A raíz de la muerte en custodia de la joven Mahsa Amini por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico en Irán, en septiembre de 2022, se desataron una serie de protestas en el país. La muerte de Amini, de 22 años y origen kurdo-iraní, desencadenó una ola de indignación entre las mujeres que salieron a las calles de todo el país para reclamar sus derechos.

La Misión Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para esclarecer lo ocurrido ha concluido que, en la represión de esas protestas, el Gobierno de Irán perpetró crímenes de lesa humanidad. 

Según cifras fidedignas citadas por el grupo investigador, hasta 551 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 menores de edad, la mayoría por disparos.

Uso desproporcionado de la fuerza

En su primer informe, presentado el viernes (8.3.2024) ante la ONU, la Misión ha determinado que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, persecución por motivos de género y, en general, un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza.

En sus indagaciones, la Misión constató que la persecución por motivos de género se entrecruzaba con la discriminación por motivos étnicos y religiosos en una serie de violaciones de los derechos humanos en los que el Gobierno iraní utilizó "todo el aparato de seguridad del Estado".

Lesiones en los ojos

Sobre el caso de Amini, los expertos que forman la Misión pudieron determinar que la causa de su muerte fue la violencia física que sufrió durante su detención, hecho que el Gobierno buscó cubrir negando acceso a las evidencias y a la justicia para la víctima y sus deudos.

Acerca de la violencia para contener las protestas, el informe indica que las fuerzas de seguridad, además de matar, causaron lesiones injustificables a los manifestantes, en particular en el área de los ojos, con decenas de mujeres, hombres y niños que quedaron ciegos.

MS (efe/afp)