Tras dictar 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de Perú, Ollanta Humala (2011-2016), y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos, el juez Richard Concepción no necesitó ordenar la captura inmediata de ambos, a pesar de que no acudieron al juzgado.

Apenas el juez anunció su decisión, el ex mandatario y la ex primera dama no esperaron a ser detenidos y se dirigieron desde su residencia al Palacio de Justicia en Lima, para entregarse. Dos días antes, la Fiscalía peruana había hecho el pedido de prisión preventiva por los supuestos aportes irregulares que recibió el Partido Nacionalista Peruano (PNP).

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Humala y Heredia son acusados de haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011, en base al testimonio del encarcelado jefe de la empresa, Marcelo Odebrecht, y de haber recibido también dinero "ilícito" procedente de Venezuela para la campaña de 2006.

El juez Concepción aceptó como nuevos elementos de convicción el peligro procesal de fuga, los audios sobre el caso "Madre Mía", el anticipo como herencia del inmueble de Surco a sus hijas y el acta de inconcurrencia de Ollanta Humala a la citación fiscal. "Existe alto grado de que (la pareja) eluda la acción de la justicia y perturbe la actividad probatoria. Además, la gravedad de la pena se mantiene y se ha intensificado por nuevos elementos de convicción”, indicó el magistrado. 

Independientemente de si esta medida es justificada o no, el profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta, califica este fallo de histórico. "La justicia demuestra así que todos somos iguales ante la ley", dijo en conversación con DW. Perú es uno de los pocos países, según Tuesta, con expresidentes que desde hace 30 años han sido cuestionados o procesados judicialmente. "Pero, no nos llena de orgullo, sino, de alguna manera, de vergüenza", señala el politólogo.

Para el investigador político Christoph Heuser, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), la prisión preventiva dictada contra los Humala puede ser tomada como un hecho positivo: "Esto no significa que ahora haya más corrupción en Perú que antes, sino que hoy estos escándalos salen más a la luz y eso, desde el punto de vista de la lucha anticorrupción, es una buena señal".

Niegan cargos

Mientras Humala y Heredia iban camino a entregarse al Poder Judicial de Lima, mostraron su disconformidad a través de Twitter. "Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos”, escribió Humala. Por su parte, la ex primera dama se mostró un poco más confiada: "A pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que esta decisión se va a revertir por ser de justicia. ¡Confiamos en nuestro país!"

Los abogados defensores  de la pareja, Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza, quienes criticaron duramente la decisión de Concepción, anunciaron que apelarán el fallo, por lo que el caso pasará necesariamente a un tribunal de segunda instancia.

"Su estrategia de defensa no está centrada en su inocencia, sino en que no existen pruebas suficientes para que sean condenados. Entregándose quieren, posiblemente, demostrar que ellos enfrentan la Justicia y se diferencian, por ejemplo, del caso del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien está prófugo de la Justica peruana, o del también expresidente Alan García (2006-2011)", acota el politólogo Tuesta.

No es sentencia

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, descartó cualquier tipo de presión política sobre la decisión del juez Concepción. "No recibimos órdenes de nadie y los jueces resuelven conforme a lo que consideren conveniente. Esta es una decisión tomada en primera instancia que podría ser impugnada y que depende de las partes", declaró Rodríguez.

Con esta prisión preventiva, según el politólogo de la PUCP, se está tratando de confundir a la población sobre un juicio que todavía no se inicia: "Este no es un tema meramente judicial, sino que abarca el aspecto político. Los enemigos de Humala están complacidos, argumentando que todo el proceso está en regla, que es merecida esta medida".

Ollanta Humala pasa a ser, así, el segundo expresidente peruano en ir a prisión, después de que el ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) fuera condenado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos. Fujimori y Humala comparten la misma prisión de Barbadillo, mientras que Heredia fue recluida en el penal de Santa Mónica.

Los analistas políticos, Heuser y Tuesta, coinciden en que este hecho termina por confirmar la desconfianza de la población peruana hacia su clase política. A largo plazo podría generar un cambio para el surgimiento de nuevos políticos más transparentes y menos corruptos. "Por otro lado, puede ser algo sumamente peligroso porque siempre abre el camino a figuras que intentan ser mesiánicas", advirtió el experto peruano.