Cada siete días, un periodista es asesinado en el mundo por su trabajo. Según la organización defensora de derechos humanos Reporteros sin Fronteras (RSF), un total de 50 periodistas fueron asesinados en 2020.

En muchos países del mundo, los periodistas viven con el riesgo de ser asesinados. Pero, a la peligrosidad de su trabajo, se suma a menudo la impunidad: en la última década, según la ONG Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), nadie ha rendido cuentas en el 81 por ciento de los casos de asesinato de periodistas en todo el mundo. 

Ambas organizaciones, junto con la ONG neerlandesa Free Press Unlimited (FPU), crearon un "Tribunal de los Pueblos", este 2 de noviembre, con motivo del Día Mundial contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en la ciudad holandesa de La Haya.

El lugar y el nombre no fueron elegidos por casualidad. La Haya es la sede de la Corte Penal Internacional. Y el santo patrón fue el "Tribunal Popular Permanente", una institución de la sociedad civil que fue fundada en Bolonia en 1979 y, desde entonces, se ha ocupado de investigar violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Un tribunal que no opera en el sentido del derecho internacional

El recién creado Tribunal de los Pueblos pretende emplear la investigación y los recursos jurídicos para responsabilizar a los Gobiernos de los Estados que no abordan y castigan los crímenes contra los periodistas, aclara Reporteros sin Fronteras. 

"El problema mundial que queremos abordar juntos es la impunidad de los asesinatos de periodistas", subraya el director ejecutivo de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras, Cristian Mihr, en una entrevista con DW. Por supuesto, este tribunal no es un tribunal penal en el sentido del derecho internacional, sino que sirve principalmente para sensibilizar a la opinión pública, explica Mihr.  

La iniciativa también tiene como objetivo ejercer presión sobre los Gobiernos que se encuentran en la parte superior del índice actualizado anualmente por el CPJ en lo que respecta a la impunidad del asesinato de periodistas: Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur, Afganistán, México, Filipinas , Brasil, Pakistán, Bangladesh y Rusia.

El tribunal simbólico de La Haya quiere tratar tres casos concretos, de Sri Lanka, México y Siria, respectivamente: los asesinatos de Lasantha Wickrematunge (2009), Miguel Ángel López Velasco (2011) y Nabil Al-Sharbaji (2015). 

Solo son tres nombres, con los que la mayoría de las personas seguramente no estarán familiarizadas. Sin embargo, detrás de cada uno de estos nombres hay un destino y un asesinato sin resolver. Por ejemplo, el del periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco.

López Velasco fue columnista del diario Notiver del estado mexicano de Veracruz. Escribió sobre el crimen organizado, los feminicidios y la corrupción. En la madrugada del 20 de junio de 2011, un escuadrón de asesinos irrumpió en su casa. López Velasco, su esposa y su hijo de 21 años fueron asesinados con más de 400 balas de armas de fuego rápido. Los perpetradores nunca fueron llevados ante la Justicia.

¿Un Representante Especial de la ONU para la Protección de Periodistas?

Otro destinatario inesperado de esta acción es la ONU, reconoce Christian Mihr. Desde hace varios años, Reporteros sin Fronteras aboga por el nombramiento de un Representante Especial de la ONU para la Protección de Periodistas.

"Por supuesto, esto también es un objetivo, y también hay varios Estados que lo apoyan. En 2016, el Bundestag alemán fue el primer parlamento del mundo en apoyar la creación de esta instancia. El Gobierno alemán respaldó explícitamente esta demanda el pasado mes de diciembre. También hay otros Estados que lo apoyan, pero todavía no son suficientes", valora Mihr.

Así que el tribunal también forma parte de la presión internacional para subrayar la necesidad urgente de un Representante Especial de la ONU para la Protección de Periodistas.

"Lo que falta es un instrumento permanente que permita llevar a cabo investigaciones internacionales", confirmó la Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Irene Kahn, durante el acto de presentación del Tribunal en La Haya.

Sin embargo: "El establecimiento de un mecanismo de investigación independiente puede ser complicado", matizó inmediatamente y sugirió, como solución provisional, una especie de "grupo de trabajo" de expertos, formado por especialistas y peritos forenses, al que podrían recurrir las instituciones existentes en la ONU. 

Ejemplo positivo en Colombia 

Mientras la oposición de varios Gobiernos retrase la designación de unRepresentante Especial de la ONU para la Protección de Periodistas, habrá que contentarse con pequeños éxitos a nivel regional. Éxitos que confirman que un organismo permanente es capaz de recordar a los Gobiernos sus deberes. El caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima es un ejemplo reciente. 

A mediados de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgó a las instituciones colombianas parcialmente responsables del secuestro, la violación y la tortura de la periodista en el año 2000. La CIDH también encontró graves fallos en la tramitación judicial del caso. Una sonora bofetada al Gobierno del presidente conservador Iván Duque.

En el nuevo Tribunal de los Pueblos, en La Haya, se celebrarán próximamente tres audiencias entre enero y marzo de 2022. Los alegatos finales, se llevarán luego a cabo el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa.

Para Joel Simon, Director Ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el veredicto ya es seguro: "Los Gobiernos han mostrado una falta de voluntad política para resolver estos casos y el resultado es que se está socavando el flujo global de información, se está suprimiendo la información periodística crítica, se está asesinando a periodistas muy necesarios y no se está llevando a los asesinos de estos periodistas ante la Justicia. La censura se logra mediante el asesinato."

(gg)