A Diana Sacayán, asesinada a puñaladas el 11 de octubre de 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, la mataron por ser travesti, por ser una mujer trans. Diana tenía entonces 39 años y se había convertido en un referente de este colectivo en Argentina. Y sus familiares piden que se llame al crimen por su nombre. "El asesinato de Diana fue un travesticidio”, ha dicho su hermano a los medios locales.

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La muerte violenta de Diana fue una conmoción para la comunidad LGBTI argentina, que ahora está pendiente del desarrollo de su caso en los juzgados. En el banquillo de los acusados se sienta Gabriel David Marino, de 25 años, detenido desde el mismo mes de octubre de 2015. Al joven se le imputan delitos de "homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género por odio a la identidad de género y alevosía y robo”.

Un juicio que, además de hacer justicia, podría hacer historia. Es la primera vez que se aplica la figura penal del crimen de odio por identidad de género como agravante. Hasta entonces, las condenas por asesinatos de personas trans en el país no habían tenido esto en cuenta. Si finalmente el acusado es declarado culpable, será la primera condena por travesticidio o transfeminicidio desde la reforma en 2012 del Código penal argentino, que siguió a la Ley de Identidad de Género del mismo año. Esta última, considerada pionera en la región latinoamericana, colocó a Argentina entre los países del mundo con mayor nivel de reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad trans.

Las palabras importan

"Travesticidio es el nombre que el propio colectivo le ha dado a estos asesinatos, la palabra que ha elegido para visibilizar este fenómeno”, explica en una entrevista con DW Luciana Sánchez, abogada de la familia Sacayán en la citada querella. "No es lo mismo que los asesinatos homofóbicos o lesbofóbicos”. En su opinión, estos asesinatos tienen una magnitud que no tiene ningún otro crimen de odio sobre ninguna otra comunidad: "Los travesticidios en nuestro país son responsables de entre una de cada tres y una de cada dos muertes de travestis y mujeres trans antes de los cuarenta años de edad”. Diana fue asesinada con 39.

Además, la jurista insiste en la importancia de la especificidad cultural: "Es una genealogía identitaria propia de Argentina y de otras regiones de América Latina que tiene en cuenta el contexto local”. Así, la palabra ‘trans' sería un término paraguas que abarca muchas identidades de género, que en el contexto latinoamericano pueden ser incluso precolombinas. Es el caso, por ejemplo, de las muxes, una identidad trans ancestral específica del pueblo zapoteca y de la región de Oaxaca, México.

Sánchez lamenta que no exista apenas jurisprudencia relativa a los crímenes de odio, que tienen como objetivo proteger a los grupos sociales más vulnerables o sistemáticamente discriminados. "No hay una tradición en este sentido”, explica a DW. Esto es especialmente sangrante en el caso de los asesinatos de travestis y mujeres trans: "Estamos hablando de una frecuencia alta, como mínimo de un travesticidio por mes. Esto es muchísimo pensando que es un colectivo muy pequeño y muy joven, pues la mayoría de las travestis asesinadas tienen un promedio de 25 años”.

Marcela Romero, presidenta de la FALGBT, la principal ONG de derechos LGBTI del país, indicó a DW que en lo que va de año han sido asesinadas al menos 22 mujeres trans. Y la situación no presenta visos de mejora: "Estamos viviendo un retroceso en la región”.

Un juicio histórico

¿Podría la sentencia sentar jurisprudencia, si finalmente se produjese una condena por travesticidio? "No va a ser un precedente como lo sería si estuviésemos ante la Corte Suprema”, aclara la abogada Sánchez. Aunque agrega: "Sin embargo, si las juezas y jueces que están interviniendo dan buenos argumentos sería muy importante porque daría herramientas a otros para animarse a usar este agravante”.

El caso es, a su juicio, un caso "sencillo”, en el que la investigación ha sido "impecable”. Algo inusual, incide, porque "en estos casos no hay investigación, ni siquiera investigaciones mediocres”. Eso sí, reconoce que no puede adelantarse a lo que diga el tribunal. "Lo que nosotros hemos hecho desde la querella, que sobre todo es una querella de la familia, es contribuir a que sí se haga justicia y darle al tribunal todas las herramientas para que pueda hacer justicia”. Y subraya: "El tribunal tiene las herramientas para hacer justicia”.

Por ahora, el proceso judicial sigue su curso. La jurista no se atreve a pronunciarse sobre la sentencia, pero no duda de que "haría historia”. Y sostiene que sería, en cierto modo, un reconocimiento lúgubre, muy lúgubre, de todo el trabajo que hizo la activista asesinada por los derechos de un grupo marginado. "Lo dijo una compañera de Diana en el juicio: ‘Qué triste que mi amiga tenga que ser masacrada para que esto sea reconocido'. Es realmente muy triste”.

Autor: Enrique Anarte (VT)

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