Nuevo pedido de prisión contra Keiko se decidirá en enero
26 de diciembre de 2019
La defensa de la líder opositora peruana pidió acceder a los documentos obtenidos por la fiscalía en las últimas semanas, lo que fue aceptado por el juez.
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El magistrado Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado de Perú, determinó este jueves (26.12.2019) que el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado contra la líder opositora Keiko Fujimori se decidirá a inicios de enero. El caso es por presunto lavado de activos vinculado a la empresa Odebrecht.
La audiencia fue suspendida debido a que la Fiscalía no entregó a la defensa nuevas pruebas relacionadas con el escándalo. "Se suspende la audiencia para el 28 de diciembre, se continuaría el 31 de diciembre y el 2 de enero de 2020”, anunció el magistrado, apenas media hora después de iniciada la sesión. La abogada defensora Giulliana Loza se quejó por la actuación de la fiscalía, lo que motivó la suspensión.
Zúñiga había programado para este jueves la primera vista de la solicitud presentada por el fiscal José Domingo Pérez después de que Fujimori fuera liberada el 29 de noviembre, tras haber pasado trece meses en prisión preventiva, cumpliendo una resolución del Tribunal Constitucional (TC). El fiscal Pérez reconoció que se habían incorporado nuevos documentos a la investigación, los que deben ser analizados por la defensa de la líder opositora.
Fujimori se ausentó
Al abandonar el tribunal, Pérez declaró a la prensa que se advirtió "que los elementos de convicción, las pruebas, no fueron alcanzadas en su integridad a la defensa de Keiko Fujimori”, por lo que "para evitar cualquier tema de nulidad posterior, hemos convenido con la defensa, y el juez lo ha entendido así, para que se pueda señalar una nueva fecha”.
Fujimori no asistió al tribunal, y explicó en Twitter que había adoptado esa decisión para no ser "parte del show que los fiscales quieren repetir”. Su presencia, en todo caso, no era obligatoria. "No voy a someter a mis hijas a la misma angustia de verme sentada ahí escuchando los argumentos repetitivos que la Fiscalía ha vuelto a presentar a pesar de que ya fueron desechados por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”, sostuvo la excandidata presidencial.
DZC (EFE, AFP)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.
Imagen: picture-alliance/dpa/A. Cristaldo
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