El Ministerio del Interior de Nicaragua anunció la semana pasada la clausura de 1.500 asociaciones sin fines de lucro, mediante un solo decreto. De ellas, más de 1.000 eran entidades católicas, pero también de la Iglesia evangélica, tradicional aliada del gobierno sandinista.

Tres días después, eliminó 151 organizaciones empresariales, incluyendo la otrora influyente Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amchan), que fomentaba el intercambio y la inversión con Estados Unidos, principal socio comercial del país.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de "profundamente alarmantes" esas medidas, que elevaron a más de 5.000 la cifra de ONG cerradas en los últimos años (casi todas) por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entre las entidades cerradas desde 2018 hay asociaciones de artistas, periodistas y escritores. Pero también fueron eliminadas la Academia Nicaragüense de la Lengua y la de Ciencias Naturales, una docena de universidades, colegios, agrupaciones de deportistas, biólogos, criadores de ganado y hasta jubilados, así como cuatro asilos de ancianos que se fueron en el último cierre masivo.

Control del espacio cívico

"El régimen busca el control absoluto del espacio cívico y la desaparición o politización de todos los derechos de la gente”, dice en entrevista con DW Salvador Marenco, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una asociación fundada en el exilio tras la represión estatal a las protestas sociales de 2018.

"Puedes ejercer la libertad de expresión si vas a alabar o hacer propaganda a la pareja presidencial, siempre que no trasmitas ningún mensaje de protesta o que pueda alentar nuevamente una reacción ciudadana masiva”, agrega.

Explica que también se pretende "normalizar” la vida en una sociedad donde es prohibido hacer reuniones, organizarse o profesar una religión. "Que sea normal asistir a misa bajo asedio de la policía, o que el gobierno cierre el colegio donde inscribiste a tus hijos”, señala el experto.

En cuanto al cierre de ONG, recuerda que la libertad de asociación es "un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática” y su impacto se extiende a una cantidad de derechos conexos. "La estrategia es eliminar progresivamente todos los derechos en Nicaragua y supeditarlos directamente a la voluntad del Estado”.

Imposible medir el daño

A juicio de Marenco, penalizar todo pensamiento crítico en Nicaragua ha sido el objetivo de Ortega desde la crisis de 2018. "Esta política responde al temor del régimen a una sublevación y al empoderamiento de la sociedad”, apunta.

"Pero también es un plan a futuro: ir normalizando la pérdida de derechos de la población y el control de todos los poderes del Estado, incluyendo el Legislativo, donde los diputados sandinistas seguirán emitiendo leyes para profundizar las violaciones de derechos humanos”, lamenta.

Entre las ONG clausuradas en Nicaragua figuran asociaciones de médicos y enfermeras que realizaban cirugías gratuitas a miles de niños con problemas visuales o labio leporino; organismos de socorro como la Cruz Roja e iglesias que, con donaciones del exterior, repartían alimentos a personas sin recursos.

"El impacto es incuantificable” a nivel social, asegura Salvador Marenco, pero también económico, pues la ley autoriza al Estado a confiscar los bienes muebles e inmuebles de toda ONG cancelada. "Hay un robo masivo de propiedades” pese a que la Constitución prohíbe expresamente las confiscaciones.

Además, subraya, la desaparición de ONG incrementa el desempleo y sigue forzando el desplazamiento interno y externo, cuando se estima que "más de 800.000 nicaragüenses han salido del país desde 2018” (casi el 13% de la población).

Llevan denuncia a Ginebra

La denuncia sobre el cierre masivo de ONG será presentada esta semana en Ginebra por la Coalición Nicaragua Lucha (CNL), formada por 25 entidades de sociedad civil, en el inicio de las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que sesionará en noviembre próximo.

El EPU obliga a los Estados a someterse a un examen de su situación en materia de derechos humanos cada cuatro o cinco años. El Estado de Nicaragua compareció por última vez en 2019 y se ignora si este año mandará a un representante.

La CNL enviará una delegación que tendrá una participación oral en la pre-sesión y realizará un evento paralelo de denuncia. Acompaña a los nicaragüenses el abogado brasileño Paulo Abrāo, quien tras la rebelión de 2018 visitó Nicaragua como director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para documentar las denuncias de las víctimas de represión estatal.

"Hay una expectativa de que se genere un espacio inédito, en el cual las autoridades nicaragüenses rindan cuentas ante la comunidad internacional. Esto sería algo nuevo, considerando la persistente incapacidad de diálogo entre el régimen, la sociedad civil y la oposición política”, expresó Abrāo a DW.

El también director del instituto Washington Brazil Office calificó como "dramática” la desaparición del tejido social que se había articulado durante casi cuatro décadas a través de miles de ONG, que llegaban a sitios donde el Estado estaba ausente. "Ahora quedarán en la indefensión millares de personas de los sectores más desprotegidos (niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas mayores y con discapacidad) que dependían de esas asociaciones para su sobrevivencia", advirtió.

(ers)