Una amenaza a la libertad de asociación, trabajo y expresión, a los defensores de derechos humanos, a la prensa y a la cooperación para el desarrollo representa el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, según han denunciado organizaciones internacionales.

Presentada por la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional del presidente Daniel Ortega, la iniciativa legal debería ser aprobada por la Asamblea Nacional, donde el oficialismo goza de mayoría. El proyecto, que obliga a toda persona u organización que reciba fondos del exterior a registrarse en el Ministerio del Interior y someterse a un control financiero, ha generado un amplio rechazo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que, de convertirse en ley "permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar de los asuntos públicos”.

Desde el Parlamento Europeo, un grupo de 21 diputados llamó al presidente Daniel Ortega a no aprobar la ley, en una carta en que condenan la iniciativa que "violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación”.

Bajo pretexto de defender la independencia y soberanía de Nicaragua e impedir cualquier injerencia extranjera, el texto regula a "personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias (...) en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.

"Bajo este supuesto, la iniciativa limita el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos, afectando la labor de monitoreo, documentación y de denuncia”, lamenta Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnesty International (AI), en diálogo con DW.

"Es una ley perversa. Afecta a los defensores, activistas y organizaciones de derechos humanos que perciben fondos, bienes o cualquier tipo de apoyo de gobiernos, agencias o instituciones extranjeras”, dice a DW Wendy Flores, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, exiliada en Costa Rica.

Registro para "agentes extranjeros”

El proyecto obliga a "personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o extranjeras”, representantes, empleados o asesores de organizaciones que reciben algún tipo de aporte extranjero, a inscribirse en el Registro e informar regularmente sobre los fondos recibidos y su uso.

Además, les prohíbe participar en política interna, financiar organizaciones políticas, ser empleados públicos o candidatos en elecciones hasta un año después de dejar de ser "agentes extranjeros”. Quienes no cumplan la normativa arriesgan multas, cancelación de la personalidad jurídica, intervención de fondos y bienes y prohibición de actividades, además de penas por delitos contra la seguridad del estado.

La ley podría convertirse en "una limitación real a la participación política de movimientos, organizaciones o asociaciones, que por alguna razón reciben financiación internacional para proyectos de desarrollo”, lamentan los parlamentarios europeos.

"Diluye cualquier posibilidad de elecciones libres el próximo año”, alerta en una declaración el eurodiputado José Ramón Bauzá, uno de los firmantes de la carta a Ortega.

¿Fin de la cooperación europea?

Los eurodiputados defienden el rol del apoyo financiero internacional y la ayuda oficial al desarrollo. Con la nueva ley, la continuidad de numerosos proyectos que apoyan el desarrollo en zonas vulnerables de Nicaragua podría estar en riesgo.

Entre otras acciones, en agosto pasado la Unión Europea daba cuenta de una iniciativa que permitió llevar agua potable a la comunidad de Sonis-Somoto, gracias a la iniciativa mundial Equipo Europa. Acciones frente al COVID-19 en ésta y otras comunidades de la cuenca alta del Río Coco y de la Costa Caribe son parte de los planes de cooperación que la UE desarrolla en el país centroamericano desde hace años y que han permitido que más de 385 mil personas tengan acceso a agua potable y saneamiento. La cooperación europea en este sector asciende a más de 133,6 millones de euros, según datos de la UE.

A esto se suman proyectos de organismos de los estados miembros como la española Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) o la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ). Pero también el sector privado ha mostrado preocupación. Empresas extranjeras con intereses en Nicaragua, que temen que la nueva ley los afecte y ahuyente futuras inversiones.

Una ley contra las víctimas

Decenas de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, locales e internacionales, han expresado su rechazo unánime al proyecto y alertan sobre los riesgos que conlleva, así como la vaguedad de los conceptos y el articulado. Esto, en el contexto de recientes declaraciones de Ortega sobre castigar con cadena perpetua a posibles opositores, lo cual limitaría aún más el ejercicio de las libertades.

"La iniciativa violentaría el derecho al trabajo, la asociación y la libertad de expresión. Se busca ahogar a la sociedad civil organizada por la vía de que no reciban fondos de la cooperación internacional. Busca callar voces críticas al gobierno, que muchas subsisten gracias a este apoyo”, apunta Flores.

La activista observa que la medida "perjudica a toda la sociedad nicaragüense, principalmente las víctimas, entre ellos víctimas de represión, de violencia contra la mujer o de violaciones a los derechos laborales o ambientales, que son los destinatarios finales del trabajo que realizan las organizaciones apoyadas por la cooperación internacional”.

Para Astrid Valencia, de AI, "este proyecto es un golpe más que amenaza la libertad de asociación y el trabajo de los defensores de derechos humanos. Esto no es nuevo. A partir de la grave crisis que se inició en abril de 2018, el estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de por lo menos diez organizaciones”, denuncia.

Criminalización contra activistas y periodistas

Otra de las preocupaciones es que incrementa los riesgos de criminalización de los defensores de los Derechos Humanos. Valencia alerta sobre una política sistemática que busca acallar cualquier voz disidente. "El trabajo por los DDHH no es injerencia ni intervención extranjera. Las personas defensoras y las organizaciones hacen contraloría sobre los mismos compromisos y obligaciones que ya ha asumido el estado y que tiene la obligación de garantizar y proteger”, subraya.

Organizaciones de derechos humanos también alertan sobre los riesgos para la prensa y el derecho de los nicaragüenses de acceder a la información. "Este proyecto se da en contexto de una escalada de hostigamiento y ataques contra personas defensoras, activistas y periodistas. Hay medios de comunicación han sido cerrados, sus bienes confiscados y les han limitado los insumos para publicar sus periódicos. Los periodistas son criminalizados sólo por ejercer su derecho a informar”, señala Valencia.

La situación se torna aún más crítica con la presentación de otro polémico proyecto de ley, que busca sancionar con prisión los ciberdelitos, la incitación al odio en redes sociales y la difusión de noticias falsas, así como intervenir y confiscar equipos.

(cp)