ONU: liberación de Fujimori es "un retroceso inaceptable"
23 de marzo de 2022
"La anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al Estado de derecho", dijo el grupo de expertos.
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La restitución del indulto presidencial al exgobernante peruano Alberto Fujimori -que supondrá su liberación- "representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su Gobierno", advirtió este martes (22.03.2022) un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado, las personas expertas en derechos humanos subrayaron que la decisión será "dolorosa" para víctimas que "han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia", y recordaron que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.
"A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al Estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias", aseguraron.
Los firmantes indicaron que sólo enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos y que éstos no pueden basarse meramente en el paso del tiempo, la avanzada edad de la persona o problemas físicos y mentales derivados. Quienes firmaron el comunicado son el relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli; su homólogo para la investigación de ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball, y los cinco personas del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas.
El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú restituyó el indulto humanitario concedido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori, su antecesor en la Presidencia entre 1990 y 2000, debido a su avanzada edad (83 años en la actualidad).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya expresó "profunda preocupación" sobre las bases legales para la concesión del indulto presidencial, y en 2018 la Corte Suprema de Perú había revocado el indulto, lo que motivó el regreso a prisión de Fujimori.
ama (efe, un news)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.