En 2018, la nación caribeña registró la inflación más alta en su historia: 65.374%, según el portal alemán Statista. En el mismo año, el Fondo Monetario Internacional incluso calculó la inflación en 1.370.000%. Debido a la falta de divisas, apenas se pueden importar bienes. Comprar en los supermercados es imposible para la mayoría de los venezolanos debido a los altos precios.

Solo aquellos que traigan su propio plato o envase pueden comer algo. Incluso las organizaciones de ayuda humanitaria carecen de cubiertos desechables. El otrora rico país ha estado sufriendo una grave crisis de abastecimiento durante años. Hay escasez de todo: comida, medicinas y las cosas más básicas, como jabón y pañales.

En Caracas, los niños extienden desesperadamente los brazos cuando Caritas u otras organizaciones distribuyen alimentos. Muchos no han comido en días. El 96 por ciento de los hogares vive en la pobreza, 64 por ciento en pobreza extrema, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. La carne, el pescado, los huevos, las frutas y las vegetales solo se sirven en muy pocas familias.

El que lamentablemente tenga que ir a un centro de salud, como aquí en el Hospital San Juan de Dios de Caracas, tiene que pagar sus propios medicamentos y suministros como catéteres y jeringas. Más de un tercio de los 66.000 médicos con licencia ya abandonaron el país. El número de otros profesionales de la salud también se ha reducido, lo que ha llevado al sistema sanitario al borde del colapso.

Un niño juega en su casa de bahareque, un tipo de vivienda hecha de madera y barro cuya construcción se remonta a la época precolombina. Debido a la creciente pobreza extrema en las zonas rurales, estas estructuras se están volviendo más comunes nuevamente. Bajo estos techos no hay agua corriente ni electricidad.

Los apagones permanentes paralizan regularmente el país. La oposición señala las inversiones demoradas, la corrupción y el mantenimiento inadecuado de los sistemas eléctricos como las razones. Por ello, el gobierno tomó medidas drásticas para ahorrar electricidad. Por un tiempo, los funcionarios públicos incluso redujeron su semana laboral a dos días hábiles para ahorrar energía. Sin éxito.

Cuando se va la luz, hace un calor insoportable en las casas si no se tiene un aire acondicionado que funcione. Entonces la gente traslada la vida a las calles, como aquí en Maracaibo. Por años ha habido cortes de energía no solo regionales en Venezuela, sino también nacionales. El presidente Nicolás Maduro asegura que sus oponentes hacen actos selectivos de sabotaje contra la infraestructura.

En la parroquia Santa Rosa, en la ciudad de Valencia, el suministro de agua ha colapsado de forma tal que hasta la gente se baña y lava su ropa y otras cosas en charcos al costado de la carretera. Ya no hay agua potable.

En el río Guaire fluyen solo aguas residuales y productos químicos tóxicos. En Venezuela, el agua y la electricidad son delicadamente interdependientes: la falta de electricidad y mantenimiento agrietaron las paredes de los embalses del país y el nivel del agua bajó. Como resultado, se generó menos electricidad en las centrales hidroeléctricas y se produjeron apagones. Un círculo vicioso.

En Guacara, en el estado Carabobo, una residente camina por las calles con recipientes de plástico en busca de agua potable. En algunos lugares de Venezuela solo hay unas pocas horas de agua corriente tres días a la semana. Por esta razón, muchas familias llenan rápidamente todas las botellas y frascos que encuentren para tener un poco de agua cuando la sequía vuelva.

Los venezolanos nadan en petróleo, pero no de buena manera: en el lago de Maracaibo, los pescadores arrojan sus redes desde neumáticos viejos, a pesar de que el agua está contaminada con petróleo. Las costas también están afectadas. Debido a fugas en oleoductos y una avería en una refinería cerca de Puerto Cabello, en el noroeste del país, unos 20.000 barriles de crudo se derramaron al mar.

En Guacara, en el estado Carabobo, la gente espera con sus automóviles enfrente de las estaciones de servicio por más de dos semanas para cargar gasolina. Venezuela tiene que importar petróleo de Irán porque sus propias plantas petroleras en ruinas apenas pueden producirlo. Hace 10 años, la tasa de producción era de unos 2,3 millones de barriles al día. Ahora es menos de la mitad.

En Caracas, la gente espera en la calle con sus bombonas de gas vacías con la esperanza de que por fin puedan volver a llenarlas. Dado que las fuentes de energía y gasolina fallan repetidamente en Venezuela, la gente ha cambiado al gas. Pero este recurso también se ha vuelto escaso.

Los rostros de Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales y Rafael Correa miran desde la pared de una casa en Caracas hacia un basurero desbordado. Muchos venezolanos veneraron como santos a los líderes socialistas de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador. En Venezuela, el "socialismo del siglo XXI" no ha cumplido su promesa de prosperidad para todos.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.

Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.

Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".

Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.

Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.

Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".