Jermuk, al suroeste de Armenia, es conocida desde hace tiempo por sus aguas termales, tratamientos de agua mineral e impresionantes cascadas. Pero desde que la compañía minera Lydian International se trasladó a un yacimiento de oro, aguas arriba de la ciudad balneario del Monte Amulsar, se ha hecho famosa por otra cosa.

Desde junio de 2018, manifestantes de toda Armenia se oponen a una mina que, según ellos, contamina la tierra y el agua. Su bloqueo ha logrado detener completamente la construcción.

Un año después, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, nuevo en el poder tras la "Revolución de Terciopelo” del año pasado, se encuentra bajo una presión cada vez mayor para elegir bando. Por un lado, hay un movimiento popular de protesta pública que ve la mina como un símbolo del régimen corrupto que acaba de caer. Por otro lado, se encuentra una empresa con sede en el paraíso fiscal británico de Jersey, responsable de la mayor inversión extranjera en Armenia.

Contaminación de lagos y pastos

Antes incluso de que comenzara la construcción de la mina de Amulsar, Lydian International confió en el gobierno anterior, conocido por sus actividades corruptas, para adquirir las tierras. Los agricultores locales critican que se vieron obligados a elegir entre vender sus pastos o ser expropiados.

"Los aldeanos no saben adónde llevar sus vacas u ovejas ahora. Tendrán que abandonar la agricultura”, cuenta a DW Aharon Arsenyan, residente de Jermuk, quien se ha resistido a la compañía desde 2012.

La situación empeoró tras la llegada de las excavadoras en 2017. Cada vez que hacía viento se levantaba polvo, según Arsenyan. "Nunca antes habíamos visto tales cantidades de polvo”, subraya. A medida que avanzaban los trabajos de construcción, los residentes de Jermuk y de la cercana aldea de Gndevaz cuentan que salía agua oscura y fangosa de sus grifos. Una piscifactoría local reportó la inusual muerte de cientos de sus peces.

Otros dicen que las tierras de cultivo a las que no habían sido forzados a renunciar ya no eran productivas, ya que el ganado se negaba a comer la hierba cubierta de polvo o a beber agua contaminada.

Evaluaciones contradictorias

La mayor controversia, sin embargo, se refiere a lo que podría suceder si la mina se pusiera en marcha. Los armenios se preguntan si la mayor fuente de agua potable de Armenia está lo suficientemente protegida.

Arsenyan llama a su ciudad natal "la capital del agua”. Jermuk y la mina se encuentran cerca de la fuente de los ríos Arpa y Vorotan, que a su vez alimentan el lago Sevan, que abastece de agua potable y de peces a gran parte de la población armenia.

"Todo el ecosistema del país depende de ello”, afirma a DW Arpine Galfayan, residente en Ereván y militante del Frente Ambiental Armenio (AEF, por sus siglas en inglés), un grupo activista que lucha contra la mina.

Según la primera evaluación de impacto ambiental de Lydian, publicada en 2016, el vertido de aguas residuales sería mínimo y se tratarían de acuerdo con las normas de calidad del agua. Otras perturbaciones como ruido, polvo y contaminación, también se mantendrían a niveles manejables. La compañía también aseguró que compensaría cualquier daño ambiental mediante la financiación de un nuevo parque nacional.

Sin embargo, cuando la empresa recurrió al geoquímico armenio-americano Harout Bronozian como posible inversor en el proyecto, este tuvo dudas y encargó su propia evaluación ambiental. Los consultores de Bronozian concluyeron que Lydian había subestimado en gran medida el impacto ambiental del proyecto, que casi con total seguridad contaminaría el lago Sevan y otras fuentes de agua con productos químicos como el arsénico y el cianuro durante los próximos siglos, poniendo en peligro tanto la vida acuática como la salud humana.

Según otro estudio de la organización ecologista Balkani Wildlife Society, el proyecto podría provocar la pérdida de hábitats para especies amenazadas, como el leopardo del Cáucaso, que se encuentra en grave peligro de extinción. Asimismo, calificó el parque nacional prometido por Lydian como "un ejemplo muy negativo de compensación de la biodiversidad” y declaró que la mina no cumple con las normas medioambientales armenias ni europeas.

El agua es nuestro oro

La población local está preocupada desde que la compañía apareció hace más de una década, aunque entonces pocos se atrevieron a manifestarlo públicamente. Según el AEF, entre los accionistas de Lydian había miembros del gobierno, y desde que las fuerzas estatales dispararon contra una multitud que protestaba por las controvertidas elecciones de 2008, prevaleció una atmósfera de miedo y opresión en la sociedad.

En abril de 2018, todo cambió. Los armenios salieron a la calle después de que el entonces presidente, Serzh Sargsyan, tratara de conseguir otro mandato. Con la promesa de poner fin a la corrupción, el líder de la oposición Nikol Pashinyan ganó las primeras elecciones democráticas del país y asumió el cargo de primer ministro en mayo de 2018.

Animados por esta victoria de la protesta pública, los residentes de Jermuk y de las aldeas vecinas comenzaron su bloqueo de la mina. En todo el país, "nuestra agua es nuestro oro” se convirtió en el lema nacional en la guerra popular contra la corrupción. Cada vez que Lydian intentaba un nuevo mecanismo legal para presionar al gobierno a romper el bloqueo, un nuevo flujo de vehículos llegaba con refuerzos de todo el país a la mina.

Un juego de grandes apuestas

Lamentablemente el gobierno de Pashinyan no pudo revocar la licencia que sus predecesores otorgaron a Lydian, ni eliminar eficazmente los bloqueos. No obstante, apoyó una nueva auditoría para permitir la puesta en marcha de la mina.

Todo esto ha sido un duro golpe para Lydian. En 2018, la compañía informó a sus accionistas sobre "gastos de bloqueo” de más de 37 millones de euros (40 millones de dólares) y una pérdida total de más de 123 millones de euros (136 millones de dólares), advirtiendo que existía el riesgo de que "la empresa incumpla sus acuerdos”.

En marzo, Lydian notificó al gobierno armenio que tenía previsto presentar una demanda a través de tribunales corporativos si la situación no se resolvía. En los medios de comunicación locales circularon rumores de que la empresa podría intentar reclamar pérdidas de 1.800 millones de euros (2.000 millones de dólares), una cantidad equivalente a casi dos tercios del presupuesto estatal de Armenia.

En julio, se publicó finalmente la evaluación de impacto ambiental del gobierno, en la que se determinó que la mina era segura. En las semanas posteriores, Pashinyan cambió de opinión varias veces: entre asegurar que la mina es segura para los armenios y poner en duda los resultados positivos de la evaluación ambiental que él mismo había encargado.

El 7 de septiembre, el primer ministro convocó una reunión con activistas y el director general de Lydian, Edward Sellers, quien dijo que la compañía permitiría una auditoría independiente del sitio. Dos días después, Pashinyan recurrió a las redes sociales para pedir a los manifestantes que despejaran el bloqueo.

Galfayan respondió que los manifestantes no solo continuarían con la obstrucción sino que también planificarían una campaña más amplia de desobediencia civil, incluyendo marchas hacia la capital. "Es una cuestión de supervivencia y justicia para nosotros”, dijo la activista. "Definitivamente estamos contraatacando”.

Mientras tanto, Jean Blaylock, del grupo de campaña Global Justice Now, declaró a DW que los procesos del derecho corporativo internacional son tan secretos que es muy posible que Lydian ya haya presentado su caso.

"Los tribunales corporativos son una herramienta perfecta para que las empresas internacionales intimiden a los gobiernos”, explica Blaylock. "Los costes pueden ser enormes. Los jueces examinan los casos desde una perspectiva muy limitada. Generalmente son una gran presión para que los gobiernos cedan”, concluye.

Lydian no ha querido pronunciarse sobre las críticas a sus operaciones, ni ha respondido si planea seguir adelante con los procedimientos de los tribunales corporativos, en una petición de DW.

(ar/er)

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