"A mí, en lo personal, no me cambia absolutamente nada", afirma a DW Eloy Viera Cañive, abogado cubano residente en Canadá. "Mi padre falleció el año pasado, después de cinco años enfermo de cáncer, y nunca pude ir a Cuba. Y no fue porque no lo intenté", asegura el coordinador de El Toque Jurídico, una plataforma de educación jurídica de la ciudadanía cubana en la red. Las autoridades le han confirmado que no le dejarán entrar a su país.

Su posibilidad de volver a Cuba depende de la permanencia del Gobierno cubano en el poder, y no de las nuevas leyes de Ciudadanía, Migracióny Extranjería que tramita el Parlamento cubano, dice. Lo sorprende la pregunta personal de DW, tras la avalancha de consultas como experto. Pero se alegra por los cubanos que no tienen sus dificultades y, "contra viento y marea, tienen su casa allí, o han pensado que pueden ir a retirarse a Cuba".

Más claridad no significa más protección

Estas leyes dejan escritas algunas reglas que ya se aplicaban "de facto" en Cuba, definen las autoridades competentes y delimitan sus facultades. Se gana "claridad sobre cómo actuar contra esas autoridades" en caso de violaciones. Aunque, en el caso cubano, eso no garantiza protección, comenta a DW, desde Ciudad de México, el también abogado cubano Raudiel Peña.

La nueva Ley de Migración mantiene categorías tan ambiguas como "persona de interés público" o "razones de defensa y seguridad nacional". Estas se emplean para prohibir la salida -o incluso la entrada al país- de opositores políticos, periodistas independientes, activistas por los derechos humanos y determinados profesionales, como los médicos o los militares, los llamados "regulados", señala Peña, abogado de Cubalex.

Residente temporal y estudiante de una maestría en México desde 2021, Peña trabaja para una ONG de monitoreo, denuncia y asesoría jurídica ante violaciones de derechos humanos en Cuba, que fue fundada en 2010 en La Habana y cuyo equipo original tuvo que exiliarse a EE. UU. en 2017.

"Hasta hoy, no he tenido problemas", aunque sí "incertidumbre", "temor", al volver a entrar y salir de la isla una vez al año, reconoce. No es el caso muchos asesorados por su organización, Cubalex. Ni el de su colega Cañive. Ni el de la historiadora del arte Omara Ruiz Urquiola. El proceder de las autoridades cubanas es "arbitrario y discrecional", coinciden expertos y activistas.

Destierro "legalizado" en pleno siglo XXI

"He intentado regresar a Cuba en cuatro ocasiones, la última vez llegué hasta la sala de abordaje", cuenta Omara Ruiz Urquiola a DW, desde Baton Rouge, Louisiana. Era diciembre de 2022 y la aerolínea le comunicó, nuevamente, que el Gobierno cubano no le permitía regresar.

Durante 2023, y con asesoría del jurista Cañive, su familia y amigos hicieron gestiones con distintas autoridades. "A la pregunta de ¿hasta cuándo?, responden que 'hasta nuevo aviso' y que ellos no saben, que 'eso es cosa de arriba'", relata.

Omara es paciente oncológica. Lucha hace 20 años contra el cáncer de mama. "Vine en 2021, con visa turística, para hacerme un chequeo médico por sospechas de mala praxis ordenada por la policía política de mi país", sostiene. Antes, había sido despedida como docente universitaria en Cuba, por disentir del Gobierno.

Hasta hoy, no tiene residencia legal fuera de Cuba. "No me he acogido a ningún beneficio migratorio en Estados Unidos, ya que tienen implicaciones políticas y pudieran ser usados para invalidar mis derechos como ciudadana cubana", explica. En pocos meses, quiere volver a comprar un pasaje de regreso a casa.

"No es mi intención emigrar, mi vida (o mi muerte) están en Cuba", insiste a DW. Allí la espera la casa de la que es propietaria. Su madre de 77 años, a cargo de la finca agroecológica familiar. Sus tíos. El ganado. Y la casa de "otro desterrado", su hermano Ariel, de la que es apoderada.

"No tengo deudas con la justicia, soy y seré una intelectual disidente. No voy a renunciar ni a mi país ni a mi hogar, es mi legítimo derecho", subraya. Para ella, la nueva ley migratoria "dice todo respecto a Cuba hoy": "legaliza" el destierro en pleno siglo XXI, pone en blanco y negro "la degradación ética del sistema legalista cubano" y la inoperancia de un "parlamento" que Omara escribe entre comillas.

Propiedades sí, derechos políticos no

Mientras las autoridades cubanas legitiman y legalizan "prácticas completamente contrarias a los derechos humanos" como estos "destierros de facto", necesitan más que nunca el contacto con la comunidad cubana en el exterior como fuente de ingresos, opina el abogado Cañive. También por eso, las nuevas leyes abren ahora para ellos la posibilidad de mantener, adquirir y traspasar propiedades como casas o vehículos, indica.

Lo mismo pasa con los extranjeros con un "importante patrimonio" o intenciones de invertir en el país. Ahora podrán solicitar la residencia permanente que antes solo podían adquirir por matrimonio o hijos reconocidos. Tanto estos extranjeros, como los cubanos residentes en el exterior, requerirán, probablemente, "filtros ideológicos adicionales" para invertir en la isla, prevén expertos y activistas.

Los derechos políticos, sin embargo, seguirán sin depender de la ciudadanía, condicionados por la "residencia efectiva", que ya no se podrá mantener entrando brevemente al país cada dos años o solicitando prórrogas desde el exterior. Todo apunta a que será preciso vivir más de la mitad del año allí. Para Cañive, "una discriminación jurídicamente insostenible entre ciudadanos residentes en el exterior y en territorio nacional".

Contra el éxodo masivo

Esta es la respuesta del Gobierno cubano al éxodo masivo de su población, asegura a DW, desde Nueva York, Anamely Ramos González. La curadora de arte y activista cubana cita estudios que hablan de que entre un 18 y un 20 por ciento de la población ha emigrado en dos o tres años. Las autoridades buscan "acercarse a estándares internacionales" en su trato con las mayorías y de cara a la comunidad internacional. Al mismo tiempo, obtienen más "herramientas de castigo" contra quienes les desafían activamente, resume.

Y este último es su caso, como el de Omara. Fue despedida como docente del Instituto Superior de Arte (ISA) en La Habana por sus ideas políticas. Fue acosada por la Seguridad del Estado por su activismo como parte del Movimiento San Isidro (MSI), como Omara. No ha podido regresar a Cuba desde 2022, tras salir a recibir un premio en Estados Unidos. Y guarda una copia de la notificación que el Ministerio del Interior cubano envió a la aerolínea American Airlines: la llaman "pasajera inadmisible".

Sigue sin residencia legal en "ningún otro lugar que no sea Cuba". Aunque ha iniciado un proceso de regularización de estatus, tras más de dos años sin trabajo, ni lugar seguro donde residir y tener a su hijo consigo, narra a DW.

Castigo o premio: retirada de la ciudadanía o renuncia

La nueva Ley de Ciudadanía abre además la posibilidad de privar de la ciudadanía cubana a residentes en el exterior que se alisten en organizaciones armadas para atentar contra Cuba (sobre ellos, el Ministerio del Interior publicó incluso una lista). O a quienes realicen "actos contrarios a los intereses políticos, económicos y sociales" del país. Otra categoría ambigua. Otra medida "indignante", critica Anamely Ramos.

Esta facultad, conferida al presidente, puede emplearse también contra los críticos, coincide Raudiel Peña. Y, en excepciones "graves", podría privar de la ciudadanía cubana a alguien sin ciudadanía o siquiera residencia temporal o permanente en otro país, convirtiéndolo en apátrida, explica el jurista de Cubalex. El ejemplo, apuntan varios expertos, podría venir de Nicaragua.

Como "positiva" se observa, "tristemente", la nueva posibilidad de renunciar a la ciudadanía cubana "para sentirse más seguro en su propio país", destaca el abogado Eloy Viera Cañive. Para "poder aspirar, en caso de que suceda cualquier cosa, a asistencias consulares" y otras ayudas garantizadas por el pasaporte del país de acogida.

No obstante, insiste el coordinador de El Toque Jurídico, "en un sistema como el cubano, la ley no funciona como un límite al poder". Ni la desregulación ni la regulación son garantías para evitar que, "casuísticamente, el régimen cubano pueda establecer limitaciones arbitrarias a los derechos de quienes entienda".

(ers)