La Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes) había denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la vida de tres de sus dirigentes, entre ellos Bernardo Cuero, estaba en grave peligro. Este 7 de junio en la noche, como estaba trágicamente anunciado, Cuero fue asesinado a tiros en su casa cuando dos personas tocaron a su puerta.

Este líder fue muerto a balazos el 18 de mayo de 2017. Desconocidos se acercaron y le dijeron que “lo necesitaban para una reunión”. Las autoridades no se han referido al caso, a pesar de las denuncias. Según el portal Pacifista.co, es el primer asesinato de un líder social en Nariño desde que inició la implementación de los Acuerdos de Paz.

En el Valle del Cauca, encapuchados dispararon tres veces a este líder, presidente de una asociación de campesinos del departamento.

Habitantes del municipio donde fue asesinada Rubiela afirman que era una mujer campesina, luchadora, sola, y que le había tocado "batallar" para salir adelante. El alcalde denunció el hecho y las autoridades han tardado en pronunciarse.

Según las primeras informaciones, Acosta fue asesinado por un sicario que le disparó en repetidas ocasiones. A pesar de la ayuda de la comunidad, llegó sin signos vitales al hospital. Este líder tenía escoltas oficiales.

El domingo 2 de abril de 2017, fue asesinado en el Meta este presidente de Junta de Acción Comunal. Desconocidos le dispararon en circunstancias aún por esclarecer. Campesinos del lugar decidieron bloquear la carretera para protestar por el homicidio del líder social.

Este bogotano era desde hace tiempo el representante de una asociación comunal de Usme, al sur de la capital del país. Hacía parte de la mesa de Derechos Humanos de la ciudad y ya había recibido amenazas mediante panfletos por parte de un grupo criminal conocido como "Los Rastrojos". No contaba con medida alguna de protección.

Faiver fue alcanzado por dos hombres en moto cuando regresaba de una reunión con autoridades locales y miembros de la Gobernación del departamento del Cauca. A diez minutos de la cabecera municipal, lo detuvieron y le dispararon en varias ocasiones.

En pleno centro de Medellín, hombres armados se metieron en el taxi de Alicia López Guisao y la asesinaron. Alicia pertenecía a agrupaciones agrarias y a la organización Congreso de los Pueblos, que en su cuenta en Twitter lamentó la muerte de la dirigente.

Yoryanis se desempañaba como defensora de los derechos de las mujeres de su comunidad. Se la recuerda como alguien que se caracterizaba por buscar constantemente soluciones a las necesidades de los suyos. Asimismo, apoyaba una delegación indígena asentada en Riohacha.

La policía confirmó el 11 de enero la muerte de este líder del movimiento político Marcha Patriótica en Antioquia. Presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia lo acusaron a él y a su hijo de ser colaboradores de las FARC, y los asesinaron.

Desde 2005, Emilsen era activista política y líder social. Denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en Buenaventura. Ella y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en esa ciudad en 2017.

Varios líderes han sido amenazados por su labor en la defensa de derechos en el departamento del Cesar, donde hay territorios en los que existe un proceso de reubicación debido a la contaminación del medio ambiente generada por la explotación carbonífera. La Policía informó que tres de los familiares de Parra García integran un comité de concertación con las empresas carboníferas de la zona.

Álvarez era socio de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Departamento del Cauca). Además, coordinaba procesos de asociación campesina y trabajaba con el comité cocalero de la zona.

Presidente de una junta de acción comunal e integrante de un Sindicato de Trabajadores Campesinos, su muerte se produjo en una zona del país donde los habitantes protestan frecuentemente por la explotación petrolera. Allí aseguran que Veldaño era un importante defensor del agua y del medio ambiente.

Esta joven activista fue violada y asesinada según un informe de las autoridades. Más de 40 días después de la muerte no se había encontrado al responsable, por lo cual su padre pidió a la Fiscalía que acelerara la investigación.

López Visbal estaba gestionando la creación de una oficina para la atención de personas del colectivo LGTBI. Además, se dijo que habría podido ser asesinado por razones políticas ya que se oponía a políticos de su ciudad. Aún no han concluido las investigaciones.

Borrego Mejía fue concejal a comienzos de los años 90. Según medios locales, en la actualidad estaba dedicado al apoyo de amigos con aspiraciones políticas y también a la administración de sus fincas y bienes. Santiago Ospina García / José Ospina-Valencia, con material de Pacifista (DZC)

A finales de la década de 1990, huyendo del conflicto colombiano, comenzaron a pasar la frontera. En ese tiempo, el sistema de asilo y refugio en Ecuador era inexistente. "Ahora la política de Ecuador es de acogida. Pero las trabas en la vida cotidiana son lo más difícil", explica a DW Sonia Aguilar, de ACNUR. Aquí, una sesión de información a recién llegados al Programa de Alimentación de la ONU.

Es sobre todo la población del sur de Colombia la que se ha refugiado en Ecuador. En Esmeraldas, provincia de mayoritaria población afrodescendiente, se integran más fácilmente que en otras poblaciones fronterizas como Carchi o Sucumbíos. ACNUR aboga porque Ecuador no sólo los acoja, sino que incentive su integración permitiendo la nacionalizacón en 5 años.

Uno de los derechos de un refugiado es la educación. El desconocimiento y la discriminación retardan el proceso de integración de estos niños al sistema escolar de acogida. ACNUR y el programa europeo de asistencia humanitaria, ECHO, tienen proyectos para facilitar el acceso a la documentación, muchas veces perdida o inaccesible.

El Programa de Alimentación de Naciones Unidas (PMA) asegura 25 dólares mensuales por persona, durante seis meses, prorrogables a un año. "Se trata de ayudar a las familias en extrema pobreza a alcanzar un cierto grado de estabilidad. Mientras tanto se las acompaña, se identifica sus necesidades y se las asesora", cuenta a DW Luis Romero, de PMA.

"Apenas ahora me entero de que existe este programa de asistencia. Una vecina me orientó. Llegué menor de edad, solo. Los grupos armados querían que me metiera, yo huí a Ecuador. Ahora tengo 24 años y tengo un bebé en camino. Trabajo como jornalero en el matadero. No he sufrido violencia, pero no quiero volver a la guerra", Carlos Alberto, de Tumaco.

Una vez al mes, los refugiados recién llegados (o recién inscritos) se acercan a la oficina de PMA. Reciben una tarjeta con el monto para la compra de su familia. Hay tiendas especiales para ello. Pueden comprar lo que quieran, dentro de un cierto rango de alimentos saludables. Así el programa cumple con su función y las familias cuentan con algo.

"Yo quisiera que mis hijas sean buenas secretarias. Pero la una, que tuvo muchos problemas de nutrición, es muy delgada y quiere ser modelo. La otra quiere ser abogada. Cuando les niegan algún derecho, les digo que se hagan pasar por ecuatorianas. No quiero volver a Colombia, allá los profesores ni iban a las escuelas. No quiero hablar de eso, a veces los pasados duelen", dice Socorro, de Bucheli.

"Si desaparecieron a algún familiar, los desplazaron o los amenazaron, está previsto que pueden ir al consulado a registrar su testimonio para que integren el censo de víctimas. Ese es el procedimiento. Pero, si no hay plata para reparar a las víctimas que están en Colombia, reparar a los que salieron de las fronteras va a ser más demoradito", explica a DW Luis Guillermo Pérez, defensor de DD.HH.

En la foto, una joven refugiada que llegó en julio de 2016 a San Lorenzo. A su esposo se lo llevaron unos hombres armados. "Los organismos internacionales han analizado los diferentes escenarios, afirman que las violaciones de derechos humanos que provocan desplazamientos pueden seguir. Los procesos de paz generan vacíos de poder donde aparecen nuevos actores", explica ACNUR.

Martha Jesús, de 56 años, llegó en julio de 2015. “Teníamos una tienda, chocolate y zapote. Pero cuando esa gente cae en el pueblo, lo desalojan a uno. Título de propiedad sí tenía, pero a uno que anda andando, esos papeles se le pierden. Yo tengo miedo de regresar; allí bajaban los muertos por el agua”, cuenta.