Homilías, declaraciones de prensa y mensajes en redes sociales fueron las "pruebas” con las que el gobierno de Daniel Ortegacondenó a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (norte de Nicaragua), a una pena de más de 26 años de cárcel, según revela parte del expediente judicial que acaba de salir a luz.

El abogado nicaragüense Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, reveló en su cuenta de X una copia del peritaje policial que forma parte del expediente acusatorio contra monseñor Álvarez, procesado en un juicio exprés al que no asistió, sin derecho a un abogado defensor y con agentes de policía como "testigos” de los delitos imputados.

"Ha sido un proceso ilegal desde el inicio”, dice en entrevista con DW el jurista Morazán, que al igual que miles de abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, fue forzado al exilio por criticar la represión estatal contra las protestas de 2018. Ortega acusó a los obispos católicos y a la oposición de promover "un golpe de Estado" con esa rebelión social.

"En toda la ruta hacia la condena del obispo, el sistema de justicia ha cometido crímenes contra la misma administración de justicia: denuncias falsas, simulación de delitos, falsos testimonios, prevaricato y numerosas violaciones a la Constitución política”, señala.

Monseñor Álvarez cumplió 57 años el lunes pasado en una celda de la cárcel Modelo, al norte de Managua, donde fue encerrado el 10 de febrero de 2023 luego de permanecer durante seis meses sitiado por de la policía, privado de su libertad.

Fue condenado tras negarse a abordar el avión que un día antes, el 9 de febrero, deportó a Estados Unidos a 222 presos políticos excarcelados, confiscados y, como él, despojados de su nacionalidad nicaragüense. En un acto público horas después, Ortega lo llamó "arrogante” y "desquiciado” por rechazar la orden de destierro.

Morazán dice que al obispo apenas le han permitido dos visitas de familiares en nueve meses, la última de ellas publicitada ampliamente por el gobierno la noche del martes(28.11), tras divulgarse denuncias sobre su aislamiento y su precaria condición de salud. Las fotos y videos publicados en medios oficiales lo mostraron visiblemente flaco y demacrado, y en un ambiente distinto al de una prisión.

Pruebas y delitos

El singular peritaje policial, al que tuvo acceso DW, incluye como "prueba” de "ciberdelito” un post publicado por Álvarez en su cuenta de Facebook en agosto de 2022, donde denuncia que la policía impidió la visita de dos sacerdotes a su diócesis. En otra publicación, el obispo escribió un año antes: "No queremos discursos convulsionados, de odio, que inciten al enfrentamiento entre hermanos”.

El expediente también refiere que Álvarez propagó "noticias falsas” en 2021 al cuestionar la censura y la emigración forzada de miles de nicaragüenses a Estados Unidos, y al pedir la "independencia” de los poderes judicial y electoral de Nicaragua.

Otra supuesta prueba del crimen fue cuando abogó en una entrevista por "una Nicaragua en democracia e institucionalidad”. También fue castigado por denunciar en una homilía "el asedio policial” que venía sufriendo, y hasta por ser citado en reportes de medios de prensa internacionales.

Tales "pruebas” sirvieron para condenar al obispo a cinco años de cárcel por "propagar noticias falsas a través de las tecnologías de la información”. Otros delitos como conspiración, obstrucción de funciones y desacato a la autoridad completaron la condena de 26 años y cuatro meses de prisión.

"No es un chiste”

"Si esto no fuera una desgracia, hasta sería un chiste para contar en una aula de clase de la carrera de Derecho”, señala Morazán. A su juicio, muchas declaraciones adjudicadas a Álvarez no fueron verificadas, y "ninguna de ellas insta a la violencia, conspira ni alude a hechos falsos para provocar zozobra”, actos que la ley actual penaliza.

"Él ha sido condenado solo por expresarse cívicamente, un derecho constitucional, y muchas de esas publicaciones no se han verificado mediante una pericia”, insiste el jurista.

El peritaje, firmado por dos policías de bajo rango, se emitió el 5 de agosto de 2022, día en que el religioso quedó recluido en la Curia Episcopal de Matagalpa, que la policía mantuvo sitiada durante dos semanas, hasta que lo trasladó a Managua. En la capital estuvo bajo arresto domiciliario y vigilancia policial hasta el inicio del juicio el pasado 7 de octubre.

En total, monseñor Álvarez lleva 480 días privado de libertad, concluye el abogado Morazán. Y la propia Curia de Matagalpa sigue sitiada por la policía, asegura.

Abogados cuestionan sistema

Más allá del irregular peritaje, juristas opinan que uno de los hechos más graves del proceso contra el obispo fue que se emitiera condena en ausencia del acusado, quien solo fue llevado a dos audiencias iniciales, ambas informativas y con fines mediáticos.

Además, a Álvarez se le negó el derecho a la apelación, mientras la abogada defensora que él había nombrado recibió tantas presiones que tuvo que exiliarse.

Consultada por DW, la jurista Martha Patricia Molina, experta en asuntos religiosos, dice que es difícil hacer un análisis jurídico de lo que pasa en Nicaragua, "cuando te encuentras frente a un Estado criminal, que utiliza el ordenamiento legal interno y las leyes internacionales a su conveniencia y discrecionalidad”. 

A su criterio, en Nicaragua "se ha secuestrado” a sacerdotes y a opositores políticos, a quienes se somete a juicios con pruebas fabricadas y testigos falsos, razones por las cuales "no son procesos judiciales, sino inconstitucionales y antijurídicos”.

"Ese sistema de justicia no se apega a la ley, sino a lo que dice el señor Ortega y su mujer (la vicepresidenta Rosario Murillo), amos y señores de lo que fue el Estado nicaragüense”, insiste Molina, autora de la investigación titulada: "Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?”

En su extenso estudio, actualizado en octubre anterior, Molina documentó 667 ataques a parroquias, expulsión de sacerdotes y monjas, cierre de medios y ONG católicas entre abril de 2018 y agosto de 2023, así como 70 agresiones a agrupaciones cristianas (evangélicas). Del total de agresiones sufridas por la Iglesia católica, 205 ocurrieron durante el presente 2023, subraya.

(ers)