Un grupo de activistas mexicanos y alemanes de diversas organizaciones civiles y de derechos humanos se reunió en la capital alemana para participar en una conferencia que discute alternativas económicas, políticas y sociales de cara a la estrategia de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón.

Dicha ofensiva militar ha dejado un saldo de unos 60.000 muertos, cientos de miles de desaparecidos y desplazados, un incremento de la tortura como método para obtener confesiones y una creciente impunidad. "La estrategia de militarización del gobierno mexicano llevó a que se multiplicaran los casos de tortura, aprehensión ilegal, ejecución extrajudicial y de desaparición forzada de personas por parte tanto de militares y de policías como de grupos armados", se informa en un folleto al público alemán.

La fundación Heinrich Böll, cercana al Partido de Los Verdes, así como la Coordinación alemana por los Derechos Humanos en México, techo de una decena de organizaciones humanitarias, destacan que México es visto como un país emergente con una pujante economía. Sin embargo en materia de Derechos Humanos, los organizadores denuncian violaciones sistemáticas en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

"El sexenio más violento"

“Es un país desangrándose, que queda muy dolido. El sexenio de Calderón será recordado como el más violento para México y cualquier avance habrá quedado desfigurado por el balance de la violencia”, afirma la periodista Ana Lilia Pérez, encargada de abrir la segunda jornada de debates en la que habló ante un nutrido auditorio sobre sus indagaciones en torno a la enorme corrupción en la empresa paraestatal PEMEX, cuyas pruebas fueron publicadas en “Camisas azules, manos negras”. Sus investigaciones la fueron llevando a una situación cada vez más delicada cuando documentó que el entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se había apropiado de más de un centenar de contratos ilegales.

“Cuando publiqué esa información no pidió (Calderón) responsabilidades a su funcionario pero si amenazó de muerte a la periodista”, dijo la laureada reportera, cuyas investigaciones le han valido continuas amenazas e intimidaciones, que la obligaron a salir del país. La periodista afirma que PEMEX no necesita ser privatizada como pretende la agenda de Enrique Peña Nieto, lo que necesita es ser saneada porque, dice, “es una empresa criminal”. Las investigaciones de Ana Lilia Pérez obligaron al gobierno de Felipe Calderón a reconocer la infiltración de los cárteles en PEMEX, que roban el combustible para luego venderlo a compañías estadounidenses.

Aludiendo a una posible participación de inversionistas alemanes en una futura privatización de la paraestatal la escritora advierte que es un negocio lucrativo, pero dudoso por la participación de los cárteles mexicanos.

La conferencia fue abierta durante la víspera por el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, que pintó un panorama desolador sobre la situación en la que se encuentra el país en el momento de transición gubernamental. Vera se mostró preocupado ante una política de mano dura con el retorno del PRI.

Criminalización de la protesta

“El PRI está recuperando todos los mecanismos de control que tuvo durante tantos años y ahora vemos, por las modificaciones que están haciendo a la Secretaría de Gobernación, convirtiéndola en una Super Secretaría, que regresan otra vez. Recuerdo los inventos que hacían para meter a la cárcel a los luchadores sociales en la esplendorosa época del priísmo. Esos métodos los están recuperando. El panorama para nosotros es bastante difícil”, dice quien fuera Obispo de Altamirano, Guerrero, incansable luchador por los derechos de los mineros, de los indígenas y de los migrantes.

El tratado bilateral que actualmente están negociando México y Alemania en materia de seguridad fue el centro del debate durante la apertura de la conferencia. Sven Berger, jefe de la Unidad “Crimen Organizado” del Ministerio del Interior, señaló que la iniciativa abarcaría la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y terrorismo. El acuerdo marco sigue analizándose en varios ministerios y tendrá que ser sometido a aprobación del parlamento alemán.

Entre los asistentes el proyectado tratado fue recibido con excepticismo de cara a la dimensión de la militarización del país y sus consecuencias para la población civil. “El tratado de seguridad será un gran tema en la agenda mexicana, y ya es un tema destacado para el gobierno alemán. En México se habla poco al respecto, contrariamente a lo que pasa en Alemania en donde la gente quiere saber en qué va a consistir todo esto”, afirma Ana Lilia Pérez.

“Lo que hay detrás es el fotalecimiento de las exportaciones de armas aunque no se ha querido hablar abiertamente de ello y es muy cuestionable porque México necesita más empleos, educación y mejoras sociales y no que su policía tenga más balas”, sostiene la periodista mexicana. Esa sospecha fue manifestada por los asistentes pero Berger aseguró que el acuerdo marco no incluiría la venta de armas. El funcionario reconoció que actualmente hay ventas ilegales de armamento, que se están investigando.

Autora: Eva Usi

Editora: Claudia Herrera Pahl