algo siniestro”, afirma Belli, al señalar que el documento anuncia posibles nuevas confiscaciones al amparo de otra supuesta "línea” de investigación: ”Tierras y bienes inmuebles a nombre de obispos, sacerdotes y testaferros, que primero fueron adquiridos y luego transferidos ilegalmente. Se trata de decenas de miles de hectáreas ubicadas en zonas rurales, urbanas y semiurbanas de todo el país”, refiere el artículo.

Más de 500 ataques a la Iglesia

Según la abogada Martha Molina, autora de la investigación "Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?", el gobierno de Ortega ha obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde la revuelta social de 2018. De ellos, al menos 48 han sido expulsados y desterrados, 17 se marcharon al exilio para salvar su vida y a 12 más se les prohibió ingresar a Nicaragua.

Entre los expulsados figuran nada menos que el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag (en marzo de 2022) y Marcel Diouf, secretario de la Nunciatura (marzo 2023), después de que Ortega decidiera "suspender relaciones” con el Vaticano porque el papa Francisco calificó a su régimen como "una dictadura grosera”.

Molina documentó en su informe 529 agresiones a la Iglesia católica en los últimos cinco años, entre arrestos de sacerdotes, atentados y profanaciones de templos. Entre los más dramáticos figura la destrucción de la venerada imagen de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua, en julio de 2020, y el ataque a la iglesia Divina Misericordia dos años antes, con más de 150 jóvenes universitarios refugiados en su interior, dos de los cuales fueron asesinados.

Solo en abril anterior, la Policía prohibió las tradicionales procesiones de Semana Santa (más de 3.000 a nivel nacional, según Molina) y detuvo al periodista Víctor Tikay, que intentó cubrir una de las romerías en el sur del país. Tikay está preso y la semana pasada fue condenado por "ciberdelitos” y "conspiración”.

A juicio de Belli, el futuro pinta sombrío para las nuevas generaciones. Sin embargo, opina que "a la juventud y a la niñez no la van a poder comprar, ni seducir, ni indoctrinar” porque "hay una enorme resistencia callada entre los jóvenes, parte de la cual explotó en 2018, y ahora es mucho más fuerte”.

Además, agrega, "para indoctrinar a una población se necesita una ideología con arrastre, con poder de convicción. La tuvo el régimen sandinista en la década de 1980, con una convicción revolucionaria fuerte y contagiosa que ya no existe. Lo que existe hoy es un gangsterismo, un régimen familiar y un partido sin ideología. Una mafia en el poder”.