El impasse diplomático que protagonizan actualmente Costa Rica y Nicaragua es el más serio de las últimas tres décadas. El 21 de octubre de 2010, las autoridades costarricenses denunciaron que tropas nicaragüenses habían invadido su territorio al apostarse en el sector de Isla Calero e Isla Portillos, en el río fronterizo San Juan. El Gobierno de San José demandó al de Managua ante la Corte Internacional de Justicia por construir un canal artificial para desviar las aguas del San Juan hacia la laguna Los Portillos y por causar daños ambientales severos en un humedal de interés internacional localizado en esa zona.

Está por verse cómo se pronuncia el tribunal de La Haya, Holanda, este 13 de enero, cuando concluya la audiencia de tres días en la que tanto la parte acusadora como la acusada dan a conocer sus argumentos. Nicaragua niega haber violado la soberanía nacional costarricense y cita el laudo Cleveland de 1858 como garante de su derecho a dragar el San Juan para facilitar el transporte marítimo y estimular el turismo en la región. Aunque Costa Rica tiene permitido navegar sus aguas con fines comerciales, el río en cuestión pertenece a Nicaragua.

Deutsche Welle conversó sobre las implicaciones de este enfrentamiento con Sebastian Huhn, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) –adscrito al Instituto Alemán para Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo– y conocedor de los factores que dificultan las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua.

¿Qué se esconde detrás de la disputa territorial que ha llevado a estos países centroamericanos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya?

Sebastian Huhn : El litigio fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica no es nuevo, se ha agudizado y atenuado intermitentemente desde el siglo XIX hasta hoy. Lo que avivó este altercado recientemente fue la decisión unilateral de Nicaragua de ocupar con su ejército una isla que pertenece oficialmente a Costa Rica.

Es difícil descifrar todo lo que está detrás de esta querella. Sin embargo, cabe mencionar que el Ejecutivo y el Parlamento de Nicaragua aprovecharon la coyuntura para decretar a toda velocidad –entre noviembre y diciembre de 2010– tres leyes que expanden la influencia de las fuerzas armadas en diferentes ámbitos, incluidos los asuntos fronterizos. El hecho de que la clase política y los ciudadanos nicaragüenses hayan cedido a sus impulsos nacionalistas creó condiciones ideales para la aprobación de estas leyes, apoyadas por muchos partidos de oposición, aunque sin el involucramiento de la sociedad civil, a la que no se le explicó el alcance de las mismas.

¿Ve usted alguna conexión entre este episodio y los planes del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de construir un canal interoceánico en su país, con el apoyo de Venezuela e Irán?

Está claro que eso juega un papel en este litigio. La construcción de un canal en Nicaragua para descongestionar el tráfico del canal de Panamá y permitir el paso de barcos más grandes que los que hoy existen no es un delirio, sino un proyecto realista del que se ha hablado mucho. Y los gestos mediante los cuales el Gobierno de Managua ha querido enfatizar su derecho a hacer uso extensivo del río San Juan parecen querer dejar claro que, si se llega a construir un canal, Nicaragua ejercerá su soberanía sobre él, limitando el derecho de Costa Rica a usarlo y a sacar provecho económico de él.

Algunos observadores sostienen que Ortega provocó esta crisis diplomática para impulsar su campaña presidencial, contando con que sus opositores se abstendrían de criticar su posición por razones “patrióticas”…

Ese argumento tiene sentido. Aún cuando su candidatura es anticonstitucional, Ortega va a presentarse nuevamente como candidato a la presidencia porque los tribunales de mayor jerarquía en Nicaragua se lo permitieron. Y, de momento, todo apunta a que ganará las elecciones porque Ortega disfruta de una gran popularidad en el país. El conflicto fronterizo le permite atizar e instrumentalizar el patriotismo de los nicaragüenses presentándose como ‘el hombre fuerte' e incrementar el número de sus potenciales electores. Pero si el pleito con Costa Rica pierde vigencia antes de los comicios de noviembre­ –y es muy probable que así sea–, la oposición seguirá estando en capacidad de atacarlo.

La rencilla alrededor del río San Juan distrae la atención de otros problemas internos, pero yo no creo que la discusión en torno a este asunto dure hasta finales de año. Yo diría que, si esta crisis fue calculada para permitirle a Ortega ganar las elecciones, la estrategia se implementó con demasiada anticipación.

La renuencia de los mandatarios a discutir este problema cara a cara causa desconcierto en los círculos diplomáticos; algunos sugieren que a la presidenta de Costa Rica le conviene que esta crisis se prolongue porque sirve de cortina de humo para problemas internos como la violencia asociada al narcotráfico…

Fue Nicaragua quien comenzó esta pelea, de ahí que sea difícil atribuirle segundas intenciones a la presidenta costarricense. Laura Chinchilla saca tanto provecho a esta coyuntura como Daniel Ortega en el sentido de que el pathos nacionalista no le es ajeno al pueblo costarricense; el litigio fronterizo persuade a los ciudadanos de cerrar filas en apoyo a su presidenta. Pero no creo que Chinchilla quiera esconder la criminalidad asociada al narcotráfico. Al contrario, sus rígidas políticas de seguridad son una manera de llamar la atención hacia esa cuestión y hacia su perfil como jefa de Gobierno.

Ambos Gobiernos han asegurado que los inmigrantes nicaragüenses que trabajan en Costa Rica no pagarán las consecuencias de este conflicto fronterizo. Pero si estos países llegaran a romper sus relaciones diplomáticas, ¿cuál de los dos perdería más en términos económicos y productivos?

Ambos lados tienen mucho que perder porque, en términos económicos y productivos, los dos países se benefician de la migración. Los niveles de pobreza y desempleo son mucho más altos en Nicaragua que en Costa Rica; los ingresos de miles de nicaragüenses dependen de sus trabajos en el país vecino y el sector productivo costarricense que paga los sueldos más bajos depende de esa fuerza de trabajo: la construcción, la seguridad privada, la cosecha de café y el trabajo doméstico, por ejemplo. No obstante, es necesario destacar que, en términos humanos, los más afectados por este conflicto son los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica.

Los nicaragüenses que emigran hacia el territorio costarricense y viven en condiciones de por sí bastante precarias, ahora son objeto de un resentimiento xenófobo atizado por el orgullo nacionalista, subproducto de la querella fronteriza que protagonizan los Gobiernos de Daniel Ortega y Laura Chinchilla.

Hace aproximadamente un año, el tribunal Internacional de La Haya le prohibió al Gobierno de San José patrullar el río San Juan con armas. Muchos se preguntan cómo protege Costa Rica su soberanía cuando carece de un ejército propio. ¿Teme usted que esta disputa se radicalice si la corte no emite un fallo prontamente?

Yo no creo que esta discordia conduzca a un enfrentamiento armado; por fortuna, ya no es tan fácil comenzar una guerra en América Central. Eso sí, si se llegara a un conflicto bélico, Costa Rica no estaría tan indefensa como muchos imaginan: ese país no tiene ejército, pero cuenta con una policía de fronteras muy bien formada; precisamente la que está apostada en la frontera con Nicaragua, en respuesta a la movilización militar iniciada por Ortega. Pero insisto, esta crisis se va a resolver pronto por la vía diplomática aunque ninguna de las partes gane o pierda de verdad.

Lo que se espera del Tribunal Internacional de Justicia es que exija a ambos países retirar su presencia militar y policial de la frontera, lo mismo que ordenó la Organización de Estados Americanos hace poco. Ortega alegó en su momento que la OEA no tenía competencia en la materia, pero no creo que reaccione de la misma manera ante un veredicto de La Haya.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editor: Pablo Kummetz