Decenas de líderes y activistas sociales han sido agredidos en Colombia no solo por grupos armados, sino también por oponerse a los intereses de grandes empresas, aseguró este miércoles (04.03.2020) el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michael Frost.

Forst -cuyo mandato concluye el 1 de mayo- expuso sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, reporte que ha causado fuertes tensiones entre la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno del colombiano Iván Duque.

"Los que están en mayor riesgo son los líderes sociales que defienden los derechos humanos en áreas rurales, en particular de aquellos que aplican el acuerdo de paz y defienden los derechos medioambientales, la tierra y los pueblos indígenas y afrocolombianos”, sostuvo el relator. Las agresiones ocurren cuando elevan su voz "frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales", agregó.

Frost insistió en que el alto número de asesinatos de activistas, la impunidad que impera, y la estigmatización y criminalización de éstos son los tres rasgos más inquietantes de la situación que pudo observar durante una misión oficial que realizó a fines de 2018 a Colombia. Esa visita debía ser completada -según ha explicado Forst- por un segundo viaje al país en 2019, el cual no pudo realizarse porque no hubo una acuerdo al respecto con las autoridades colombianas.

El funcionario aseguró que -entre 2015 y 2018- se registraron al menos 115 incidentes, "que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial". La mayoría de las muertes ocurrió en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico. Según Forst, las cifras convierten a Colombia en la nación latinoamericana con más asesinatos de defensores de derechos humanos.

Gobierno colombiano responde

Forst hizo hincapié durante su presentación en las críticas más serias al Estado colombiano que contiene su informe y que han disgustado al Ejecutivo, que lo ha acusado de inexactitudes y de falta de rigor en las cifras que utiliza.

"Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales" son "afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas", indicó la cancillería en un comunicado que fue leído por su titular, Claudia Blum, en un vídeo difundido por redes sociales.

Entre 2015 y 2019, la ONG Business & Human Rights -que ofreció insumos al informe de la ONU- registró 181 ataques contra defensores "que trabajan en cuestiones empresariales". De esos, 72 fueron asesinatos. La mayoría tuvo lugar en zonas en donde se llevan a cabo grandes proyectos de minería, hidrocarburos, ganadería o energías renovables.

En cuanto a los altos niveles de impunidad, Forst mencionó los 302 casos de defensores asesinados que han sido documentados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de los cuales "solo el 11 por ciento han sido clarificados, mientras que en el 89 por ciento restante no se ha establecido la responsabilidad”.

ama (efe, afp)

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