No habrá transmisión en vivo de las pláticas ni delegaciones numerosas. Tampoco será un diálogo, sino una “negociación” sin pre-condiciones ni fecha límite. El anuncio de las pláticas que iniciarán la próxima semana entre el presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica abrió en Nicaragua más dudas que certezas.

Ortega, el ex guerrillero de 73 años cuya salida del poder exigieron desde abril pasado miles de nicaragüenses en manifestaciones cívicas multitudinarias, declaró públicamente el jueves que su gobierno está listo para abrir “una mesa para la negociación” con sus adversarios.

Aunque en su discurso Ortega no los identificó, tras el anuncio oficial la Alianza Cívica presentó mediante un comunicado a su “equipo negociador”, formado por seis titulares y seis suplentes, en su mayoría ligados al sector privado y con escasa presencia de mujeres y de jóvenes. Ningún representante del sector campesino, seis de cuyos máximos líderes están presos, fue inscrito en la delegación opositora.

Tanto el presidente como la coalición no hablaron de “diálogo” sino de “negociación”, lo que generó más suspicacias en sectores políticos y de la sociedad civil que comenzaron a demandar “transparencia” e información sin límites de lo pactado y de los futuros acuerdos.

Fue el propio Ortega quien divulgó la fecha de la primera sesión –arrancará el próximo 27 de abril--  y mencionó a los “testigos”, entre ellos el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, mismos que acompañaron  hace una semana a seis poderosos empresarios en un primer acercamiento al gobernante.

¿Una nueva ruta?

“Y llegó el cardenal y el nuncio, como testigos, para que podamos abrir una nueva ruta, porque no podemos regresar a la situación anterior”, dijo el mandatario en alusión al diálogo nacional que se instaló el 16 de mayo y finalizó el 9 de julio.

En aquella primera sesión, a un mes de iniciadas las protestas y cuando los muertos sumaban más de 40, el estudiante Lesther Alemán, de 20 años de edad, conminó a Ortega a “rendirse” y a ordenarle a la Policía cesar sus ataques contra cientos de jóvenes atrincherados en las universidades.

Rodeado de decenas de estudiantes entre los más de 40 delegados de la Alianza Cívica, encontró por respuesta el silencio presidencial. “Esta es una mesa para negociar su salida, y usted lo sabe bien”, le dijo a Ortega el joven, quien como muchos de sus compañeros tuvo que huir al exilio y está temporalmente en Estados Unidos.

En declaraciones telefónicas a DW, Alemán se mostró optimista frente a lo que, aclaró, “es una negociación” en la que la Alianza Cívica buscaría, como primer objetivo, la liberación de los presos políticos que según la oposición suman más de 770.

“Este nuevo escenario es positivo, porque Ortega sabe que está acabado. La comunidad internacional tiene los ojos en este proceso y apoya las principales y más urgentes demandas de la Alianza: liberación de los presos políticos, restablecimiento del orden democrático y adelanto de elecciones con todas las garantías”, afirmó.

Aunque no detuvo la crisis y le dio tiempo a Ortega de organizarse y aplacar las protestas con la fuerza de las armas, el diálogo de 2018 permitió la llegada al país de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) , que durante meses documentaron numerosos crímenes de lesa humanidad. Según la CIDH, la represión estatal dejó al menos 325 muertos, miles de heridos y más de 52.000 exiliados.

Al anunciar las nuevas pláticas, Ortega dijo que el gobierno tiene “voluntad” y hace esfuerzos “para que se pueda instalar la mesa para la negociación”, aunque advirtió que “ya no (será) con esa multitud, tampoco con medios de comunicación”.

Nadie ha dicho todavía cómo se transmitirá la información de lo que ocurra en las negociaciones. Tampoco se sabe qué pasó con los pre-requisitos que organizaciones opositoras habían puesto al diálogo: liberación inmediata de todos los detenidos, irrestricta libertad de prensa y de movilización, y reforma electoral, entre otros puntos.

“Ya no hay condiciones, sino que esos puntos se discutirán como parte de la agenda”, dijo a DW la abogada feminista Azahálea Solís, una de las figuras destacadas de la Alianza Cívica, que sin embargo ahora aparece entre los negociadores suplentes.

La líder campesina Francisca Ramírez grabó un vídeo desde Costa Rica, advirtiendo que la organización a la que pertenece, la Articulación de Movimiento Sociales, “no aceptará un diálogo de cúpulas”. Recordó que hace menos de una semana, tres dirigentes del  movimiento campesino  fueron castigados con condenas que van desde los 159 y los 216 años de cárcel, las más altas impuestas en la historia judicial reciente.

Respeto a los derechos humanos

Promotores de derechos humanos consideran que la liberación de los detenidos es un tema “ineludible” en la agenda y debe ser resuelto a la brevedad. “Los derechos humanos no son negociables y por tanto son requisitos que deben cumplirse  antes de un diálogo”, indicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado.

La activista Sara Henríquez, exiliada en Italia, dijo temer que la nueva negociación mejore la deteriorada imagen de Ortega, logrando apaciguar incluso a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea que han amenazado con aplicar duras sanciones a su gobierno.

Consultada por DW, Henríquez opinó que la Alianza Cívica debió exigir la presencia de la CIDH y la OACNUDH como “garantes”  de cualquier  diálogo o negociación. “No podemos darle un cheque en blanco al régimen, ellos son hábiles y están acostumbrados a mentir, podemos quedar en el limbo como le pasó a los venezolanos”, dijo la feminista, sin dejar de criticar también la composición del grupo negociador de la oposición: “La mayoría son machos”, protestó.

Otras voces expresan preocupación también por los mediadores, tras conocerse que el obispo católico Silvio Báez, muy beligerante contra el gobierno, no fue incluido entre los “testigos”. Junto al cardenal y al nuncio se incluyó sin embargo al obispo Rolando Alvarez, una voz también crítica en la Conferencia Episcopal.

Por su lado, el gobierno busca encarar la futura negociación a partir de un borrón y cuenta nueva, algo que la oposición rechaza tajantemente. “Vamos a dejar atrás el dolor y el sufrimiento, para seguir adelante por más victorias”, declaró a la televisión la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

El gobierno no ha anunciado si dará pasos previos a la negociación, pero el abogado Julio Montenegro, defensor de decenas de manifestantes presos, dio a conocer este viernes la sorpresiva suspensión de varias audiencias judiciales.

Dijo que se cancelaron los juicios de los líderes campesinos Lenner Fonseca y Freddy Navas, de los  dirigentes universitarios Edwin Carcache y Byron Estrada, y la audiencia contra Amaya Coppens, la carismática joven belga-nicaragüense que rechazó una oferta de miembros del Parlamento Europeo para gestionar su libertad: “Gracias, pero yo no salgo si no salen todos los presos políticos”, les dijo la estudiante de medicina de 21 años.

“Puede ser coincidencia, pero  hay mucha expectativa de los familiares de los detenidos, piensan que esto puede ser una señal”, opinó Montenegro sobre la suspensión de los juicios. Mientras, en las redes sociales circulaban versiones sobre una posible “liberación masiva de reos políticos” no condenados, aunque eso no fue confirmado oficialmente.

Pese a ello, este mismo viernes “turbas” sandinistas atacaron en un mercado de Managua al defensor de derechos humanos Pablo Cuevas y a periodistas de cuatro medios independientes, a quienes golpearon y les robaron sus teléfonos celulares.

En una declaración desde Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la “criminalización de la disidencia en Nicaragua”.

La ex presidenta chilena le pidió a Ortega “una revisión independiente” de las condenas a líderes y activistas opositores, y advirtió que estos hechos “dificultan claramente la creación del entorno propicio para mantener el diálogo genuino e inclusivo que el gobierno dice querer”.

(dg/eal)

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