El diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica (AC) concluyó el miércoles tras 34 días de intensas negociaciones, sin consenso en dos de los cuatro temas de agenda y quedando por cumplir los únicos acuerdos firmados: la restauración de libertades públicas y la liberación de personas encarceladas por protestar contra el presidente Daniel Ortega.

La negociación cerró con el compromiso del gobierno de excarcelar en un plazo de 90 días a cientos de detenidos que la oposición considera "presos políticos” y cuyo número cifra en más de 700.

Ortega también se comprometió a respetar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación y reunión pacífica, vetados por el gobierno desde septiembre. Pese a ello, la Policía reprimió dos protestas opositoras en días pasados.

Los puntos en los que no hubo consenso eran clave para la Alianza Cívica: la adopción de un programa de justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la represión, y una reforma electoral que lleve a adelantar las elecciones presidenciales de 2021.

"Ahora será fundamental monitorear la liberación de cada uno de los presos y la anulación de todos los juicios, que desde un inicio cayeron en la ilegalidad porque violaron el debido proceso”, dijo a DW la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que este jueves participó en Ginebra en el evento "Derechos, represalias y represión en Nicaragua”, promovido por las Naciones Unidas.

Aunque pondera el esfuerzo realizado en la negociación, Núñez no oculta su pesimismo frente a la pregunta si el gobierno cumplirá o no lo pactado. "Este hombre se ha burlado de todos y puede volver a hacerlo”, afirmó en alusión a Ortega.

El Cenidh es una de las 10 organizaciones no gubernamentales que  fueron proscritas por el gobierno en diciembre pasado y cuya legalidad deberá ser restituida, según lo pactado en la negociación.

La prueba de fuego

"Nosotros nos mantuvimos firmes, aun sabiendo que el mensaje del gobierno era de intransigencia total. Ortega dejó claro que no está dispuesto a reconocer sus crímenes ni a ceder un ápice el poder”, dijo uno de los asesores de la AC al concluir la maratónica sesión final.

El gobierno, por su parte, emitió un comunicado temprano este jueves ratificando su "inalterable voluntad y compromiso de avanzar en el cumplimiento de los puntos acordados”.

En los últimos dos días hubo debates acalorados y golpes en la mesa, cuando el gobierno rechazó el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que la oposición exigía como garantes de los acuerdos.

"Demandamos presencia internacional porque no le creemos nada a este gobierno y queremos para las víctimas, los liberados y sus familias la seguridad que ninguna institución pública puede dar”, dijo el empresario Juan Sebastián Chamorro, negociador de la AC.

A juicio del economista y empresario Mario Arana, otro de los negociadores de la oposición, la etapa más difícil está por comenzar y será la implementación de los acuerdos, una prueba de fuego para el gobierno.

En los últimos días, varios de los 160 presos que obtuvieron libertad provisional o "casa por cárcel” denunciaron estar sufriendo asedio y amenazas por parte de simpatizantes sandinistas en los barrios, situación que podría repetirse en las personas que sean liberadas próximamente.

Las partes volverán a reunirse en las próximas horas, pero no para seguir negociando sino para recibir un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha intentado conciliar las listas de personas detenidas desde que estallaron las protestas en 2018.

Voceros de la oposición expresaron temor de que no todos los 779 "presos políticos” que ellos reclaman estén en la lista del gobierno, y que varios cientos de ellos sean clasificados como reos comunes y por lo tanto no reciban la libertad. Hay preocupación también por casi un centenar de prisioneros "no localizados” y que podrían estar desaparecidos.

Las partes anunciaron que podrían retomar más adelante los temas de justicia y democracia. La AC pedirá al nuncio apostólico en Managua y a la OEA, testigos de este diálogo, "facilitar” una nueva negociación con "garantes internacionales”, indicó el político José Pallais, uno de los negociadores de la Alianza.

"Yo veo un saldo positivo. Tenemos acuerdos firmados para la liberación de todos los presos y el respeto a derechos y garantías. Si no los cumplen quedan más en evidencia, para que les sean aplicadas más sanciones tanto de Estados Unidos, como de Europa”, opinó por su parte Ana Margarita Vijil, dirigente del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

"La pelota está en la cancha de Ortega. A nosotros nos toca seguir en resistencia, en lucha cívica”, agregó Vijil.

(er)

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