Organismos no gubernamentales y dirigentes de movimientos políticos de Nicaragua presentaron el jueves (03.12.2020) un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de regulación de agentes extranjeros porque, a su juicio, viola los derechos humanos de los nicaragüenses.

Los recursos fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia por el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM, feminista) y por dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que aglutina a decenas de agrupaciones de oposición al gobierno de Daniel Ortega.

"Estoy cumpliendo con mi derecho y deber de ciudadana de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta aberración de ley de agentes extranjeros", dijo la dirigente de la UNAB, Violeta Granera, al salir de la sede de la Corte Suprema, en Managua.

En tanto, los dirigentes del MRS, disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aseguraron en su recurso que la ley viola al menos cuatro artículos y 28 numerales de la Constitución.

Suyen Barahona, presidenta del MRS, dijo que la ley es "represiva" y pretende acallar la libertad de organización "en un momento crucial luego de dos huracanes que han destruido parte del país" y "pretende acallar al pueblo de Nicaragua a menos de un año de las próximas elecciones generales.

"Luego vamos a ir a pelear en la Corte Internacional porque no se puede limitar los derechos ciudadanos con una ley injusta que criminaliza la organización y nos vuelve a los funcionarios, empleados y organizaciones agentes extranjeros quitando nuestro derecho político", dijo por su lado el disidente sandinista Edmundo Jarquín, excandidato presidencial del MRS.

La ley de agentes extranjeros establece multas y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna".

Esa ley clasifica como "agente extranjero" a las personas y empresas "que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua", según el texto.

También establece que los clasificados como "agentes extranjeros" no podrán participar en la vida política nacional ni optar a cargos públicos o de elección popular, incluso si son nicaragüenses.

gs (efe, Confidencial, La Prensa)