"La ley que se aprobó en agosto como parte de la política de represión del Gobierno de Venezuela es hija de la ley nicaragüense", dice en Bruselas a DW Alí Daniels Pinto, codirector de la organización Acceso a la Justicia.

Efectivamente, el Gobierno de Nicaragua acaba de anunciar (11.11.2024), la "disolución voluntaria" del registro de 12 organizaciones no gubernamentales. Una de las que cerró definitivamente sus puertas sería la suiza Swisscontact, que por 33 años ha dado asistencia técnica al sector empresarial. Los números varían según la fuente, pero se calcula que entre 3.500 y 5.000 organizaciones -internacionales, católicas, deportivas, humanitarias, culturales- han sido ilegalizadas desde el 2018 en ese país centroamericano.

"Queremos que se entienda aquí en la Unión Europea que lo que se está discutiendo no es si se va a apoyar o no a las organizaciones de la sociedad civil. Se está discutiendo si va a haber o no organizaciones en Venezuela", insiste Alí Daniels.

El directivo de Acceso a la Justicia recuerda el caso de las hermanas de la Caridad de la orden de la Madre Teresa de Calcuta: "Ellas continuaron su trabajo fuera de Nicaragua; pero han dejado sin asistencia a la población necesitada en el país. Tememos que en Venezuela, a partir de la toma de posesión en enero entre en vigor la nueva ley".

¿De qué se trata la ley?

"Está pensada para que no sea cumplida; para que las organizaciones no puedan reunir los requisitos, sean ilegalizadas y permanezcan solamente las que el Gobierno quiera", evalúa el activista venezolano.

En concreto: la ley prevé multiplicar y endurecer las condiciones. Entre ellas, está la obligación de un registro anual en cuatro instancias diferentes, con un período de seis meses para la renovación. Se trata del registro de estatutos e inventario de los bienes y su origen, así como de las donaciones, sus fuentes y sus beneficiarios. También las organizaciones internacionales tendrán que registrarse en el Ministerio de Exteriores.

Si bien esto podría verse como un paso adelante en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, para Alí Daniels es la puerta abierta a la arbitrariedad: "Que el Gobierno tenga la potestad de ilegalizarlas por haber incumplido un requisito,  acabará en que si alguna de ellas ha protestado o ha presentado un informe a Naciones Unidas pueda ser multada. Y las multas ascienden a los ingresos percibidos".  Es más, la ley tiene siete supuestos de sanción, entre los que están también la disolución y la expulsión del país.

Para acceder a fondos y proyectos de la Unión Europea, las organizaciones -sean sindicales, de derechos humanos, humanitarias, de desarrollo- deben estar registradas en sus respectivos países. Pero en el caso de Nicaragua no es posible; al parecer, dentro de poco, en Venezuela tampoco lo será. "No se puede dejar morir a las organizaciones de la sociedad civil", solicita Alí Daniels.

¿Contra los humanitarios también?

"Ya no es solamente contra las organizaciones que defienden derechos humanos", cuenta a DW María Pía Alvira, jefa del programa regional para América Latina de Civil Rights Defenders, de Suecia.

"Ya no es únicamente a los que hablan: es un ataque a la comunidad internacional y a la ayuda humanitaria", acota. ¿Un ejemplo? A mediados de octubre fue detenido en Venezuela un colaborador del Consejo Danés de Refugiados. Acusado de complot contra el Gobierno de Caracas, el cooperante sigue en prisión.

"Todos estamos a una entrevista de la cárcel", denuncia Alí Daniels. "No obstante, hemos venido hasta Bruselas para explicar por qué deben flexibilizar su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Por ejemplo, (para) que las organizaciones puedan registrarse aquí en Europa, pero que trabajen allá", propone Alí Daniels, temiendo la retirada de su pasaporte tan pronto llegue de regreso a su país.

(rml)