La fiscalía serbia presentó nuevos cargos contra la viuda del ex presidente Slobodan Milosovic, Mirjana Markovic, con el fin de contrarrestar la prescripción de las primeras acusaciones en su contra y de esa manera evitar su regreso al país. "Eso significa que no habrá un estatuto que limite (temporalmente las acusaciones) y que Markovic podrá ser juzgada incluso si sigue prófuga", dijo el portavoz del fiscal general, Tomo Zoric.

La viuda de Milosevic había sido acusada en 2002 por tráfico de influencias, después de que consiguiera un apartamento de propiedad estatal para la niñera de su nieto. Sin embargo, la nueva acusación es por abuso de su función política, un cargo más grave que el anterior y que puede implicar penas de hasta 12 años de prisión. Por su parte, Slobodan Homen, secretario de Estado del Ministerio de Justicia serbio, anunció que también va a continuar la causa contra Markovic por contrabando de cigarrillos en la década del 90.

De acuerdo a las autoridades, Markovic contó con la ayuda de la policía secreta y la aduana en el caso de contrabando. "Markovic se enriqueció enormemente", dijo Homen. El periódico "Press" de Belgrado había informado hoy más temprano que la familia de Milosevic, residente en Rusia tras el derrocamiento del presidente serbio en octubre de 2000, tiene intención de regresar a su país.

El juicio contra la esposa de Milosevic prescribía el próximo 13 de octubre, por lo que a partir de esa fecha se iba a levantar la orden internacional de detención contra ella. La semana pasada ya había sido sobreseído, también por prescipción, el juicio contra su hijo Marko Milosevic, de 36 años.

Markovic, prófuga de la Justicia desde comienzos de 2003, huyó a Rusia con su hijo de 36 años, Marko Milosevic. El vástago del fallecido presidente serbio también hacía frente a cargos judiciales, que prescribieron la semana pasada. Milosevic murió en 2006 en La Haya, donde estaba siendo juzgado desde 2002 por crímenes de guerra. Mirjana, de 68 años, es considerada como el "cerebro intelectual" de su política. dpa