Tras un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, el tribunal de justicia internacional, con sede en La Haya, instalará una oficina en la capital venezolana para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad. Las garantías de independiencia o el miedo a las represalías por parte de testigos, son temas que analiza Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, en entrevista con DW.