Por su participación en el movimiento estudiantil, Darwin Sánchez enfrenta una posible pena de cárcel en Honduras. Junto con su familia pidió asilo en Alemania, pero su futuro es incierto.
Imagen: Tatiana Hernández
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Las masivas protestas de este año en Honduras empezaron en abril, tras la aprobación de dos decretos que muchos maestros y médicos consideran como intentos para privatizar la educación y salud pública. ¿Qué papel tuvieron los estudiantes?
El movimiento estudiantil se solidarizó con los maestros y con los médicos, porque es un problema del país. No es solo un problema de los gremios, sino un problema para toda la sociedad en general.
Las protestas se intensificaron cuando la policía militar ingresó al campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa y disparó contra estudiantes, con un saldo de varios estudiantes y policías heridos. En teoría, la policía no puede ingresar al campus. ¿Por qué?
Si los cuerpos de seguridad entran a la universidad, están violando su autonomía. Están mandando un claro mensaje a la población de que ellos están en el poder a punta de bala, y a punta de violencia y fuerza. Es un claro mensaje de que no quieren hacer las cosas de manera democrática, sino de manera violenta y por la fuerza.
A principios de abril de este año, Ud. llegó a Alemania para pedir asilo. Antes era estudiante de la UNAH, en el centro regional en Choluteca en el sur del país. ¿Por qué tuvo que salir?
Estudiaba ingeniería agroindustrial en el tercer año pero, en 2017, el poder judicial emitió una orden de que ya no podía acercarme ni entrar a la universidad, porque estaba prohibido para mí. Me borraron del sistema, no solo a mí, sino que a todos los compañeros que estábamos en el Movimiento Amplio Universitario (MAU).
¿Qué es el MAU?
El movimiento de Choluteca nació en el 2015 a raíz de la privatización de la educación que se quería hacer. En nuestros centros nos manifestamos porque queríamos más apertura de carreras, y también porque se estaba a punto de meter a la cárcel a tres de los compañeros que lideraban el movimiento estudiantil a nivel nacional. A raíz de esto, vinieron las judicializaciones y las estigmatizaciones en la sociedad; nos trataron como vagos o delincuentes.
Otra de las demandas del movimiento estudiantil ha sido el restablecimiento de las elecciones estudiantiles, porque les daría representación ante el Consejo Universitario, el ente encargado del funcionamiento de la universidad. ¿Por qué se suspendieron las elecciones?
Históricamente hubo elecciones y se eligieron las autoridades estudiantiles. Era un tercio de estudiantes en la junta directiva, un tercio de docentes y un tercio de la directiva para la toma de decisiones a nivel nacional. Esto ya no se dio porque se modificó la ley. La misma rectora, Julieta Castellanos, escogió a los representantes de los estudiantes sin elección ninguna. Este conflicto no hubiera llevado a tantas cosas si ella simplemente hubiese querido ceder y dialogar y escuchar para llegar a acuerdos.
Según el medio hondureño Contracorriente, Francisco Herrera, el rector interino de la UNAH, aseguró que pretende que los estudiantes retornen al gobierno universitario. Entonces, ¿cuál es el problema?
Si se hiciera de manera legítima, y si hubiera transparencia en este proceso, no habría ningún problema.
Protestas en la UNAH.Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
Como consecuencia de las protestas universitarias en Choluteca, Ud. fue judicializado en el año 2017. ¿De qué se le acusa?
Tomamos el centro universitario por varios días y se hicieron movilizaciones en la ciudad y a nivel nacional.
A mí, y a todos los compañeros del movimiento estudiantil, se nos acusa de 'detentación de un bien público', en otras palabras: es como si te quieras adueñar de un bien del Estado. Ahora con la nueva reforma del código penal que está por entrar en vigencia, esto puede ser penado con más de 30 años de cárcel.
¿Por qué decidió venir a Alemania, junto con su esposa y su hija?
En primer lugar porque vimos que Alemania es uno de los países europeos que es muy respetuoso de los derechos humanos. Creíamos que aquí en Alemania se nos iba a escuchar como personas que estábamos siendo perseguidas por el Estado en nuestro país.
¿En qué fase se encuentra su solicitud de asilo?
Hicimos la solicitud a principios de abril 2019. Hace una semana recibimos una respuesta negativa. Ahora contratamos a un abogado, y esperamos que en la apelación nos vaya mejor.
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Honduras, el reino de la fuerza bruta
En Honduras, entre diez y doce personas mueren a diario por causas violentas. Ese riesgo lleva a un segmento nada desdeñable de su población a huir en caravanas, con la vida por todo tesoro, hacia países menos inhóspitos
Imagen: Reuters/E. Garrido
De la fiesta, la resaca
En esta nación centroamericana, cada año suele empezar y terminar como los anteriores: con el silencio de los muertos y el llanto de los dolientes. Fuentes policiales informaron que al menos trece personas fueron asesinadas –diez de ellas con armas de fuego– durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Las mismas celebraciones dejaron al menos veinte muertos en 2017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
En las manos equivocadas
A lo largo de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) decomisó aproximadamente 2.400 armas de distinto calibre en territorio hondureño tras determinar que eran portadas ilegalmente. 123 de ellas, piezas de alto poder, eran utilizadas por bandas criminales. Un año antes, la cifra de armas de fuego decomisadas por tenencia ilegal fue de 3017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
El saldo del negocio
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) sostiene que Honduras cerró 2018 con un saldo de 3.614 homicidios. Muchos de esos asesinatos son producto de la violencia asociada al narcotráfico. El año pasado, las autoridades locales decomisaron más de 8,7 toneladas de drogas y detuvieron a más de 12.000 personas, principalmente por vínculos con bandas criminales.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Las pandillas del Triángulo Norte
Las autoridades de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– planean asestarles duros golpes a las pandillas con la operación “Escudo Regional III”, que contempla allanamientos, decomisos, capturas y acciones penales públicas contra cabecillas y miembros de grupos como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 (dos integrantes en la foto).
Imagen: Reuters/E. Garrido
“Escudo Regional III”
La operación “Escudo Regional III” buscará echarles el guante a bandas responsables de “una gran cantidad de delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, uso ilegal de armas prohibidas, porte ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita”, informó el Ministerio Público hondureño.
Imagen: picture-alliance/dpa
La “mano dura” estatal
No toda la violencia prevalente en Honduras es atribuida a las bandas criminales. Según varias organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes lo acusan de haber cometido fraude para garantizar su reelección como presidente en los comicios de noviembre de 2017. Se habla de asesinatos (38) y persecución política (465).
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
Mujeres y niños primero
Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018. Más del 90 por ciento de los casos está impune por falta de investigación, sostiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Las mujeres y los niños suelen ser víctimas de las formas de violencia más disímiles: la de las bandas criminales y la ejercida por sus allegados en casa.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Violencia de género
El CONADEH asegura que cientos de hondureñas se ven forzadas a abandonar sus hogares por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes llevado a cabo por bandas criminales. Pero, además, las mujeres son vulnerables en sus propias casas y, cuando son asesinadas, los homicidas suelen dejar indicios de saña, crueldad y odio.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La impunidad como motor
La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe según el cual más del 90 por ciento de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos quedaron impunes en Honduras en 2018. A juicio de sus voceros, eso propicia la violencia al evidenciar la debilidad de las instituciones y le da impulso a la emigración masiva, por la desconfianza que inspira la Justicia local.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
¡Adiós, Honduras!
En diciembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron un atlas que refleja detalladamente los ciclos migratorios en el norte de Centroamérica. Según ese mapa, el número de hondureños que abandonaron su país aumentó en un 94 por ciento entre los años 2000 y 2010. Nada apunta a que ese éxodo amaine.
Imagen: Getty Images/AFP/P. Pardo
Turismo improbable
El Gobierno de Estados Unidos les desaconseja a sus ciudadanos viajar a Honduras debido a los niveles de violencia que allí se registran. No obstante, el Ejecutivo de Donald Trump ha sido criticado por cancelar la protección migratoria especial concedida a 57.000 hondureños después de que el huracán “Mitch” devastara a su país en 1998; ellos sí que deberán regresar a esa realidad a corto plazo.
