El informe de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) no deja lugar a dudas: Irán sigue adelante con su programa nuclear. En concreto, ha instalado dos nuevas series de centrífugas para el enriquecimiento de uranio en la planta nuclear subterránea de Natanz y prosigue la construcción de un reactor de agua pesada en la región de Arak. En suma, no ha cumplido ninguna de las exigencias contenidas en la resolución 1737 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 23 de diciembre pasado. No es ninguna novedad, pero ahora la constatación tiene carácter oficial y ha sido remitida a Nueva York.

Lo que dice el informe

Mientras en Washington y Europa se manifiesta la correspondiente decepción, en Teherán las autoridades insisten en el argumento conocido: que Irán tiene derecho al uso pacífico de la energía nuclear y que eso es precisamente lo que hace. La OIEA no se pronuncia sobre el fondo del asunto. Y tampoco ha podido determinar si el programa nuclear iraní tiene o no en la mira la fabricación de armas nucleares, como asevera Estados Unidos. La razón es simple: los iraníes no han cooperado lo suficiente, ni han entregado la información requerida para descartar toda sospecha.

El informe se limita a constatar que el número de centrífugas en marcha hasta mediados de febrero se duplicó, elevándose a 328. Otras dos series o cascadas, cada una con 164 centrífugas, están en fase de prueba. El uranio allí enriquecido sólo alcanza como combustible para reactores nucleares, y no para ser utilizado con fines militares o construir una bomba atómica. Para ello se necesitaría un grado de enriquecimiento superior al 90%.

¿Y ahora qué?

Con el informe en la mano, los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU deberán determinar ahora los pasos a seguir. Ellos conducirán con suma probabilidad al endurecimiento de las sanciones contra Irán, de acuerdo con lo previsto en la ignorada resolución 1737, que no contempla sin embargo la posibilidad de represalias militares. Según el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, se ha llegado a una fase "que nos demanda una nueva evaluación", pero está claro que se seguirá aplicando la política de dos vías paralelas: la de demandar a Teherán el cumplimiento de las exigencias internacionales y, simultáneamente, mantener abierta la opción del diálogo.

Steinmeier manifestó la esperanza de que el gobierno iraní comprenda "que un programa atómico, por ambicioso que sea, no satisface las necesidades básicas de la población". Y eso efectivamente debería dar que pensar al presidente Mahmud Ahmadineyad, en quien depositaron sus esperanzas los sectores más pobres del país al momento de votar. Porque, aunque en la comunidad internacional haya discrepancias acerca del alcance que deberían tener las sanciones, todo apunta a que Teherán tendrá que pagar su obstinación con un creciente aislamiento.