Según Naciones Unidas, al menos 209 personas han sido ejecutadas en Irándesde principios del año 2023. Esto supone una media de más de diez personas por semana. La cifra es "alarmantemente alta" y una de las más elevadas del mundo, ha declarado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. La ONU cree que el número real de personas ejecutadas es probablemente aún mayor. Muchos familiares de personas ejecutadas temen dar la cara.

"Muchos también están horrorizados", afirma Fariba Balouch, activista en favor de las mujeres, en una entrevista con DW. "Recientemente, al menos 26 personas fueron ejecutadas en Baluchistán en el plazo de nueve días", continúa. "Esta oleada de ejecuciones supone, sencillamente, un asesinato legitimado por el Estado".

Fariba Balouch nació y creció en la provincia oriental iraní de Sistán Baluchistán. Lleva tres años exiliada en Londres, intentando dar voz a los oprimidos de su país. "La mayoría de los ejecutados en Baluchistán están acusados de delitos relacionados con las drogas. La pena de muerte por estos delitos viola las normas internacionales de derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, el Estado se está vengando de nosotros por las protestas de los últimos ocho meses".

Las protestas nacionales que se apoderaron del país tras la muerte violenta de la joven kurda de 22 años Jina Mahsa Amini,  a mediados de septiembre de 2022, fueron brutalmente sofocadas. En Sistán y Baluchistán, sin embargo, las manifestaciones continúan. Allí, la gente sigue congregándose en las calles todos los viernes para protestar contra el sistema político. La mayoría de los habitantes de la provincia son suníes, en contraste con el resto del país, dominado por los chiíes. Los suníes sufren la discriminación sistemática del gobierno central. La provincia, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es considerada una de las regiones más pobres de Irán.

Temor a una nueva oleada de protestas

"Los gobernantes están preocupados por una posible nueva oleada de protestas a escala nacional debido a la situación política, pero también económica, del país", informa Ribin Rahmani en entrevista con DW. Rahmani, kurdo que vive en Londres y trabaja para una red de activistas kurdos de derechos humanos, añade: "Familiares de los detenidos de distintas partes del país se ponen en contacto con nosotros y nos informan de las miserables condiciones de las abarrotadas cárceles, que ya han alcanzado el límite de su capacidad. Las ejecuciones se utilizan como medio para intimidar a la sociedad".

El sistema judicial de Irán no es independiente ni transparente. Son frecuentes las detenciones arbitrarias, las confesiones forzadas y las presiones a familiares. Irán es el país con mayor número de condenas a muerte en relación con su población. En cifras absolutas, el país es el segundo después de China y por delante de Egipto, Arabia Saudí y Siria. La pena de muerte no sólo se impone por delitos como el asesinato o la violación. El tráfico de drogas también se castiga muy a menudo con la muerte. También se amenaza con la ejecución por "delitos" políticos.

Ejecuciones como medio de intimidación

"Las ejecuciones están directamente relacionadas con las protestas", explica Saeid Dehghan en entrevista con DW. Este abogado de derechos humanos lleva varios meses viviendo en Canadá e intenta crear una red de expertos en el extranjero que puedan ofrecer asesoramiento y ayuda a la población de Irán.

"Lo que echo de menos es la solidaridad y la atención de la comunidad mundial. Este silencio anima a quienes están en el poder a aumentar la presión", lamenta Saeid Dehghan y subraya: "El pueblo de Irán cuenta con nosotros".

(gg/ms)