A puertas cerradas, sin periodistas ni observadores, se confecciona por estos días el borrador de la nueva Constitución de la República de Cuba. El texto que salga de ese conciliábulo, conformado por 33 personas, se llevará a discusiones barriales donde posiblemente sumen o quiten algunas palabras y se añadan varias comas. Después, se le someterá a referendo en la que será la primera vez en décadas que tengamos ante nuestros ojos una boleta con la casilla para marcar "No”.

Aunque el llamado "anteproyecto” de la Carta Magna aún no se conoce, el oficialismo ha adelantado algunos puntos que se mantendrán o cambiarán con respecto a la que está actualmente vigente. Se trata de migajas informativas que son recibidas con expectación por unos y con suspicacia por otros. En medio del inmovilismo que caracteriza el cuerpo legal y político en la Isla, cualquier pronóstico de novedad moviliza pasiones.

Los optimistas señalan que la nueva Constitución reconocerá la propiedad privada y abrirá las puertas a las empresas no estatales, una situación que podría ayudar a que los pequeños negocios -surgidos en la Isla en los últimos años- den el salto hacia una forma de gestión más compleja y con mayores garantías legales. A los avances se le suma la instauración de un límite de dos períodos de cinco años para el cargo de presidente y la prohibición de cualquier tipo de discriminación por identidad de género.

Los pesimistas advierten que el núcleo central del texto constitucional se mantendrá intacto. El artículo cinco continuará consagrando al Partido Comunista como "fuerza dirigente superior” de la sociedad, lo cual le da un poder absoluto sobre la vida de cada cubano. El "carácter socialista del sistema político y social” de la Isla seguirá siendo irrevocable, aunque hace décadas que en el modelo cubano se echa mano de la explotación del hombre por el hombre, se vende parte del país al capital extranjero y las diferencias sociales cada vez son más pronunciadas.

En medio de las especulaciones sobre lo que se queda o se va en la nueva Constitución, los activistas de la comunidad LGTBI están presionando para que se incluya la legalización del matrimonio igualitario, además del acceso a la adopción y a la reproducción asistida para parejas homosexuales. Una demanda que se ha topado con una feroz respuesta de parte de las iglesias evangélicas, en lo que es -hasta el momento- el capítulo más controvertido que ha provocado el proceso constituyente.

Los opositores también se preparan para la batalla. Las campañas por el "No” han comenzado a aglutinar a varios grupos de una gran variedad de posturas políticas. Lograr un alto índice de votos negativos en el referendo se vislumbra como el reto más inmediato que tiene la disidencia. Mostrar ese rechazo será difícil, porque los activistas tendrán que convencer a millones de votantes de que los aspectos positivos de la Constitución no son suficientes para aceptar un texto que establece por ley una obligatoria uniformidad política.

Quedan semanas antes de que se publique la primera versión de la Carta Magna y meses hasta que se abran las urnas para refrendarla. En ese tiempo, los optimistas pueden terminar por convencer a los pesimistas y viceversa, aunque todo apunta que ganarán otra vez los indiferentes. Esos que intuyen que el nuevo documento poco ayudará a cambiar su realidad.

Por Yoani Sánchez, La Habana.

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