El diálogo se inició el 27 de febrero y dos semanas después las partes aprobaron una agenda de cinco temas, el primero de los cuales sería la liberación definitiva de todos los detenidos por participar en protestas sociales. Se trata de 802 personas, según la oposición, de las cuales unas 150 han salido bajo libertad condicional.

En un sorpresivo anuncio, el gobierno de Daniel Ortega se comprometió el 20 de marzo a excarcelar a todos los reos políticos en un plazo no mayor de 90 días. Sin embargo, todavía ninguno ha sido liberado.

La demora se atribuye al hecho de que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), invitado a supervisar el proceso, debe conciliar tres listas de prisioneros: del gobierno, de la AC y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha dado seguimiento a la crisis que estalló hace casi un año, el 18 de abril.

El Comité de Familiares de Presos Políticos rechazó el plazo de tres meses y exigió reducirlo a dos semanas. Ante los reclamos, el negociador opositor Mario Arana adujo que los 90 días fueron acordados entre el gobierno y un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la AC simplemente lo acató. La revelación desató nuevas críticas.

"Todos sabemos que Ortega de un plumazo puede resolver este asunto. Basta con que la Corte Suprema de Justicia adopte un fallo anulando todos los juicios y sanseacabó. Se trata de querer, o de no querer. Si no lo hace es porque no quiere”, comentó el ex diputado y analista político Enrique Sáenz.

Consultado por DW, Sáenz criticó la falta de presión sobre el gobierno para que cumpla sus compromisos. "¿Los familiares de los prisioneros están obligados a aceptar el plazo de 90 días o deben demandar la liberación inmediata? ¿Estamos obligados a aceptar que la Alianza Cívica haya dejado en el olvido puntos como el retorno de los organismos de derechos humanos internacionales?”, se preguntó.

La oposición asegura que pidió la incorporación de una delegación de la CIDH a la mesa, pero esa demanda tampoco ha sido atendida.

"La razón contra el poder”

El segundo punto de la agenda es el tema de las libertades y garantías fundamentales, que empezó a discutirse el lunes y según los opositores les permitiría "recuperar las calles”, toda vez que la Policía autorice las manifestaciones antigubernamentales, prohibidas desde septiembre. Sin embargo, este acuerdo tampoco se ha alcanzado, dijo el universitario Max Jerez, miembro del equipo negociador de la AC.

Otro tema pendiente es el cese de las capturas de opositores, que siguen denunciándose. Más aún, dos jóvenes excarcelados y puestos bajo arresto domiciliario  fueron nuevamente detenidos en los últimos días, según la prensa.

Para Julio Montenegro, abogado defensor de manifestantes presos, "el Estado debe garantizar condiciones de seguridad de cada uno de los detenidos”, evitando nuevos arrestos y eventuales ataques de elementos fanatizados.

Las partes tampoco abordan todavía el desarme de grupos paramilitares que operaron junto a la Policía en la captura de cientos de personas y cuya presunta responsabilidad en crímenes ha sido señalada por la CIDH.

Voces opositoras han exigido a la AC más firmeza para reclamar la libertad de los reos, el retorno de más de 50.000 exiliados y el ejercicio de las libertades fundamentales. "Lo que demandamos es que la Alianza hable por esos derechos, los peleen y los establezcan en la mesa”, afirmó la ex guerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez.

En el diálogo también se discutirá una reforma electoral, en la cual la AC plantearía su demanda de "comicios libres y anticipados”. Pero Ortega ha dicho que no piensa abandonar el gobierno y que las próximas elecciones están previstas para el año 2021.

"Aquí estamos enfrentados la razón contra el poder, y eso marca la lógica de este diálogo”, sentenció el político y ex diputado liberal José Pallais, otro de los negociadores de la AC, al desestimar el plazo del 28 de marzo dado para la firma de acuerdos.

"No estamos desesperados por llegar a cualquier acuerdo. Queremos un acuerdo que funcione, que traiga paz, estabilidad y que sea aceptado por los nicaragüenses y por la comunidad internacional”, dijo Pallais, quien fue vicecanciller durante el gobierno de Violeta Chamorro (1990-1996).

Parlamento Europeo espera avances

En entrevista con DW, el diputado español Ramón Jáuregui, quien a fines de enero encabezó una delegación del Parlamento Europeo que visitó las cárceles de Nicaragua, dijo tener "un razonable escepticismo” frente al proceso de diálogo, donde el gobierno está negociando "forzado por las circunstancias políticas y económicas que vive el país”.

"La presión internacional es muy fuerte e irá a más. La crisis económica es muy grave también y generará crecientes descontentos sociales. La situación crítica de Venezuela tampoco les ayuda”, razonó.

Para Jáuregui, "la libertad de los presos políticos es condición sine qua non para que las negociaciones avancen”. Consultado sobre si confía en que Ortega cumplirá ese compromiso, dijo no "despreciar los gestos en esta dirección”.

Tras la visita a Nicaragua, el Parlamento Europeo solicitó a los países del bloque disponer sanciones económicas a funcionarios y allegados de Ortega, lo cual tampoco ha sido acordado por la UE.

"Cuando la UE lo acuerde, los Estados miembros deberán aplicarlo”, dijo Jáuregui, si bien aclaró que el proceso de sanciones "avanzará en función de la marcha de las negociaciones”.

A su juicio, el diálogo tendrá que culminar con "un acuerdo en torno a las condiciones de transparencia e igualdad de las próximas elecciones, así como el calendario electoral”, pero esto también dependerá de factores externos e internos.

"Quiero creer que el gobierno será capaz de comprender que esa es la única salida a una crisis interna que divide el país y lo arruina, y quiero creer, también, que la oposición será capaz de vertebrar sus muy diferentes y heterogéneos componentes y aceptar acuerdos que permitan este tránsito a la libertad y a la democracia”, subrayó.

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(er)