Murna Philips se sienta en una de las tiendas verde-olivo que reciben como improvisado alojamiento los refugiados en las afueras de la ciudad de Yola, en el noreste de Nigeria. Ella es una de las más de cien mil personas que han huido del estado de Adamawa debido a la violencia ejercida por los terroristas de Boko Haram. Una noticia, sin embargo, le da esperanzas: “Cuando escuchamos que las elecciones habían sido aplazadas, nos alegramos mucho. Eso quiere decir que pondrán fin a Boko Haram”. Philips espera que las fuerzas de seguridad se tomen en serio el plazo de seis semanas. “Quizás podríamos pronto volver a casa y votar allá”, dice la mujer.

Felicidad entre los partidarios de gobierno

Fuera de los campos de refugiados pocos comparten la alegría por la postergación de las elecciones. Sí lo hacen los partidarios del oficialismo, congregados en el Partido Democrático Popular (PDP) del presidente Goodluck Jonathan. También el candidato del PDP para el cargo de gobernador de Yobe, Adamu Maina Waziri, defiende la decisión. “La comisión electoral acá en Yobe está lejos de estar preparada para las votaciones. Ni siquiera tenían lista la tecnología necesaria para votar”, dice.

Precisamente con ese tipo de críticas por las falencias en la preparación de las elecciones, miembros del PDP habían pedido hace semanas una postergación. Pero la comisión electoral siempre había rechazado esos comentarios y las fuerzas de seguridad nunca hablaron de problemas para supervisar el proceso, recuerda el joven abogado Aisha Ado Abdullahi desde Kano. Más impactante fue la declaración de que las elecciones serían pospuestas para lanzar una operación contra Boko Haram. “Eso nos sorprendió mucho, pues ellos en todo este tiempo nunca estuvieron acá para combatir a Boko Haram. ¿Y ahora quieren justo el día de las elecciones salir a luchar?”, se queja Abdullahi.

¿Independencia electoral en riesgo?

La misma pregunta se hace Hussaini Abdu, quien dirige la oficina nigeriana de la organización de derechos civiles “Action Aid”. Para él, la independencia de la Comisión Nacional Electoral está en riesgo. “Los militares fueron los que anunciaron que no podrían hacerse cargo de la seguridad en las elecciones. La comisión se vio, de hecho, obligada a aplazar las votaciones”. De esta forma, el destino de las votaciones ahora está prácticamente en manos del Ejército y la Policía, teme Abdu.

Este año, por primera vez la oposición unida tiene la posibilidad -desde el retorno a la democracia, en 1999- de sacar del poder al PDP, que gobierna desde entonces. Eso, si las elecciones se realizan como corresponde.

Ese podría ser el problema desde la perspectiva del amenazado partido gobernante. Para un correcto desarrollo de las elecciones, no hay nadie mejor que el presidente de la comisión electoral. El distinguido cientista político Attahiru Jega llevó a cabo hace cuatro años elecciones ostensiblemente más limpias que sus predecesores. Y justo ahora suenan voces desde el entorno del presidente que piden la salida de Jega, porque supuestamente habría pactado en secreto con la oposición. El defensor de los derechos civiles Hussaini Abdu está preocupado. “Esto no nos lo tomamos a la ligera. Puede ser un juego peligroso si intentan sacar a Jega antes de las votaciones”.

¿Qué espera el presidente?

El presidente Jonathan responde con evasivas. El pasado miércoles 11 de febrero participó en una ronda de preguntas con periodistas en vivo, donde se le preguntó si Jega aún contaba con su confianza. “Si tuviera la sensación de que Jega no es lo suficientemente bueno, entonces la Constitución da al presidente que lo ha nombrado el poder para sacarlo del puesto. Nunca he dicho que quiera quitar a Jega”. Una muestra de confianza que se ve de otra forma cuando sabemos que el presidente, para sacar al director de la comisión electoral, necesita de una mayoría de dos tercios en el Senado.

En la práctica, el plan de sacar a Jega antes de las elecciones es visto como la razón más probable para la postergación de las votaciones. Para eso, y no para la lucha contra Boko Haram, se necesitaba más tiempo, dicen los críticos. El activista Hussaini Abdu recuerda el caso del expresidente del Banco Central y actual emir de Kano, Sanusi Lamido Sanusi. Después de que Sanusi denunciara que faltaban millones de dólares provenientes de la venta de petróleo, Jonathan llevó a cabo una operación no oficial que terminó en la suspensión del servicio público del funcionario por “conducta impropia”.

Los defensores de los derechos civiles en Nigeria no aceptarían tan fácilmente una decisión que perjudicara a Jega. De eso está seguro Abdu. El gobierno ahora solo podría suspender las elecciones, fijadas para el 28 de marzo, si hubiera una crisis constitucional, con masivas y posiblemente violentas manifestaciones. Curiosamente, el presidente Jonathan no se refirió en su aparición en TV a las elecciones del 28 de marzo, sino solo al día previsto en la Constitución para el comienzo del nuevo mandato: el 29 de mayo.