El acuerdo adoptado por en el Consejo de Seguridad de la ONU, otorgando inmunidad por un año a los ciudadanos de países que no hayan signado el acta del Tribunal Penal Internacional, permitió evitar de momento un descalabro diplomático y un impasse transatlántico. Pero fue sólo un arreglo provisorio.

Muchos se sintieron aliviados, creyendo haber ganado un año para buscar salida a este ingrato callejón. No fue así. Ni un mes tardó en rebrotar el conflicto, que amenaza con enfrentar una vez más a Washington con sus aliados de la Unión Europea, defensores de la justicia global en casos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. En un precipitado afán por conseguir parches que ponerse antes de la herida, Estados Unidos no dudó en poner en marcha su nueva estrategia: sostener conversaciones con diversos países, para que eximan a los uniformados norteamericanos de asumir responsabilidades ante el Tribunal Penal Internacional.

Escasos resultados

Hasta el momento, no le ha ido muy bien en este afán. Al margen de Israel, de por sí contrario a dicha corte, sólo ha logrado una respuesta positiva de parte de Rumania. Y ésta desencadenó una reacción nada satisfecha de la Unión Europea, que lamentó tal proceder por parte de uno de los aspirantes a incorporarse a ella. Los demás consultados guardan un discreto silencio, o han manifestado ya su rechazo a la iniciativa, como Suiza, Noruega, mientras en Yugoslavia se discute el asunto.

Al margen de que respaldan una corte internacional, con una jurisdicción lo más amplia posible, a los suizos les cuesta imaginar que en un futuro previsible haya soldados estadounidenses realizando misiones de paz en su territorio. Lo mismo podría decirse del ámbito europeo occidental, motivo por el cual los esfuerzos de Washington resultan bastante incomprensibles en esta parte del mundo.

"Juguete de la burocracia"

Distinto es el caso de Yugoslavia. El gobierno analiza la situación y opta por efectuar consultas con la UE, pero el presidente, Vojislav Kostunica, ya pronunció su negativa. La fundamentó argumentando que, con la exclusión de determinados estados, "se socava el sistema jurídico internacional". A su juicio, el Tribunal Penal Internacional debería poder juzgar a cualquiera; de lo contrario, sólo se convertiría en "un juguete más, caro y poco ágil, de la burocracia internacional".

Son argumentos que, evidentemente, no convencen a la Casa Blanca. Y ésta no ceja en su empeño. En vista del escaso éxito obtenido, el gobierno de George Bush recurre a poner en duda la continuidad de la ayuda militar para aquellos países que se resistan a su propósito. Claro está que Washington niega los reproches de ejercer presión. Mal cayeron también en esa capital las exhortaciones del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, a los candidatos a la UE, en el sentido de no sellar acuerdos de inmunidad y esperar a que Bruselas emita un pronunciamiento al respecto. Tal declaración se espera para fines de mes, pero la batalla política ya está en curso.