Hay reticencias entre las partes que han de sentarse ante la mesa de diálogo. Sobre todo por los al menos 29 muertos en la represión. La posibilidad de un diálogo fructífero pasa por la mediación de la Iglesia.
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Varios operarios limpiaban las pintadas de "¡Fuera Ortega!” en la rotonda Rubén Darío del centro de Managua, mientras en una plaza cercana todavía yacía en el suelo uno de los ‘Árboles de la Vida' –gigantes figuras de hierro– derrumbados por los manifestantes durante los últimos seis días de protesta. Nicaragua toma aire tras el anuncio de diálogo ayer (24.04.2018) entre el Gobierno y los opositores en una mesa con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora. Pero las conversaciones parten con una enorme desconfianza y reticencias entre ambas partes e incluso discrepancias en el heterogéneo abanico de sectores opositores.
"Es una oposición con mucho resentimiento personal y eso no permite construir diálogo con nuestro Gobierno. Son a veces posiciones personales, pero no de un movimiento de oposición y eso no les da la capacidad de ver cuál es la agenda que pueden aportar”, criticaba a Deutsche Welle la primera vicepresidente del Parlamento, Maritza Espinales, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ante ese recelo, Espinales considera muy importante el papel de la Iglesia. "Puede haber algún grado de desconfianza, pero no es una desconfianza que pueda superar la confianza en nuestra CEN”, afirma.
Brecha entre Gobierno y pueblo
Las mayores protestas contra el presidente Daniel Ortega en sus once años en el poder y sobre todo la dura represión policial que ha dejado al menos 29 fallecidos (hay fuentes que hablan de 34 víctimas) han abierto una importante brecha entre el Gobierno y la población, especialmente los jóvenes. Varios retratos de los "estudiantes caídos" cuelgan en la verja de la Universidad Politécnica de Managua, fortín de los manifestantes. El ingreso es restringido y custodiado por jóvenes con morteros y pasamontañas. Varios miembros del autodenominado "Movimiento 19 de abril" nos acompañan entre morteros caseros por las aulas que ahora sirven de almacenes de insumos y puestos médicos con camillas, donde han atendido a unos 200 manifestantes heridos en esta semana.
"No queremos ningún diálogo, cuál diálogo, queremos justicia por los compañeros asesinados”, reclama Gabriel Amador, tapado con una mascarilla. Su expresión denota el cansancio que pasa factura a las decenas de jóvenes que se atrincheran en la Upoli hasta con montañas de sillas en las puertas de entrada.
Casi ninguno confía en el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep) como su interlocutor. Entre otros motivos, por la histórica connivencia entre el Gobierno y la patronal. "La Cosep siempre ha trabajado junto al Gobierno y ha avalado casi todas sus medidas. Esta vez, si los estudiantes no hubiesen salido a protestar de esa forma, quizá hubiese sido igual. Por eso se vieron obligaros a discrepar”, comenta a DW el analista Carlos Pérez sobre esa relación entre el Ejecutivo y el sector privado, uno de los pilares del mandato de Ortega que por primera vez se desmorona.
"La Cosep no representa al pueblo, sino a sus propios intereses. Si no se garantiza la participación estudiantil, no puede haber un diálogo real que logre estabilidad y paz”, considera una muchacha que prefiere no identificarse. Por su parte, el Gobierno nicaragüense asegura que habrá tres estudiantes en la mesa y tienen la voluntad de escuchar a la juventud.
¿Estrategia del Gobierno?
Varias decenas de nicaragüenses volvieron a salir ayer a la calle en pequeños plantones y vigilias de homenaje. Entre carteles de "Queremos justicia” o "Nuestros muertos no dialogan”, el grito unánime era para pedir la dimisión de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. El paso atrás del presidente el pasado domingo (22.04.2018) al revocar su decreto para la reforma de las pensiones no ha apaciguado del todo los ánimos.
Los estudiantes han exigido la destitución y el proceso judicial para toda la cadena de mandos policiales involucrados en las muertes durante las protestas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitará la creación de una "comisión de la verdad”, según anunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Su directora y fundadora, Vilma Núñez, afirmó a DW que "la derogación tardía del decreto de Ortega fue para ganar tiempo, fue un esfuerzo desesperado para desmontar la protesta y no lo logró”. El Cenidh recogió hasta el lunes (23.04.2018) al mediodía varios casos de maltrato a manifestantes durante las detenciones: un joven golpeado en el ojo y tres a los que pelonearon (raparon la cabeza). Algunos han denunciado en los medios locales casos de tortura, como que "los policías hacían fila para patearlos”.
Poca autocrítica en el Gobierno
Por eso, Núñez advierte de que "esto no va a parar aquí, no va a haber un borrón y cuenta nueva como el presidente quiere, esto no va a quedar en la impunidad”. La Policía anunció haber liberado a la totalidad de los manifestantes capturados, pero sin dar sus nombres y apellidos. El Cenidh sólo ha podido identificar a una cincuentena del centenar que se estima podrían haber sido detenidos. De momento, son escasas las voces de autocrítica dentro del Gobierno. "Nos toca hacer un balance crítico a los sandinistas y encontrar en qué hemos pecado”, aseveró el diputado del FSLN, Jacinto Suárez, en una de las pocas intervenciones de los oficialistas.
La solución a la mayor crisis social del país al menos en la última década pasa por la mediación de la Iglesia, aunque también han surgido voces discrepantes con la acción del Gobierno. "El diálogo es un riesgo grande para toda la nación y la Iglesia”, pero la Conferencia Episcopal está dispuesta a correr ese riesgo, "que podría ser una estratagema del Gobierno para ganar tiempo y para alargar la situación marcada por el autoritarismo, la inconstitucionalidad, el irrespeto a los derechos humanos, la ilegalidad”, aseguró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el más involucrado en apoyar las protestas estudiantiles.
El inédito papel de la Iglesia
El templo de Báez, la Catedral de la Purísima Concepción en Managua, ha servido de refugio a decenas de estudiantes durante las protestas. Todavía este miércoles (25.04.2018), la nave de la catedral se usaba de almacén de alimentos e insumos para suministrar a la resistencia en la Upoli. No se permitía el ingreso de cámaras por una entrada donde se leía "No hacer fotos”, vigilada por varios encapuchados con morteros caseros y tirachinas. Los manifestantes extreman la seguridad por la amenaza constante que sienten.
"Si nos hubiésemos refugiado en otro lugar, la Policía ya habría entrado, éste es el único sitio que respetan”, asegura Varimia Talavera, una joven de 18 años estudiante de mercadeo, pero que ahora colabora en los servicios médicos improvisados por los manifestantes. Ella tampoco confía en que se vayan a incluir las reivindicaciones de los estudiantes y pide "que no sólo participe la gente mayor, gente del poder como siempre, sino también los jóvenes”.
¿Primer paso para la paz?
Ante ese escepticismo del sector estudiantil, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, asegura a DW que el camino del diálogo será "bastante difícil, pero el Gobierno ha abierto espacios para que, poco a poco, se vaya dando el ambiente propicio”. Aunque reconoce que "en Nicaragua no hay cultura de diálogo, sino de agarrarse a pleitos”, se muestra "optimista y esperanzado” de lograr resultados a la mayor brevedad posible.
El Gobierno ya ha abandonado "los actos de violencia” en la represión policial, como exigieron el sábado la patronal y la Iglesia al rechazar la primera oferta de diálogo, que ahora cuenta con el marco y las condiciones que ambas partes pactaron. Todavía no se ha establecido un calendario o agenda, pero fuentes cercanas a las conversaciones sugieren que se estructurará en comisiones como en la Asamblea Nacional. Los opositores piden la supervisión de organismos internacionales para dar garantías al diálogo. Todavía queda un largo camino para obtener resultados de esos diálogos, pero de momento, cesa la violencia y las principales partes ya están dispuestas a sentarse hablar. El primer paso para recuperar la paz, aunque las heridas no se hayan cerrado.
Autor: Aitor Sáez desde Managua (MS)
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Derechos humanos : ¿dónde se sitúan los países latinoamericanos en la clasificación de la ONU?
El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cúales son los países que más respetan la "equidad, justicia y dignidad humana"? El último lugar mundial fue para Siria.
Imagen: Getty Images/AFP/G. Arias
Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH)
Adoptada por 50 estados miembros de la ONU el 10 de diciembre de 1948, cumplirá 70 años en 2018. El texto reconoce las libertades fundamentales del individuo. Hoy la ONU cuenta con 193 estados miembros, ¿cuántos respetan realmente la DUDH? DW estudió la situación en 25 países alrededor del mundo.
Imagen: Franklin D Roosevelt Library website
Siria: lugar 163/163
Desde hace seis años, se cometen aquí crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional humanitario y abusos de los derechos humanos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, septiembre fue el más cruento de este año: 3.055 personas perdieron la vida, de ellas 955 civiles.
Imagen: picture-alliance/abaca/E. Karaca
Colombia 146/163
El 24 de noviembre se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. A pesar de sus aspectos positivos (comisión de la verdad, obligación de establecer un inventario de los bienes adquiridos durante el conflicto, entre otros), el acuerdo de paz aún es cuestionado por algunos sectores en Colombia.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Sarmiento
Venezuela 143/163
A principios de 2016, el presidente Maduro declaró estado de excepción y emergencia económica que sirvió como marco para restringir libertades civiles. Desde 2013, el país se retiró de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno venezolano reprime y encarcela a disidentes políticos. En 2017, 129 personas perdieron la vida durante protestas.
Imagen: picture alliance/dpa/NurPhoto/R. Camacho
México 142/163
La violencia en México aumentó notablemente. En octubre se registró la cifra más elevada de homicidios en 20 años: 2.300 casos. En lo que va de 2017, 36 periodistas han sido asesinados en el país.
Imagen: Getty Images/AFP/G. Arias
Guatemala 117/163
En Guatemala, el sistema de justicia penal es usado para intimidar a defensores de los derechos humanos, sobre todo medioambientalistas. Según el informe más reciente de UNICEF, Guatemala es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de muertes violentas de niños y adolescentes.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Ordonez
El Salvador 115/163
El aumento del nivel de violencia afecta los derechos a la vida, la libre circulación, la educación y la integridad física. En El Salvador, el aborto es penalizado, lo que amenaza los derechos de la mujer. Además, persiste la impunidad en casos de violencia y delitos contra la comunidad LGBTI.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Recinos
Estados Unidos 114/163
Algunas autoridades estadounidenses siguen abusando de la fuerza y en 2017 se sumaron nuevos casos de racismo policial. Aunque no existen cifras oficiales, los medios de comunicación estiman en 1.000 el número de muertos a manos de agentes durante el año. Además, el Congreso no ha adoptado iniciativas firmes para reducir la venta de armas. En un tiroteo en Las Vegas (02.10) murieron 59 personas.
Imagen: Reuters/Chris Wattie
Brasil 108/163
Los jóvenes afrobrasileños son frecuentemente víctimas del abuso de la fuerza policial. Además la violencia sigue presente. En Brasil, una persona muere de manera violenta cada ocho minutos. Homicidios, feminicidios, robos fatales, muertes a manos de policias: la mayoría de los casos no son resueltos.
Imagen: imago/Agencia EFE/A. Lacerda
Honduras 106/163
Con una tasa de homicidios seis veces más alta que el promedio global (59 muertes por cada 100.000 habitantes), Honduras es uno de los países más violentos del mundo. El 1 de diciembre, el gobierno declaró el estado de emergencia y amplió el poder de la policía para contener las protestas tras el anuncio tardío del ganador de las últimas elecciones presidenciales.
Imagen: picture alliance/AP Photo/F. Antonio
Cuba 81/163
A pesar de la apertura política anunciada en 2016, la libertades de expresión, asociación y circulación siguen restringidas. El 4 de diciembre, 33 Damas de Blanco fueron detenidas mientras intentaban ir a misa y participar en la campaña por la liberación de los presos políticos #TodosMarchamos .
Imagen: Reuters
Perú 71/163
En 2017, la violencia de género aumentó notablemente. Perú es el tercer país del mundo con mayor violencia sexual, doméstica y de género, y el segundo en América. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y marzo de este año se han registrado 1.778 denuncias por abuso sexual. La mayoría de las víctimas tienen menos de 17 años.
Imagen: picture-alliance/ZUMAPRESS.com/A. Chero
Bolivia 66/163
La corrupción del sistema judicial boliviano amenaza la independencia de la justicia. En los dos últimos años, las organizaciones de defensa de los derechos humanos trabajaron en un clima progresivamente más hostil. Además, Bolivia es el país latinoamericano más violento para la mujer y el trabajo infantil sigue existiendo.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/J. Karita
Paraguay 68/163
Los niños y adolescentes son las primeras víctimas de la pobreza en Paraguay. Las comunidades rurales lidian con la malnutrición, las dificultades de acceso al agua potable y a las redes de saneamiento. En muchos casos, la violencia contra las mujeres permanece impune. En Paraguay, el aborto está considerado como un delito, aunque la tasa de embarazo precoz es alarmante.
Imagen: Acosta/AFP/GettyImages
Ecuador 66/163
En Ecuador, las libertades de asociación y de expresión se restringieron. Se niega el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas respecto a proyectos de desarrollo que afectan sus tierras.
Imagen: DW/J. Alonso
Nicaragua 74/163
Las comunidades indígenas y afrodescendientes denunciaron una violación de sus derechos a la consulta previa e informada para la construcción del Gran Canal Interoceánico. Reclaman el robo de tierras por parte del Gobierno y luchan contra el proyecto desde hace cuatro años. Persiste la impunidad por violencia de género y el país tiene uno de los índices más altos de embarazo precoz de América.
Imagen: Reuters/O. Rivas
Argentina 55/163
En Argentina, a pesar de que la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y su participación en la gestión de los recursos naturales, estos siguen siendo limitados.
Imagen: picture alliance/AP Photo/A. Marcarian
Francia 51/163
Desde los ataques terroristas de noviembre de 2015, Francia aplicó el estado de excepción. Una situación que restringe las libertades fundamentales como la de manifestación. En noviembre 2017, se anunció el final del estado de excepción; sin embargo, el Parlamento adoptó una nueva ley antiterrorista que resulta ser la legislación más estricta de la Quinta República.
Imagen: Imago/Le Pictorium/S. Souici
Panamá 49/163
En 2017, se notó una significativa reducción de las muertes violentas en Panamá. El Gobierno abogó por la necesidad de un trabajo de educación y atención para prevenir la violencia hacia las mujeres.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/A. Franco
Uruguay 35/163
Persiste la discriminación contra las personas con discapacidad y no existe igualdad de género. En 2016, Uruguay albergó la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la comunidad LGBTI.
Imagen: Getty Images/AFP/F. Coffrini
Costa Rica 34/163
El Gobierno emprendió un trabajo eficaz de lucha contra la pobreza. Sin embargo, según Oxfam, los trabajadores en las plantaciones de banana y piña en Ecuador y Costa Rica sufren de condiciones de trabajo indignas (uso de pesticidas prohibidos en la Unión Europea, bajos sueldos, entre otros).
Imagen: AP
Chile 24/163
Continúan los procedimientos judiciales relativos a crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En agosto, Chile aprobó la despenalización del aborto en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.
Imagen: Reuters/P. Sanhueza
España 23/163
Continúan las expulsiones colectivas de migrantes que intentan entrar en la Unión Europea pasando por los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en Marruecos. Además, las autoridades españolas se niegan a cooperar con la justicia argentina para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Imagen: REUTERS
Alemania 16/163
Las autoridades hicieron esfuerzos considerables para acoger a un gran número de solicitantes de asilo. Sin embargo, el número de ataques xenofóbicos sigue siendo alto.
Imagen: picture alliance/dpa/Geisler-Fotopress
Canadá 8/163
En Canadá se emprendió un proyecto de investigación nacional sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas indígenas. El gobierno canadiense se disculpó ante la comunidad LGBTI por las discriminaciones que sufrieron en el pasado.
Imagen: picture alliance/AP Photo/A. Vaughan
Islandia 1/163
Según el informe de las Naciones Unidas, Islandia es el país que más respeta los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, dos problemas siguen persistiendo : la desigualdad de género y el abuso sexual infantil.