La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles en Washington la formación de una comisión de alto nivel para contribuir a una solución pacífica a la crisis que vive el país desde la insurrección cívica de abril de 2018 y ayudar a restablecer la estabilidad y la libertad en Nicaragua.

La creación de la comisión es un mandato establecido durante la 49 Asamblea General de la OEA el pasado 28 de junio en Medellín, Colombia, al que el gobierno del veterano exguerrillero Daniel Ortega se ha opuesto rotundamente.

"Nicaragua no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no hemos solicitado”, afirmó el delegado nicaragüense, Luis Alvarado, en reemplazo del canciller Denis Moncada, enviado por Ortega a una gira por Asia y África en busca de recursos financieros..

"Desconocemos igualmente cualquier intento de otros gobiernos o de esta organización, de adjudicarse el derecho de usar la fuerza de amenazas injerencistas, y pretender sojuzgarnos, usando y abusando del terrorismo mediático y de la avaricia y el capricho que agrede al mundo”, dijo el representante nicaragüense.

Tras un debate no muy largo, y pese a la oposición de Nicaragua y de su aliado, el gobierno de Bolivia, el Consejo Permanente aprobó por una amplia mayoría de 21 votos una resolución que confirma la formación de la comisión especial.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay fueron algunos de los países que votaron a favor de la integración de la nueva instancia.

Ortega perdió en la OEA el apoyo que tuvo por años del gobierno de El Salvador, a partir de la asunción del nuevo presidente Nayib Bukele. También la delegación de Venezuela votó a favor de la comisión, pues el embajador en la OEA representa al líder opositor venezolano Juan Guaidó.

EE. UU. pide "más presión” sobre Ortega

La resolución designa como miembros de la comisión al subsecretario argentino para Asuntos Americanos, Leopoldo Sahores, a los representantes ante la OEA, Elisa Ruiz, de Paraguay y Carlos Trujillo, de Estados Unidos, y a funcionarios de Canadá y Jamaica cuyos nombres se darán a conocer posteriormente.

"EE. UU. se une a Argentina, Canadá, Jamaica y Paraguay en la realización de este trabajo para facilitar la rendición de cuentas y poner fin al sufrimiento del pueblo nicaragüense”, tuiteó Trujillo celebrando el resultado de la sesión.

 

"Se requiere de una presión diplomática mejorada y más fuerte para que el gobierno de Ortega negocie seriamente”, agregó el diplomático, que junto a la argentina Paula Bertol mantiene una férrea posición contra Ortega en el seno de la OEA.

En la votación ocho países se abstuvieron, dos se ausentaron y solamente tres, entre estos, Nicaragua y Bolivia, votaron en contra.

Durante la reunión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló sobre la situación de Nicaragua y dijo que la negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica tuvo "un logro extraordinario” que fue la excarcelación de unos 700 presos políticos, aunque recordó que quedaron acuerdos sin cumplir por parte de Ortega.

"Retornar a esos acuerdos es un imperativo moral del sistema político nicaragüense”, advirtió.

También tomó la palabra Luis Rosadilla, designado por Almagro para representar a  la OEA como "testigo y garante” de la negociación que se encuentra estancada desde mayo pasado y en la que el Vaticano participó en el mismo rol.

Alarma por posible reforma electoral inconsulta

Rosadilla leyó un resumen del proceso de diálogo, que fue recibido con críticas en sectores políticos y sociales de Nicaragua.

"El texto leído por el Sr. Rosadilla está lejos de la realidad de Nicaragua. Se olvidó de 134 presos políticos, de la confiscación de derechos y libertades, de la represión y los incumplimientos de acuerdos del régimen de Ortega”, comentó a DW al respecto la exguerrillera sandinista y opositora al gobierno, Dora María Téllez.

También se cuestionó el hecho de que Rosadilla y Almagro no mencionaran en sus escritos a las víctimas de la crisis: 325 muertos, más 2.000 heridos y casi 80.000 exiliados, además de las 700 personas encarceladas por ejercer su derecho a la protesta, de acuerdo a cifras documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La oposición también reaccionó con alarma por la intención del gobierno de Daniel Ortega de negociar un paquete de reformas electorales solamente con la OEA y no mediante una negociación con la Alianza Cívica.

"Toda reforma electoral de maquillaje para lavarle la cara a Ortega será rechazada y desconocida pues no resolverá la profunda crisis en Nicaragua. Toda negociación legítima debe contar con negociadores legítimos”, aseveró Ana Margarita Vijil, miembro de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, en entrevista con DW.

De la misma forma, el disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), proscrito por Ortega desde 2008, señaló: "Absolutamente inaceptable la pretensión de Ortega de negociar reformas electorales con una misión técnica de Almagro. Las reformas corresponden a la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica y deben sometidas a amplia consulta de los nicaragüenses”.

Para otros, la gestión diplomática no ha tenido el efecto esperado ante la persistente represión gubernamental sobre los opositores.

"Qué distante está de la realidad tan dolorosa del pueblo nicaragüense, el estilo lento, retórico y hasta ambiguo de la diplomacia internacional”, se lamentó en un mensaje de Twitter el obispo auxiliar de Managua y conocido opositor a Ortega, Silvio Báez, trasladado a Roma por órdenes del papa Francisco en mayo.

En la sesión fue aprobada también, entre otros puntos, una resolución de rechazo a la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Al respecto, la embajadora argentina Bertol dijo que en Nicaragua y en Venezuela las instituciones "están destrozadas” y que es deber de todos los países de la OEA actuar para "contribuir a la libertad” de ambos pueblos.

(cp)

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