Según se desprende de las investigaciones de Naciones Unidas: al menos 10.000 personas murieron en la violenta expulsión de unos 750.000 rohinyá a la vecina Bangladesh el año pasado.

Además, más de 37.000 viviendas fueron destruidas, señala el informe elaborado por expertos y presentado este martes (18.09.2018) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

La violencia del Ejército de Myanmar (Birmania) contra la minoría de los rohinyá supera las peores predicciones. Los expertos reiteran la convicción de que la cúpula militar cometió crímenes de guerra y contra la humanidad en su actuación contra esta minoría musulmana. Existen claros indicios de genocidio, aseguran.

Exámen de la CPI y la ONU

La procuradora de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, aseguró hoy que su oficina ya ha comenzado a ocuparse de un exámen preliminar del caso.

La CPI ya se había declarado competente a inicios de septiembre para perseguir penalmente estos crímenes, pese a que Myanmar no está entre los países que reconocen el tribunal. Una parte de los crímenes, justificó la corte, ocurrieron en territorio de Bangladesh, que sí ha reconocido el estatuto del tribunal.

Los expertos de la ONU ya publicaron una versión más breve del informe a fines de agosto. En el escrito acusan a los soldados de torturas, asesinatos y violaciones y reiteraron su exigencia de que el jefe del Estado mayor sea llevado ante un tribunal.

"Lo que hemos encontrado no son sólo las peores violaciones de los derechos humanos sino también los peores crímenes según el derecho internacional", dijo el director de la comisión, Marzuki Darusman, quien destacó la "extrema brutalidad" del Ejército de Myanmar.

Control militar

La minoría musulmana de los rohinyá vive desde hace décadas bajo la represión de Myanmar, un país de mayoría budista. Myanmar los considera inmigrantes ilegales, a pesar de que viven allí desde hace generaciones. La reciente oleada de violencia comenzó en agosto de 2017 tras los ataques de insurgentes rohinyás a puestos de la policía.

El Gobierno de Myanmar, liderado por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, rechazó que la Corte Penal Internacional investigue lo sucedido. El embajador de Myanmar Kyaw Moe Tun calificó el informe de parcial y señaló que socava los esfuerzos del Gobierno de una reconciliación nacional. Pero, según la ONU, el Gobierno no ha hecho nada hasta ahora para que los rohinyá que huyeron puedan regresar.

Myanmar, país vecino de Tailandia, estuvo gobernado durante décadas por una dictadura militar, que cedió el poder voluntariamente, pero solo de forma parcial, tras asegurarse, por vía constitucional, una amplia influencia. El Ejército no se somete al Gobierno civil.

rml (dpa, reuters, afp)

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