Nicolás Maduro Moros juró este jueves (10.01.2019) un segundo período de gobierno en Venezuela en medio del repudio de parte de la comunidad internacional. Maduro aspira así a llegar a 12 años al frente de la "revolución bolivariana", un compromiso que asume en medio de múltiples interrogantes sobre la legitimidad de su reelección.

El mandatario tomó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, acompañado por otros seis jefes de Estado, que fueron los únicos en asistir a un acto señalado por opositores y buena parte de la comunidad internacional como el inicio de la "usurpación" de la Presidencia de Venezuela. "Juro a nombre del pueblo de Venezuela (...) que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución", dijo Maduro ante el presidente del TSJ, Maikel Moreno, en medio de los aplausos de simpatizantes. El juramento, indicó el mandatario, es un compromiso con el que procura "defender la independencia e integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el 'socialismo del siglo XXI". La toma de posesión se llevó a cabo en el TSJ y no en el Parlamento, como indica la constitución, porque el Supremo declaró a la Cámara en "desacato" en 2016, pocas semanas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños.

Llamado de la exfiscal Luisa Ortega desde el exilio

En declaraciones exclusivas a Deutsche Welle, la exfiscal venezolana Luisa Ortega, que actualmente vive en el exilio en Colombia, ha dicho que la investidura de Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas para un segundo mandato en Venezuela es “ilegal”, porque el presidente del país solo puede ser investido por la Asamblea Nacional, una institución no reconocida por el Gobierno de Maduro.Ortega asegura que, debido a esta investidura ilegal de Maduro, este ha perdido desde hoy su inmunidad como presidente y que, desde ahora, se pueden emitir órdenes internacionales de detención en su contra, también por parte de la Interpol. 

Luisa Ortega considera que la oposición venezolana, tanto dentro como fuera del país, debe unirse para pedir más apoyo por parte de la comunidad internacional y, en ese sentido, confía en el papel que pueda desempeñar el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. 

Delfín de Chávez

Tras seis años en el poder, a Maduro lo cuestiona no solo la población, que durante su mandato ha visto cómo el país se ha sumido en la peor crisis económica de su historia, sino también Gobiernos de América y Europa que han mostrado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra Venezuela. Maduro fue elegido provisionalmente en 2013 en el cargo, luego de ser "ungido" por el fallecido presidente Hugo Chávez. Desde entonces ha sostenido que convertirá a Venezuela "en potencia", pero la realidad del país caribeño es otra. Maduro asegura que los venezolanos viven prósperos y felices y que no lo son en mayor medida debido a la "guerra económica" que "impone" el Gobierno de Estados Unidos al emitir sanciones contra su Administración. Lo cierto es que el país vive una espiral hiperinflacionaria que el Fondo Monetario Internacional estima llegue a 10.000.000 por ciento en 2019.

Después de la elección del pasado mes de mayo de 2018, que ganó con casi el 70 por ciento de los votos y en la que no participó el grueso de la oposición, Maduro se concentró en ejecutar el llamado "plan de recuperación económica" para lograr "la prosperidad" que prometió durante la campaña y que no logró durante sus primeros seis años de gestión. El autodenominado "presidente obrero" ha sido calificado de "dictador" por sus detractores, quienes además lo acusan de violar los derechos humanos, de limitar la participación en los comicios con prohibiciones electorales sobre sus adversarios y de mantener en prisión a políticos opositores. También lo señalan por haber "acabado con el Estado de Derecho", al considerar que todas las instituciones de Venezuela han actuado bajo sus órdenes. Una de esas supuestas órdenes fue la de despojar de sus competencias al Parlamento, de contundente mayoría opositora, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, órgano cuyo presidente, Maikel Moreno, ha manifestado su lealtad a Maduro.

MS (efe/afp)

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