Los activistas acudieron a Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra para entregar cuatro reportes que ofrecen un panorama crítico, desde el punto de vista de la sociedad civil, sobre la situación de los derechos humanos en México de cara al Examen Periódico Universal (EPU), que revisará dichas garantías el próximo mes de febrero. Cuatro informes presentan un panorama general pero también dedican una atención especial a las cuestiones más graves. Uno es el tema de la impunidad, un segundo, lo difícil que está resultando en México el acceso a la justicia para lograr que se investigue y se castigue a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y se repare a las víctimas. Otro apartado aborda la militarización y la insuficiente armonización entre la legislación mexicana y los compromisos internacionales que ha suscrito el gobierno mexicano.

Violaciones históricas

“Tenemos muchos casos recientes, Oaxaca, Atenco, pero también muchos casos anteriores, el 68, estamos próximos a celebrar 40 años de la masacre de Tlatelolco el próximo 2 de octubre, sin que haya habido una adecuada investigación y posibilidades de juzgar a los responsables, de que se haga justicia a las víctimas. Se trata de una impunidad que sirvió a los gobiernos priístas durante muchos años y que ahora sirve y es usada por los nuevos gobiernos de cualquier signo político y que está impidiendo proteger las garantías de los ciudadanos y castigar a los responsables de muchos de éstos crímenes”, subraya Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Los activistas se reunieron en Ginebra con representantes de las delegaciones de distintos países y coincidieron en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con activistas de otros países, como Colombia, que también presentaron sus reportes. “Vemos temas de preocupación semejantes entre Colombia y México en lo que se refiere a la militarización y la criminalización de la protesta social”, afirma Madeleine Penman, Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Apoyo alemán

El programa de los activistas en Ginebra y Berlín contó con el apoyo de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, techo de 15 organizaciones no gubernamentales alemanas que se preocupa por dichas garantías en México. En Berlín la agenda incluyó entrevistas con parlamentarios alemanes, funcionarios de Ministerio de Relaciones Exteriores y con representantes de la organización Amnistía Internacional.

“Hay mucha preocupación por la pobreza extrema en la que se encuentra el Estado de Guerrero, un Estado con una historia de levantamientos, rebeliones e insurgencia y no queremos que se vuelva a repetir esta historia, no conviene un conflicto armado en México”, dice Vidulfo Rosales Sierra, representante de la organización guerrerense Tlachinollan. “Si no se atienden estas causas de pobreza, de marginación, de violencia, de militarización e impunidad, puede generarse un conflicto social de mayor envergadura que podría contagiar a otras regiones en el país”, señala.

Polvorín en Guerrero

En la localidad de Ayutla de los Libres, Guerrero, cerca del balneario de Acapulco, hay una organización indígena llamada Organización del Pueblo Indígena Mepa, que existe desde 1998. “A raíz de los sucesos ocurridos en 1998 en el Charco, Guerrero, en el que murieron 11 indígenas y ahora están siendo perseguidos, hay 5 indígenas encarcelados, 9 más con órdenes de aprehensión. Desde que asumió la gubernatura el perredista Zeferino Torreblanca la violencia en el Estado ha aumentado notablemente”, dice. Las organizaciones sociales están en una constante protesta y el gobierno lejos de atender estas demandas y buscar diálogo responde con violencia”, advierte.

Lo que más ha llamado la atención a los interlocutores europeos ha sido el tema de la militarización en el país, que en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos que van desde detenciones arbitrarias hasta casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. También preocupa la criminalización de la protesta social. “Muchos movimientos sociales para enfrentar proyectos que se quieren imponer en las comunidades rurales e indígenas, proyectos de caminos, carreteras, minas, presas, que depredan los recursos naturales y forestales, y no cuentan con ningún tipo de participación, ni consulta a las comunidades, son respondidos con la represión directa. Se somete a los activistas a un juicio durante meses o años y de esta forma se inhibe las iniciativas de protesta comunitarias", advierte Edgar Cortez.